¿Es la psicología de izquierdas?

 Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Decía el otro día Íñigo Errejón que muchos españoles padecen ansiedad y síntomas depresivos, que usan demasiados psicofármacos, y que una sociedad así no funciona, por lo que hace falta un plan de salud mental. ¿Estamos de acuerdo? Sí y no: una cosa es denunciar (con toda justicia) la estigmatización de los trastornos psíquicos y la falta de psicólogos en el sistema de salud pública, y otra, muy distinta, sugerir que “la solución” a ese malestar social generalizado sea multiplicar el número de psicólogos por habitante.

Más acá de los enfermos mentales (que los hay y a los que tenemos la obligación de cuidar), el grueso de la población sufre de ansiedad y otros “trastornos” porque (pandemias aparte) vive en un mundo que naturaliza la precariedad laboral, deshace los lazos comunitarios, imbuye una creencia completamente errónea de lo que es el “éxito”, y desprecia la capacidad de la gente para pensar por sí misma. Y nada de esto lo puede resolver un psicólogo (aunque sí que puede empeorarlo).

Es cierto que esto de interpretar problemas de naturaleza social, ética o política como si fueran asuntos psicológicos o, en general, “científicos”, es parte de la bazofia ideológica habitual, y que, alimentada por ella, la gente mantiene una fe cada vez más ciega en los expertos como solucionadores de todo (desde los conflictos personales hasta las opciones políticas que conviene adoptar) ¡Pero que un político de izquierdas caiga también en eso!

Y miren que esta “psicologización” de la vida es tan clara que hasta impregna el habla común. Piensen en el lenguaje con el que piensan. ¿Han reparado que a las cosas buenas (personas, costumbres, relaciones) ya no las llamamos “buenas”, sino “sanas” (y a las malas o viciosas, “tóxicas” o “adictivas”), que el fin de la vida o la política ya no son la “virtud” o la “justicia” (palabras viejunas y malditas), sino el “bienestar emocional” o “social” de la población, que los alumnos que no soportan la disciplina escolar ya no son “rebeldes”, sino niños con “síndrome de atención dispersa e hiperactividad”? ¿Continúo? En un decreto educativo en vigor encuentro esta frase (entre mil parecidas): “la dimensión emocional de la salud es el manejo responsable de los sentimientos, pensamientos, y comportamientos…”. Esto es: la responsabilidad, la conciencia o el autodominio ya no son virtudes morales e intelectuales, sino un asunto de salud emocional, cosa de psicólogos vaya.

¿Cómo hemos caído en esta trampa? Y digo trampa porque las (un tanto crípticas) propiedades de la “salud emocional” (asertividad, resiliencia, autoeficacia, proactividad…) cuadran sospechosamente con el perfil moral que cabría esperar de individuos entusiastamente entregados a esa “realidad en perpetuo cambio” con que se designa eufemísticamente al mercado.

La explicación de esa “caída” es compleja. Además del bombardeo ideológico, psicologizar los problemas morales aporta ciertas ventajas aparentes. Una de ellas es que nos libera de cavilar. Como decía el no siempre saludablemente optimista Kant, la gente prefiere las soluciones (engañosamente) fáciles a pensar por sí misma. Al fin, ¿para qué educarnos y reflexionar acerca de qué sea la felicidad o cómo deba ser el amor o la justicia, si ya hay técnicos de la conducta, terapeutas de pareja o expertos en resolución de conflictos?

En segundo lugar, a más red asistencial menos necesidad de mantener vínculos comunitarios ¿A qué preocuparse de tener amigos con que charlar y debatir de nuestros problemas o nuestra visión del mundo, si podemos pagar o acudir a un “experto” que nos escuche y oriente? 

En tercer lugar, a más “patologización” menos responsabilidad. Si en lugar (por ejemplo) de tener un “problema moral” con el juego, lo que ocurre es que soy un “ludópata” – es decir, un enfermo – sobra emprender ningún análisis o decisión ética: basta con que me someta pacientemente al tratamiento indicado.

A una sociedad “terapeutizada” le corresponde, en fin, una ciudadanía irreflexiva, narcisista e irresponsable; algo que encaja también con un modo de producción no guiado por más inteligencia que la “emocional”, con las creencias cientifistas y relativistas en boga, y con un modelo educativo cada vez más enfocado a la formación tecno-científica y la hiper-especialización profesional.

Así que no, señor Errejón, no tiene que ir al médico; todo lo contrario: ha de reflexionar por sí mismo y darse cuenta de que lo más consecuente desde una posición de izquierdas no es exigir más psicoterapia para el pueblo, sino justo la contrario: una “despsicologización” urgente de la sociedad (la misma que reclama desde hace mucho la psicología más crítica), condición sine qua non para un verdadero empoderamiento – moral y político – de la ciudadanía.

 

Dogmatismo y cervezas

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Cuando comencé la licenciatura, hace treinta años, la Facultad de Filosofía estaba aún repleta de profesores cercanos al OPUS, la Iglesia y/o más o menos afectos – algunos – al “antiguo régimen”, así que, rojo y ateo que era uno, acudía a sus clases con la escopeta dialéctica cargada y dispuesto a discutirles todo lo que pudiera. Para mí sorpresa, no solo se podía discutir con ellos, sino que incluso eran ellos los que, a veces, no dejaban pasar ni una sin razonarlo a conciencia.

Ya por de pronto, y lejos del autoritarismo que se les suponía, me sorprendió que aplicaran el mismo “soft power” pedagógico que los profesores más jóvenes y “de izquierdas” que yo admiraba. Así, tanto unos como otros minusvaloraban (retóricamente) la jerarquía entre docentes y alumnos, se mostraban cercanos y accesibles (“se enrollaban”, solíamos decir entonces) y declaraban, ante todo, estar abiertos siempre, y en todo, al diálogo. 

