Un nuevo decreto educativo.

El gobierno de Extremadura cumple su promesa de promulgar un nuevo decreto para educación secundaria que substituya al aprobado, a última hora, y estando ya en funciones, por el gobierno anterior. Como medida paliativa, y en tanto no se deroga la LOMCE, era lo que se tenía que hacer para minimizar el caos y el daño que está provocando la llamada Ley Wert en el tejido educativo extremeño.

Es también elogiable que, en esta nueva andadura, la Administración haya tenido a bien algo que tendría que ser práctica habitual a la hora de confeccionar una ley de educación: dejarse aconsejar por sus protagonistas. Esta consulta a la comunidad educativa, cuyas sugerencias han sido, en su mayor parte, atendidas, ha sido un primer paso. Pero solo el primero. Dicho asesoramiento debería ser mucho más frecuente, y su desarrollo estar expuesto, en lo sucesivo, al debate público.

Entre las novedades del decreto, la que más atención mediática ha recibido es la reducción de las horas de religión católica. Que una materia tan polémica (e injustificable para muchos) se reduzca a su horario mínimo legal – como pasa incluso en las comunidades controladas por el gobierno central – parece algo bastante sensato. Tanto, que los propios representantes del colectivo de profesores de religión han preferido interpretar esta reducción como una afrenta laboral antes que como un asunto ideológico. Pero, claro, por lamentables que sean los problemas laborales de un grupo de profesores, estos no deben determinar en ningún caso la política educativa, ni el diseño de un currículo. Los profesores de religión se quejan, además, de que no pueden dar otras materias. ¡Estaría bueno! Su acceso a la docencia es por elección directa del obispado, y no porque hayan superado ningún proceso selectivo que los capacite – como a todos los demás profesores de los centros públicos – para enseñar algo más que la doctrina católica.

Otra novedad del decreto, digna de celebración, es la recuperación de la educación ética y cívica. Contrariamente a lo que algunos creen, ni la materia de Ética, ni la de Educación para la ciudadanía, tienen como fin adoctrinar a los alumnos, sino lograr que estos conozcan y analicen crítica y racionalmente los principios y valores en los que se asientan nuestras sociedades democráticas (y que no son otros que los que se expresan, explicita o implícitamente, en la Declaración de los Derechos Humanos). La materia de Ética, además, como rama que es de la Filosofía, persigue una reflexión general en torno al concepto de valor y a los distintos sistemas morales, sin optar, dogmáticamente, por ninguno. Es el alumno, en última instancia, el que tiene que escoger y justificar sus principios morales. Esta educación ética y cívica, para todos los alumnos, está presente como materia común en todos los países de la UE (y en casi todos ocupando bastante más de una única hora lectiva, que es lo que va a tener en el nuevo currículo). Y lo está por expresa recomendación del Consejo y el Parlamento de Europa. Es obvio: una comunidad de personas no es viable sin que todos sus miembros compartan unos principios y valores mínimos o, al menos, una misma manera – racional, argumentativa – de tratar con ellos. En este sentido, y muy oportunamente, el diseñador del decreto lo ha concebido de forma tal que los alumnos que escogen Religión católica tengan que impartir, también (y no en vez de) Ética en el bachillerato. La razón es, de nuevo, la misma: sin valores o procedimientos comunes (sino solo con los valores de cada grupo religioso, nacional, político...), la convivencia democrática acaba por tornarse imposible.

El nuevo decreto educativo aumenta igualmente el peso de las materias troncales (Historia, ciencias, idiomas...), aunque al precio – inevitable – de disminuir un tanto las horas de otras materias (Plástica o Música pierden algunas horas – algo que podría equilibrarse reduciendo o desdoblando grupos, algo muy oportuno en materias que exigen una atención muy individualizada al alumno –) . Otra medida estrella del decreto es el retorno de la Historia de la filosofía al segundo curso de bachillerato, como materia común de tres horas, tal como había permanecido en la legislación educativa española – antaño, incluso con más carga horaria – desde los años de la transición, y tal como se ha hecho en otras comunidades. Resultaba de todo punto escandaloso que los alumnos de cualquier modalidad de bachillerato titularan y acudieran a la universidad sin conocer las ideas de Sócrates, Platón, Kant, Marx o Nietzsche, entre muchos otros; más que nada porque en las ideas de esos gigantes (y en la dialéctica entre las mismas) se encuentra la placa tectónica en que se asienta (con sus choques, grietas y eclosiones más o menos volcánicas) toda nuestra civilización – y porque casi no hay grado universitario que no cuente con alguna de esas ideas fundamentales en sus asignaturas más teóricas –.

Hay que alegrarse, pues, de que la Consejería y el Gobierno extremeño, cumpliendo con sus compromisos con la comunidad educativa, hayan dado este paso adelante. El nuevo decreto añade, además, la recuperación de las medidas de atención a la diversidad en todos los cursos de la secundaria obligatoria (suprimidos parcialmente por la LOMCE), la intención de apostar por una nueva metodología en la enseñanza de idiomas (distinta a la vieja e ineficaz gramática parda), o la aparición de materias nuevas, dedicadas al deporte, o a las técnicas de investigación. Apenas se podía hacer más en un marco tan estrecho y tan opuesto a la educación en valores, al pensamiento crítico, o a las nuevas pedagogías, como es la LOMCE. La guinda del pastel sería que el gobierno extremeño, junto a las demás comunidades y los rectores universitarios, y como ya han empezado a hacer, acabaran de desmantelar el siniestro cadalso de las reválidas, las mismas que pretenden convertir a los alumnos en una especie de opositores a notarías, y a los profesores en meros preparadores de exámenes. La educación no tiene nada que ver con eso.