Una de las diferencias más llamativas entre los paisajes del
norte y el sur de España son los cercamientos de tierra, escasos en el norte y
omnipresentes en el sur, donde la inmensa mayor parte del territorio está
habitualmente rodeado de cercas y alambradas. El caso de Extremadura es
particularmente llamativo. Con una superficie forestal del 70% o más de su
territorio, el 90% de ella propiedad privada, recorrerla (hasta donde se puede,
que no es mucho) es como atravesar o circunvalar una inmensa finca salpicada de
pueblos y cortijos sin solución de continuidad.
Si no lo cree, intente usted salirse del asfalto o de alguna
pequeña población para dar un paseo por las inmensas dehesas y serranías
extremeñas. En la mayoría de los casos acabará frente a una verja infranqueable
o una alambrada de espino. En muchas ocasiones no hay forma de acercarse a la
ribera de un río (que es terreno público) o de visitar ciertos lugares con
valor patrimonial (y que deberían ser públicos) sin tener que atravesar
terrenos privados.
Hay, desde luego, parajes protegidos, pero son escasos, pequeños
y de acceso parcial. Algunos, como el Parque Natural de Cornalvo (el único, que
yo sepa, de la provincia de Badajoz), es poco más que un “pasillo” rodeado a
ambos lados por kilométricos cotos privados (de caza, la mayoría, lo que hace
muy desaconsejable pasar por allí cuando se abren las vedas o se celebran
batidas).
Se nos dirá que no es imprescindible meterse en el monte o
atravesar dehesas, y que existe una amplia red de caminos por los que recorrer
la región. Pero esto, en la práctica, no es cierto. Pese al notable esfuerzo de
la administración autonómica por delimitar vías y cañadas, o elaborar catálogos
de caminos públicos, una gran parte de estos (cuya gestión corresponde
mayormente a los municipios) está en riesgo severo de desaparecer. Algunos se
difuminan de una temporada a otra, por falta de cuidados o por usurpación de
parcelas o viviendas vecinas, y otros son convertidos de facto en caminos privados, cerrándolos con verjas y candados, y
disponiendo junto a ellos del correspondiente cartel prohibiendo el paso.
En relación con esto último no es nada fácil, además,
denunciar el hecho. Primero porque cuando uno sale al campo lo último que
quiere es perder el día discutiendo o haciendo gestiones (bastante es ya tener
que consultar antes de salir los mapas oficiales y la página del catastro para
prever el encuentro con las cercas – un trámite casi siempre inútil, pues a
menudo los caminos que sobre el papel aparecen como públicos, sobre el terreno
están cerrados a cal y canto –). Y, en segundo lugar, porque los trámites para
demostrar que un camino público ha desaparecido o ha sido ocupado por los
dueños de una finca son tan largos y complejos que solo con mucho tiempo y con
asesoramiento jurídico (o con ayuda de plataformas u organizaciones ciudadanas,
que alguna hay) podrían dar el fruto esperado.
Y no se trata aquí de hacer ninguna soflama política en
favor de la colectivización de la tierra o nada por el estilo, sino solo de
reivindicar que el mayor bien que tenemos en Extremadura, y que es su inmenso
patrimonio natural y cultural, uno de los más grandes y mejor conservados de
Europa, esté al alcance de todos y se pueda acceder a él con normalidad. En
otras comunidades se respeta igual la propiedad privada y uno puede recorrer
campos y montes a placer, sin vallas, verjas ni guardas. ¿Por qué aquí no?
Para ello es necesario establecer sobre el terreno (y no
solo sobre el papel) una buena red de caminos francos, bien señalizados,
cuidados y vigilados, de manera que cualquier ciudadano pueda pasear, hacer
deporte o senderismo, bañarse en un río, o hacer turismo cultural y
medioambiental en general, sin tener que participar en una yincana de
obstáculos (incluido el encuentro con guardas más o menos amables), y
sabiéndose respaldado y protegido por la ley, algo que no siempre ocurre
(prueben ustedes a ser atendidos un fin de semana por el SEPRONA, un cuerpo de
la Guardia Civil preparadísimo y servicial como pocos, pero que debe tener unos
efectivos absolutamente insuficientes para las necesidades de una comunidad
como la nuestra).
Se calcula que en Extremadura existen (o existían) unos
70.000 kilómetros de caminos y vías rurales de uso público. Es hora de ponerse
serio con los ayuntamientos y con los intereses particulares de unos pocos, y
revitalizar y modernizar esa red de vías de comunicación. El objetivo es
promover un desarrollo rural y turístico sostenible, y que Extremadura no siga
pareciendo a ojos de nadie, y en ningún sentido, el inmenso cortijo o coto
privado para nuevos (y viejos) ricos que todavía era cincuenta años atrás.
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