Y en esto del diálogo vino mí mayor pasmo. Resulta que aquellos profesores calificados (por la “intelligentsia” estudiantil) de “carcas”, teístas y dogmáticos, se prestaban a dialogar mucho más que aquellos otros que, pese a su apariencia “alternativa” o su furibundo nietzscheanismo, se mostraban menos dados a cuestionar sus propios prejuicios (que eran también los míos).

Las generalizaciones son odiosas, pero no puedo negar que, desde entonces (y hasta ahora), la mayor parte de las veces que he leído o tratado a pensadores tachados a priori de reaccionarios o dogmáticos (esencialistas, apóstoles del derecho natural, teístas jesuíticos, metafísicos olvidados…) he encontrado a tipos que demostraban un exquisito respeto por los argumentos en general (y por los del contrario en particular), amén de rigor y capacidad para asumir todo lo que significa pensar a fondo (con todas sus consecuencias) lo que creemos superficialmente pensar.

Sin embargo y al revés, con aquellos filósofos y colegas de la “izquierda intelectual”, y con los que comparto más afinidad ideológica, me resulta a veces imposible el diálogo. De entrada, no suelen aceptar hablar seriamente de todo: hay temas y perspectivas relevantes – están de moda, son de las “nuestras” – y otras que solo generan silencio o sonrisas displicentes. De otro lado, consideran los argumentos como “objetos sospechosos” (ocultadores de la realidad, tiranos de la experiencia, “falogocéntricos” dispositivos de poder…), aunque no por ello se priven de usarlos constantemente. Y, por último, muestran, a mi juicio, una profunda incapacidad para asumir (no digamos pensar o cuestionar) la parte más dogmática o axiomática de sus teorías.  

¿Por qué ocurre esto? Lo ignoro. Quizá un teísta o creyente no necesite agarrarse con tanta desesperación como un ateo a sus más mundanas creencias (con Dios como red de seguridad uno se atreve a discutir de todo). O tal vez sea ese injustificable complejo de superioridad moral y filosófica que sufre a menudo el intelectual de izquierdas, y que hace que conciba sus tesis como dogmas de fe.

El otro día – para muestra un botón –, en un seminario universitario repleto de profesores de lo más iconoclasta (aunque dedicados, todos, a la idolatría más posmoderna) se me ocurrió insinuar que tal vez no teníamos suficientes argumentos para sostener lo que se estaba sosteniendo de modo natural (es decir: porque está de moda y la tribu entera lo mantiene). Y tras la reacción de costumbre (silencio, sonrisas compasivas, incredulidad), uno de los profesores, el más dicharachero, no pudo resistirse: “¡Y qué coño – exclamó divertido –, esto también es cosa de fe!”. Solo le faltó proponer que compartiésemos unas birras.

Porque esa es otra: en el colmo de la desfachatez y la intolerancia disfrazada de buen rollo, es corriente entre mis colegas de la izquierda intelectual que se aborten las discusiones esenciales con una especie de repentina deflación cordial. Es lo de “esto se arregla con una cervecita”; lo cual viene a decir que la verdad importa un comino, que el diálogo es, en el fondo, banal y que, puestos a vivir en la noche en que todos los gatos son pardos, mejor es estar un poco más ciegos. 

Así que, ya ven, en esta comedia del mundo los dogmáticos son, a veces, los que más razonan, y los anti-dogmáticos los que – místicos sobrevenidos – aborrecen de todo lo que “imponga” esa satánica prostituta (Lutero dixit) que es la razón. Sobra decir que los peligrosos son, hoy, los segundos: te ahogan en cerveza (o en la escolástica que esté de moda) igual que los primeros, en sus buenos tiempos, lo hacían en el agua: para probar, igualmente, tu inocencia.

Sobre el poder, de Byung-Chul Han

 

Aquí tenéis uno de los maravillosos podcasts educativos creados por Cruces Aldea y en el que tengo el honor de participar. En este capítulo se trata de Epicuro y de una reflexión sobre el poder a partir de una frase de Byung-Chul Han.

Nadie escucha a nadie

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Ahora que todo el mundo escribe, publica y opina, ¿alguien tiene tiempo para leer o escuchar a los demás? Piensen en los miles de libros que aparecen cada mes, en los artículos que copan cada día los periódicos, en las toneladas de “papers” que publican eruditos y académicos, o en los millones de posts, comentarios, reflexiones, y mensajes que corren por las redes. ¿Cuánta gente haría falta para atender a tanto inspirado artista, esforzado investigador, lúcido intelectual o magnético influencer?

Que conste que celebro que cada vez más personas puedan expresar públicamente sus ideas. No me parece que tal cosa vaya a provocar ninguna “explosión espiritual” (como aquella que presagió Lorca para cuando acabara el hambre en el mundo – pues ni ha acabado el hambre, ni todos tienen la misma voz y poder en el mundo de los medios –), ni que cantidad y calidad no sean, como de costumbre, inversamente proporcionales. Pero, en cualquier caso, que tanta gente disponga hoy de ocio, educación y recursos para producir y publicar sus elucubraciones artísticas o intelectuales me parece un síntoma inequívoco de progreso (ojalá todos mis vecinos se enfrascaran los domingos en escribir novelas, en lugar de aburrirse con el taladro percutor). 

Ahora, insisto: ¿hay gente suficiente para atender a tanta mente creadora y encantada de reconocerse en lo que publica? No lo sé. Yo, por si acaso, implantaría el grado universitario de “espectador cualificado”. Y no es del todo broma. Cada vez valoro más el esfuerzo de escuchar o leer a alguien. Sobre todo ahora que la industria mediática exacerba la polarización ideológica entre sus clientes (como modo de sujetarlos entre sus redes) y la crispación y el ruido no dejan oír con nitidez ningún mensaje.

Escuchar a los demás nunca ha sido fácil. Además de trabas sociológicas y prejuicios ideológicos, concurren dificultades psicológicas. Los más jóvenes suelen andar demasiado pendientes de afirmarse a sí mismos, y los más viejos de confirmarse, de manera que, habitualmente, los primeros solo escuchan para identificarse atolondradamente con lo que oyen, y los segundos para que lo que oyen se identifique con lo que creen que piensan. Nadie, pues, escucha de verdad a nadie.

Escuchar, conocer y – eventualmente y en ese orden – respetar y amar a los demás, no es virtud espontánea, ni tiene que ver con las emociones, el género o las circunvalaciones cerebrales (cosas estas que se presuponen hoy como factores causales de casi todo), sino, fundamentalmente, con el interés y la habilidad intelectual para construir ideas e hipótesis (correctas) sobre las ideas e hipótesis de otros.

La tan cacareada empatía “solo” consiste, pues, en pararte pacientemente a comprender lo que dice (y lo que quiere decir) tu interlocutor, aventurándote a articular en tu cabeza lo que probablemente tenga él en la suya. Y para esto hacen falta dos cosas: el hábito de la reflexión (es decir, la capacidad para comprender de manera analítica y crítica las ideas con las que comprendes y comprenden los demás las cosas), y motivación suficiente.

Para lo primero es conveniente cultivar la competencia filosófica (con el ajedrez no basta). Para lo segundo, calculen: si se empeñan ustedes en comprender de veras a los demás, no solo crecerán en saber (¿hay algo más en lo que crecer una vez adulto?), sino que también estarán en condiciones de amar y dialogar, esto es: de descubrirse a sí mismos en lo que aparentemente no son. 

El infierno no son los otros (esos otros presunta y románticamente inconmensurables con nosotros), sino la ceguera idiota y narcisista de mirar mirándonos en ellos como en un espejo, cuando es romper y penetrar ese reflejo lo que, precisamente, hace posible la escucha. Quien escucha y comprende es quien posee íntima y radicalmente lo comprendido, más allá de reflejos y apariencias. ¿Y no es esta la condición y el fin del amor, el poder, y tantas otras cosas grandiosas y engrandecedoras?

Mis alumnos se escandalizan (como es debido) cuando les digo que (tal vez) solo se enamora uno del que es mejor, y que (sí que) hay (como sospechábamos) personas mejores (en lo mejor) que otras. ¿Y cuáles son esas personas? – me dicen –. Las más sabias – les digo –. ¿Y cómo sabemos que son las más sabias? – me replican –. Porque nos explican a nosotros mismos mejor de lo que nosotros somos capaces de hacer. Solo alguien así merece por completo nuestro amor, y solo alguien así está en condiciones de amarnos tal y como merecemos.

Por cierto, alguien así de amable y poderoso ya no tendría la más mínima necesidad de andar publicándose para nadie (como mucho, y si existiera, para Dios), por lo que sería todo oídos y palabras justas. Justo las que no tenemos los que, así, escribimos como envanecidos posesos.

 

 

 

Pesimismo y democracia

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.

La idea moderna de Estado se fundó sobre la creencia de que los seres humanos somos, por definición, malos y egoístas. Una creencia (esta del “homo hominis lupus”) que no se deja corroborar por hechos (de hecho, sin la gran capacidad para cooperar que tenemos no estaríamos ahora aquí), pero que se sigue de una cierta concepción judeocristiana de la naturaleza culpable del hombre, algo de lo que no se libró en absoluto una modernidad que, en gran medida, es la hija secular del protestantismo.

Un buen ejemplo de este estado ideológico-religioso de cosas fue la institución, durante el siglo XVIII, de la democracia representativa en sus dos principales versiones: la norteamericana y la francesa, ambas salidas, en gran parte, de las cabezas de los filósofos (de Locke, la primera, y de Rousseau la segunda), y ambas empeñadas, pese a sus discrepancias, en mantener un pesimismo congénito con respecto a la condición humana en general – y a la del pueblo en particular –.

Muestra de este pesimismo recalcitrante es el reparto de funciones en la democracia liberal, en la que el pueblo reina (u ostenta la soberanía) pero no gobierna, sino que se limita a refrendar con su voto a las élites de notables (los partidos) que se turnan en el poder. Tras esta distribución de tareas está la presunción, no solo de la incapacidad del pueblo para gobernar, sino, más aún, del incorregible egoísmo de la mayoría, lo que no daría pie a más proyecto común que al de un “laissez faire” arbitrado por el Estado. Muchos siguen creyendo hoy que es esto, y no otra cosa, lo único que puede y debe ser la democracia: un simple marco legal en que dirimir (de forma más o menos equitativa) la inevitable lucha darwiniana por la existencia. 

De otra parte, en el modelo republicano de estado debido a Rousseau y la Revolución francesa, menos escéptico con las virtudes ciudadanas, e instituido en torno a la idea de un bien común (y no a la de un común egoísmo, como el estado liberal), el pesimismo se plasma en la creencia por parte de las élites precursoras (tan ilustradas y burguesas como las del modelo liberal) en la incapacidad del pueblo para tomar conciencia de sus intereses y ejercer directamente el poder. De ahí la necesidad de múltiples instituciones y procedimientos (doble cámara de representantes, tribunales superiores, listas cerradas…) destinados a ralentizar y filtrar la participación política, así como la insistencia en la instrucción del pueblo, una educación que se va a desarrollar antes como adiestramiento moral que como educación para el ejercicio autónomo de la ciudadanía.

Diríamos, por simplificar (seguramente en exceso), que la democracia moderna ha oscilado habitualmente entre un pesimismo de derechas y otro de izquierdas, elitistas y desconfiados los dos del ejercicio del poder por parte del pueblo (esto es: desconfiados del ejercicio mismo de la democracia). Para los primeros, los individuos serían tan irracional o apasionadamente codiciosos que al Estado solo le cabría arbitrar unas mínimas reglas de juego en la competencia entre unos y otros (cada uno con sus legítimos, aunque privadísimos intereses); para los segundos, el pueblo estaría siempre tan carente de ilustración que es el Estado el que tendría que hacerse cargo de él, sometiéndole (por su bien) a un sinfín de leyes restrictivas (hoy, hasta del lenguaje mismo) y a un férreo adiestramiento educativo en los valores naturalmente correctos (de la ciudadanía, la revolución, la patria…), para que nadie (salvo el Estado y sus ministros de la verdad y la cultura) pueda manipularlo; todo ello dirigido al logro (como rezan algunos decretos educativos actuales) de la “salud mental y física” de los ciudadanos – algo que no deja de recordar, vagamente, a los jacobinos comités de salud pública – .

Ahora bien, frente a estas dos expresiones de pesimismo y democracia elitista y alienante, con sus correspondientes dosis de violencia (la del mercado y la del Estado, la de los hechos y la de los dogmas), ¿por qué no recordar esa otra concepción optimista de la política, no entendida ya como mal necesario (con que reprimir o adiestrar nuestra viciosa y manipulable naturaleza), sino como actividad imprescindible para nuestro desarrollo como ciudadanos y personas (aspectos estos que la modernidad se ha empeñado erróneamente en separar)? Al fin, solo la política es capaz de someter a principios los hechos y de cuestionar, por principio, los dogmas. De hecho, solo somos malos y dogmáticos cuando no tenemos otros principios mejores a los que atenernos. Principios que, para ser nuestros, tendrían que ser pensados, elegidos y aplicados por nosotros mismos. Echémosle optimismo. Y democracia.

 

 

 

Dar paso

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en la Revista Ex+ 

Me decía hace poco una joven e influyente amiga que aquellos que hoy frisamos los cincuenta somos, probablemente, la generación más afortunada de la historia de este país. Y a fe que tenía razón: gozamos, durante la infancia, de los prósperos años del desarrollismo franquista; disfrutamos, ya jóvenes, de las libertades recién conquistadas y de una educación superior casi gratuita; y accedimos relativamente pronto a empleos dignos y estables. Incluso de viejos, y a poco que nos descuidemos, podemos llegar a ser de los últimos en disfrutar de unas pensiones y unos servicios sociales propios de un país civilizado.

¿Qué más podríamos pedir? En rigor, nada. Lo que nos toca ahora es dar y pagar. Pagar, por ejemplo, la deuda con nuestros mayores, que lo dieron todo para que nosotros disfrutáramos de sus logros. Pero dar y pagar también por lo que dejamos a las generaciones más jóvenes: un mundo amenazado por el cambio climático, preñado de desigualdades cada vez más profundas, orwellianamente vigilado, y en el que disponer de una enseñanza o sanidad públicas de calidad, contar con un retiro digno, o poder encontrar trabajo y echar raíces, empiezan a parecernos privilegios a extinguir, en lugar de derechos conquistados tras siglos de lucha. 

Pienso en todo esto cada vez que oigo a mis jovencísimos alumnos soñar en voz alta con sus futuras carreras y todo lo que piensan hacer en una vida que imaginan, al menos, como la nuestra: en paz, libre, fiada a un trabajo estable (vocacional incluso) y protegida por el Estado. Para lograrlo, estudian como posesos, convencidos de que el “triunfo” es cuestión de trabajo y méritos, y se pertrechan con dosis incalculables de paciencia y esperanza, sin ser del todo conscientes, me temo, de lo que se les viene encima.

¿Estamos educando de forma adecuada a los jóvenes para afrontar un porvenir que se pinta, con razón, cada vez más oscuro? De momento, lo único que se nos ocurre es exigirles un frustrante sobreesfuerzo formativo (en absoluto acompañado de una oferta laboral equiparable), y una infinita capacidad de adaptación (“flexibilidad, resiliencia, dinamismo” se le llama en la jerga neoliberal) para aceptar con buen ánimo cualquier cosa que quiera depararles el mercado. Pero esto no es, ni mucho menos, justo o suficiente. Les debemos más, muchísimo más.

De entrada, y en el ámbito educativo, los más jóvenes necesitan una rigurosa formación crítica, por la que puedan tomar consciencia de la crisis civilizatoria que les acecha y de sus causas políticas e ideológicas. Quien no conoce el mundo, no puede cambiarlo. De nada les sirve a los jóvenes hincharse de conocimientos “técnicos” o instrumentales en un orden en el que los fines representan algo ajeno a su bienestar y sus posibilidades de futuro. 

En segundo lugar, los más adultos hemos de dar ejemplo de responsabilidad ante esta situación y exigir un reparto más equitativo de las oportunidades y los beneficios. El pacto intergeneracional – por el que los jóvenes aceptan el statu quo de sus mayores convencidos de heredar algún día sus privilegios – está hoy más que quebrado, y es claro que nos toca a nosotros repararlo.

Esto no quiere decir que los jóvenes no tengan nada que hacer en todo esto. Su compromiso activo es fundamental para cambiar las cosas. De hecho, y contra todos los tópicos, los estudios muestran que los jóvenes están cada vez más interesados en política (aunque no exactamente en la política tradicional). Y tiene sentido. No todo puede ser “resiliencia”: hacen falta también resistencia, capacidad especulativa para imaginar otro mundo, y movilización social para construirlo. Propuestas como un ingreso mínimo ciudadano, una regularización estricta de los empleos hoy precarios, o muchas más ayudas públicas para los que comienzan a abrirse camino (becas, alquileres públicos, medidas de apoyo a la natalidad) son solo unos tímidos primeros pasos. Pero hay que dar otros, mucho más radicales, sin los que el futuro se prevé insostenible.

Recuerdo un viejo cuento de Achille Campanile en el que se narra la fabulosa historia de un tipo que, recién muerto, es llevado al purgatorio para ser juzgado. Mientras aguarda al juez, va desgranando mentalmente sus pecados y la manera de justificarlos, incapaz de imaginar que quien va a juzgarle no es sino él mismo, pero con el alma, la franqueza, los escrúpulos morales y los ideales de su juventud. La moraleja es clara: seamos fieles a lo mejor que fuimos, y démosle paso encarnado en la vida de esos otros jóvenes, plenos de voluntad e ideas, que han de tomar, hoy, el timón de un mundo que es ya mucho más suyo que nuestro

Qué es educación para la ciudadanía

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

La educación ética y política es consustancial a la idea de democracia. En cuanto que en ella la soberanía o facultad de establecer la ley (es decir, de fijar, por norma, “lo que debe ser”) es ejercida por todos, la educación de todos en el discernimiento de lo que es debido o justo resulta fundamental. En ningún otro régimen político es necesario este tipo de educación, pues en ningún otro régimen político son los propios ciudadanos los que determinan las leyes.  

Enseñar a los ciudadanos a ejercer su soberanía es, pues, la prioridad educativa absoluta en una democracia que se tome en serio a sí misma (¿cómo no va a ser prioritaria la educación sobre cómo deben ser de prioritarias las cosas?). Si en otros regímenes se adiestra a los súbditos para la obediencia, en democracia hay que educarlos para el gobierno (de sí mismos y de lo común a todos). No hay principio democrático (libertad, igualdad…) que no dependa del logro de este propósito educativo. Sin esa educación no seríamos libres ni iguales, pues estaríamos sojuzgados, sin siquiera saberlo, por aquellos que han podido gozar de ella…  

¿Y en qué debe consistir la educación para determinar el “deber ser” de las leyes, esto es: para el ejercicio fundamental de la ciudadanía? La capacitación del juicio moral y político requiere, ante todo, del aprendizaje de aquellas habilidades reflexivas y crítico-racionales que (además de capacitarnos como ciudadanos y delimitar nuestra especificidad humana) pertenecen por derecho propio a la filosofía, es decir, al saber que inquiere racionalmente por el “deber ser” o esencia de todo (empezando por ella misma), sometiendo a crítica a aquello que no se ajusta a dicha norma o esencia.

Democracia, educación cívica y filosofía son, así y por principio, interdependientes. En las tres se trata de esclarecer reflexiva y dialécticamente el ámbito, siempre perfectible y sujeto a controversia, de lo normativo (solo democráticamente se dilucida lo que debe ser democrático, solo es educación aquella que educa para educarse, solo mediante la filosofía se puede juzgar tal o cual juicio o filosofía política o educativa...).

Desgraciadamente, a esta educación ético-política o, en general, filosófica, se la sustituye habitualmente por inútiles sucedáneos, tal como cursos de adoctrinamiento en valores democráticos, olvidando que la educación de un ciudadano (a diferencia del adiestramiento de un súbdito) consiste, fundamentalmente, en enseñarle a discriminar por sí mismo lo que es justo y bueno (lo “democráticamente valioso” no es previo, sino posterior a esa discriminación), y no en dictárselo o inculcárselo como a un ser incapaz de juicio.

Además, el discernimiento propio de “lo que debe ser”, y la prudencia para lograr que eso que debe ser sea, requieren del análisis previo de ideas y valores, del dominio de las herramientas lógicas y dialécticas con que juzgar y juzgar lo juzgado por otros, y de un interés bien fundado (en razones) por el bien común, que solo la filosofía en sentido amplio, y la ética y la filosofía política como disciplinas suyas, pueden proporcionar (ni la historia ni ninguna otra ciencia positiva se ocupa del “deber ser” – sino, a lo sumo, de esa estrecha parte del ser que son los hechos –).

Sin esta educación ético-política del juicio, la democracia no será más que teatro con el que disfrazar la imposición de los impulsos, deseos y prejuicios de la mayoría, o, mejor, los de aquellos (ignorantes, aun ricos y poderosos) que consiguen crispar, polarizar y manipular emocionalmente a la mayoría.

Con una genuina educación ética y política veríamos, por el contrario, cómo, a largo plazo, los ciudadanos asumirían con naturalidad (y no como una carga insoportable) el “coste” de informarse y reflexionar antes de emitir un juicio, voto u opinión pública, categorizarían y valorarían con pasmosa facilidad (como basura) la ingente cantidad de sobreinformación de la que viven medios y redes, y aprenderían a reducir en un elevadísimo tanto por ciento el plantel de opinadores, tertulianos y parlamentarios dignos de ser escuchados (bastaría con enseñarles a detectar diez o doce falacias argumentales básicas).

Ya ven que todo son ventajas. Aunque, pese a ello, verán también como nadie nos hace caso. A estas reflexiones suele imponérseles siempre, o bien una suerte de pesimismo antropológico (“la gente prefiere por naturaleza ser adoctrinada o manipulada a tomarse el trabajo de pensar y gobernarse por sí misma”) o/y bien la ignorancia de aquellos que, por carecer de un juicio bien educado, son incapaces de valorar la suprema importancia de educar el juicio.

La educación de la princesa

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Nos enteramos estos días que SS.MM. los reyes envían a su primogénita a estudiar a un costoso colegio privado del Reino Unido. El asunto es, sin duda, polémico. No ya por el coste (más de 75.000 euros, que van a sufragar los padres), ni porque el colegio esté en el extranjero, sino – al menos para mí – por el hecho de que los reyes insistan en evitar los centros públicos para educar a sus hijas.

¿Y por qué es esto tan relevante? Imaginen que el presidente, no sé, de Toyota, exhibiera como coche propio un Mercedes-Benz, o que Bill Gates declarase que en su familia solo se usan ordenadores Apple. El escándalo sería mayúsculo. Pues bien, ¿qué diferencia sustancial encuentran ustedes entre estos casos y el de que la máxima autoridad del Estado rehúse utilizar los recursos educativos del Estado para la formación de sus hijos?

El mensaje que transmiten los reyes al escolarizar sistemáticamente a la princesa y la infanta en colegios privados es, obviamente, que los públicos no le merecen confianza. O mejor (y peor) aún: que el Estado (al que encarna el rey) no sigue, en la práctica, los principios políticos sobre los que asienta su legitimidad, y que aquello de que la escuela es “un elemento de cohesión social que garantiza la igualdad de oportunidades entre todos los españoles” no es más que retórica huera.

Más allá de las proclamas oficiales – parecen decirnos los reyes con su decisión –, todo el mundo sabe que no es lo mismo un colegio privado que público. En el primero tus hijos harán migas y agenda con las familias más encumbradas; en el segundo vete tú a saber. En el primero tus hijos disfrutarán de ratios bajísimas, de instalaciones de lujo y de una pedagogía innovadora; en el segundo se hará lo que se pueda. En el primero el pensamiento crítico, la filosofía (la princesa estudiará teoría del conocimiento) o el arte serán elementos de primer orden; en el segundo no serán más que pijerías – ¿para qué va a aprender a disfrutar del arte o a analizar críticamente cómo se construye la información el hijo de un obrero, que lo único que va a hacer es ver la tele y consumir esa información? –…

El mensaje real es, pues, que las cosas no han cambiado un ápice (si no cambian en la educación, ¿en qué van a hacerlo?): el que vale (por ser hijo de quien es) vale, y va al colegio fetén sí o sí, y el que no (por ser hijo de un cualquiera) tendrá que conformarse con ese recurso para los menos pudientes o exigentes que es el centro público – del que, por supuesto, y como excepción que justifica la regla, siempre podrá surgir algún advenedizo y voluntarioso triunfador con el que dar ejemplo a los hijos de la plebe –.

Frente a este mensaje claro y meridiano, los argumentos de los que intentan justificar la decisión real son triviales. Veámoslos. Muchos de los que he oído empiezan por desgranar las (innegables) virtudes del futuro colegio de la princesa, y de las que, obviamente, carecen los colegios del Estado, algo que (parece deducirse) obligaría al jefe del Estado (que, por supuesto, nada tiene que ver con el estado del Estado al que representa) a educar a la futura jefa del Estado en colegios no estatales. Tal como suena.

Otro de los argumentos parte de la idea de que a los reyes (y clases dirigentes en general) hay que educarlos de forma diferente (por ejemplo, en modales y protocolo), como si formarse en compañía de los ciudadanos sobre los que ha de (democráticamente) reinar no fuera algo infinitamente más importante que aprender a saludar al cuerpo diplomático.

Un tercer argumento alude a lo oportuno que resulta que los jóvenes estudien en el extranjero. Pero, amén de preguntarnos por qué no todos los jóvenes pueden permitirse ese lujo, ¿justifica esto que las infantas hayan estudiado toda la primaria y secundaria en uno de los colegios privados más elitistas de Madrid?

En cuanto al argumento de la libertad de elección, el problema es que las elecciones del jefe del Estado (siempre en la misma dirección: la de la enseñanza privada) muestran bien a las claras que hay colegios más elegibles que otros, y que los elegibles (para el que puede pagarlos) son los privados. Esto sin considerar hasta qué punto no debe intervenir el gobierno en las decisiones que afectan a la educación de la futura reina de todos los españoles (también de los que van a colegios públicos).

No sé, en fin, si a alguno de ustedes les convencen esos argumentos, pero yo no logro ver en la decisión de los reyes más que una muestra de olímpico desdén hacia la educación pública y todo lo que esta representa. Y que ese gesto provenga de la máxima institución del Estado es para que el país entero se lo haga mirar.

Liberación de patentes y lucha contra el COVID

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.

Durante estos días, los países más ricos, con la UE y EE. UU a la cabeza, han vuelto a rechazar la propuesta de Sudáfrica e India al Consejo de los ADPIC (Acuerdos de Propiedad Intelectual) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para aplicar una liberación temporal y parcial de las patentes en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías contra la COVID-19. Una propuesta que ha inspirado movilizaciones ciudadanas (como Right to Cure en Europa) y que cuenta con el apoyo de la mayoría de las naciones de la OMC (más de cien países), de ONG como Médicos Sin Fronteras, o del mismo director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.

La liberación temporal de las patentes permitiría, según estos países y organizaciones, que muchos otros laboratorios y empresas pudieran fabricar y distribuir las vacunas en todo el mundo, acelerando así el proceso de inmunización y poniendo fin a la sangría humana, social y económica que está provocando la pandemia.

La posibilidad de una liberación como la citada está, además, contemplada en acuerdos internacionales como la Declaración de Doha en 2001, o el Acuerdo de Marrakech de 1994, en el que se prevé también la opción de exigir a las empresas licencias obligatorias para, por ejemplo, fabricar genéricos (previa indemnización a dichas empresas), en contextos de grave crisis sanitaria.

En el caso presente, a la extrema gravedad de la situación – una epidemia global de proporciones desconocidas que mantiene paralizado al mundo – se une el hecho de que las vacunas cuyas patentes se pretenden liberalizar han sido desarrolladas merced a enormes inversiones de dinero público (unos 10.000 millones de euros tan solo en la U.E.), por lo que exigir la exención temporal de tales patentes no equivaldría más que a reclamar un retorno parcial, obligado por las circunstancias, de aquellas mismas inversiones

De otra parte, el argumento esgrimido por el lobby farmacéutico, según el cual la liberación de patentes “desincentivaría” a largo plazo la investigación e innovación médica, es exagerado o falso. Es exagerado porque la liberación tendría carácter temporal (el tiempo que dure la pandemia), y es falso porque el ansia de beneficios económicos millonarios (como son los que procuran las patentes a las grandes farmacéuticas) no es el único ni el principal incentivo de la investigación médica. De hecho, gran parte de los medicamentos desarrollados por las multinacionales farmacéuticas son comprados a bajo coste a universidades, institutos de investigación (muchos de ellos públicos) o pequeñas empresas que trabajan con márgenes de beneficios razonables, sin que eso resienta en nada la vocación de sus investigadores. Las patentes exclusivas suponen, además, una grave limitación al intercambio de información que se requiere para el desarrollo del conocimiento, algo especialmente doloso cuándo nos referimos a las ciencias de las que dependen la salud y el bienestar de todos. 

La justificada mala prensa de las multinacionales farmacéuticas (debido a la opacidad de sus políticas de precios, sus escandalosas estrategias especulativas o el saqueo continuo al que someten a los sistemas de salud pública), junto a lo excepcional de la situación (la mayor campaña de vacunación colectiva de la historia), representan, así, una ocasión única para limitar el inmenso poder de aquellas y reestructurar la gestión de un bien de primera necesidad como son los medicamentos básicos.

Los gobiernos no tienen, en esto, más que ser consecuentes con sus propias leyes y declaraciones (el artículo 122 del Tratado de la UE o, en el caso español, lo consignado en la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española con la Pandemia de Covid-19) para promover políticas de propiedad intelectual orientadas a facilitar el acceso universal y equitativo a las vacunas – un “bien mundial común”, como ha declarado reiteradamente la presidenta de la Comisión Europea –.

De este modo, y más allá de ineficaces componendas caritativas (como los fondos COVAX), y frente a la estrategia suicida de los países ricos de acaparar la producción de vacunas (algo que retrasaría durante años la vacunación en los países más pobres, con el consiguiente riesgo para todos), se impone forzar a las empresas farmacéuticas a compartir sus patentes a nivel global, establecer políticas de precios máximos, sumarse a la iniciativa de la OMS para compartir el conocimiento científico desarrollado contra la COVID-19 (iniciativa C-TAP) y establecer un riguroso control internacional sobre la producción y distribución de medicamentos esenciales, algo que no puede estar, en estas catastróficas circunstancias, al albur de los intereses especulativos de las compañías farmacéuticas.

 

 

 

 

Ponernos existencialistas

 

Este artículo fue originalmente publicado en El Periódico Extremadura.

“Ponerse uno existencialista” equivale, en el habla común, a ponerse uno profundo o filosófico, algo que tiene mucho que ver con la popularidad que esta corriente filosófica llegó a adquirir en la segunda mitad del siglo XX, y que provocó que aun hoy se la confunda con la filosofía misma.

Son varios los motivos que hicieron del existencialismo una filosofía tan popular. El primero es que, más allá de tecnicismos y sutilezas, mantiene una tesis extremadamente simple y que, en cierto modo, justifica esa obsesión natural por estar mirándonos (complacida o angustiosamente) el ombligo, a saber: que nuestra propia y particular existencia es el “dato” fundamental del que partir en cualquier posible consideración del mundo.

El segundo motivo pudo ser el gran despliegue artístico (casi más que propiamente filosófico) que tuvo el movimiento. Bebernos las novelas de Mann, Hesse o Camus, el teatro de Sartre o Beckett, o las películas de Bergman o Bertolucci, para exhibir luego, embriagados de lucidez y amargura, la pose de aquellos antihéroes existencialistas, con su aire de estar de vuelta, por aulas y cafés, fue un momento estético, por decirlo con Kierkegaard, por el que cruzó casi toda mi generación.

El tercer motivo es, empero, el más importante: el existencialismo es una filosofía que integra perfectamente la mayoría de los prejuicios propios al espíritu moderno. Es por eso que sus ideas nos parecen tan claras y distintas (por oscuras o confusas que sean) y nos resulta tan fácil identificarnos con ellas. Veamos cuáles son.

Como dijimos, la tesis central del existencialismo es la de que no hay dato más objetivo que el de la inefable y subjetiva experiencia de existir. Primum vivere deinde philosophari. Existo, luego actúo, siento, quiero, pienso… Todo esto de que la existencia precede a la idea es una muy discutible idea, pero parece que prende fuerte cuando – como hoy – no hay nada más trascendente a lo que agarrarse que al hecho (crudo y trivial) de estar vivos.

Otra creencia fetén del existencialismo es la de que somos radicalmente libres para hacer de nuestra vida lo que queramos. La idea de que cada persona se hace a sí misma (como una especie de artista de sí), o la de que podemos ser lo que nos propongamos (sean cuales sean las circunstancias), casan bien con la doctrina existencialista de la libertad, según la cual el ser humano, por carecer completamente de esencia, debe ser aquello que elija, a cada momento, ser.

La libertad es, para los filósofos de esta corriente, la expresión más propia del existir humano y, como tal, se concibe como algo previo a todo concepto o valor. Los propios valores son elegidos subjetivamente por cada cual, de manera que, en el fondo, no elegimos algo por ser justo o bueno (al contrario: será justo o bueno solo si lo elegimos), sino por un acto de espontaneidad inexplicable. Esta concepción irracionalista de la elección como manifestación incondicionada de la existencia es, en esencia, la misma que presupone hoy en nosotros la industria del entretenimiento y el consumo, invitándonos constantemente a ejercer una libertad libre de restricciones, juicios o criterios previos. 

Somos, así, tan condenadamente libres que – según el existencialismo – podemos (y debemos, que es lo raro) elegir nuestros propios valores, conscientes, a la vez, de que, si los valores son una elección subjetiva, no hay criterio objetivo alguno con el que distinguir lo realmente valioso de lo que no lo es.

Este último sinsentido se agrava si reparamos en la consideración existencialista del “sentido de la vida”. Arrojados a la existencia – dicen Sartre o Heidegger –, y sin más fin que la nada de la muerte, nuestra vida es una pasión inútil, un simple juego al que, sin embargo, parece que debemos entregarnos con trágica seriedad. Aunque, ¿por qué? ¿Qué sentido tendría luchar o comprometerse con nada si nada tiene, finalmente, sentido? ¿No sería más sensato entregarse a ese tibio y gozoso dejarse llevar en que vegeta la mayoría (y al que el existencialista tacha, de manera injustificable, de modo “inauténtico” de vivir)?

Confundir el mundo con nuestro propio ombligo, creer que podemos autogenerarnos – como onanistas y libérrimos demiurgos – sin planos o esencias previas, autoproclamarnos como supremos legisladores morales, o burlarnos de toda idea que trascienda el nudo y simple (pero sagrado e inefable para el creyente) hecho de la existencia, son algunos de los dogmas de fe del existencialismo y de casi cualquiera de nosotros. Pensémoslos ahora a fondo, y dejemos de “ponernos existencialistas”.

 

 

A puerta cerrada y el existencialismo de Sartre

 

Hace unos días en La Gatera, el programa de Raquel Bazo y Javier Llanos en Canal Extremadura Radio, analizamos una obra maestra del teatro "existencialista": A puerta cerrada, de J. P. Sartre.

Podéis escucharlo aquí. 

El lugar de la filosofía en la educación en Radio Pinajarro

Aquí tenéis la magnífica entrevista sobre el lugar de la filosofía en la educación que nos hicieron los amigos de Radio Pinajarro, del IES Valle de Ambroz (Hervás), dentro del Proyecto Radio Edu,  Julio Murillo y Antonio Rol.

¿Qué hacemos con los antivacunas?

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

 ¿Qué ocurre si un ciudadano se niega en redondo a vacunarse contra el coronavirus (o cualquier otra enfermedad contagiosa)? ¿Tendría derecho a hacerlo? No es fácil resolver esto en términos jurídicos o políticos. Mucho menos si, en lugar de un solo ciudadano, fueran muchos los reticentes a la vacuna. ¿Qué pasaría si representaran, incluso, una amplia mayoría?

Supongamos, además, que las motivaciones de estos ciudadanos, expuestas cortésmente por ellos (digo “cortésmente” porque no tendrían obligación de hacerlo), consistieran en opiniones, ideas o creencias científicamente infundadas, algo a lo que, en términos democráticos, no cabría hacer ninguna objeción (ninguna ley obliga a nadie a que sus creencias o principios tengan rigor científico).

¿Qué hacer en este caso? Un gobierno que, a diferencia del grueso de la población, se guiara por criterios más racionales o científicos, podría proponer alguna ley que obligara a anteponer dichos criterios en decisiones que afectaran a todos. Pero imaginen que la mayoría de los ciudadanos, o los políticos que la representan, rechazaran esa ley. Aquí acabaría, aparentemente, todo posible recorrido democrático.

Ahora bien, ¿debemos acatar siempre la voluntad popular, por irracional que esta sea? No se trata de una pregunta baladí: las naciones democráticas caen una y otra vez en derivas populistas tan políticamente legítimas como peligrosas. Los movimientos antivacunas, el patrioterismo nacionalista, la histeria en torno a los inmigrantes o el amplio catálogo de creencias conspiranoicas en torno al poder de élites secretas, son ejemplos más o menos recientes a considerar.

Las oleadas populistas obligan a los gobiernos a contemporizar con ellas o, en el peor de los casos, a ceder espacio político a demagogos que representen mejor el “sentir popular”. Y no hay constitución, tribunal o procedimiento moderador que nos libre de esto. Si la mayoría se empeña se puede modificar lo que haga falta, desde la Constitución a los propios procedimientos de modificación; sin que nada de ello deje de ser escrupulosamente democrático.

¿Qué hacer, entonces, frente a estas derivas populistas? De poco sirve endurecer la ley. Obligar a la gente a vacunarse (o a lo que sea), censurar “mensajes de odio” (o de lo que sea), reprimir movilizaciones o ilegalizar partidos políticos, son medidas contraproducentes y de dudosa calidad democrática, amén de peligrosamente reversibles. La única opción es, por tanto, la del diálogo. Si una parte de la ciudadanía hace caso omiso de lo que otra parte considera racional, no queda más que poner ambas partes a discutir. Por eso es tan importante que, en lugar de engordar al Estado con ilustrados comités de expertos que dirijan sabiamente a la opinión pública (con la pandemia, algunos insensatos han llegado a reclamar, incluso, una suerte de “vicepresidencia científica” con poderes ejecutivos), nos preocupemos de fomentar y dar cauce a ese procedimiento neto de legitimación democrática que son la deliberación y el diálogo ciudadano.

No hay ningún ser humano en ejercicio (sean cuáles sean sus creencias) que soporte vivir en la contradicción; bastaría, pues, con reducir sus ideas al absurdo para remover sus opiniones y obligarlo a un diálogo honesto y fructífero con sus vecinos. Dar una dimensión política y sistémica a esta solución “socrática”, en el marco de nuestras sociedades complejas, parece quimérico, pero no es imposible. Requeriría, eso sí, de mucho valor e imaginación. Los cambios tendrían que ser radicales. No solo – aunque sí fundamentalmente – en el ámbito educativo, sino también en el propio organigrama político, de manera que la deliberación pública tuviera un papel institucional realmente determinante. Un parlamento de ciudadanos elegidos parcialmente al azar y periódicamente renovados, y en el que la lucha por el poder careciera, por tanto, de relevancia, representaría, a este respecto, una fórmula a tener en cuenta.

Parece ingenuo, pero no perdemos nada por probar. Por lenta y arriesgada que pueda ser, sin una reforma de calado nuestras democracias estarán cada vez más cerca de desintegrarse en una proliferación de populismos insensatos y de demagogos dispuestos a capitalizarlos. No es que esta situación sea, en absoluto, nueva (en rigor, es un defecto congénito de la propia democracia), pero advertirla podría ayudar a algo que sí que sería históricamente sustantivo: ponerle remedio.

¿Nacionalizar Twitter?

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.

Que hayan sido los ejecutivos de Twitter los primeros en juzgar y castigar al presidente del país más poderoso del mundo, eliminando su cuenta en la red social y condenándole al ostracismo, da mucho que pensar. El propio director y fundador de la empresa, Jack Dorsey, ha calificado de peligroso el poder que corporaciones como la suya mantienen sobre la “conversación pública global”, algo que suena un tanto irónico si asumimos el control que las grandes plataformas tecnológicas (Microsoft, Google, Apple, Amazon, Twitter, etc.) tienen ya sobre la práctica totalidad de nuestras vidas.

A nadie debería escapársele que estas compañías son hoy el soporte estructural de la economía, la política, y la vida social y cultural, en prácticamente todo el mundo. No hay mediación simbólica, acción gubernamental, trámite administrativo o proceso social (trabajo, información, educación, consumo, ocio, interacción privada) que no se genere o circule, hoy, a través de los entornos y códigos digitales que tales compañías proporcionan. Todo depende hoy absolutamente de ellas, pero, fuera de ciertos cenáculos intelectuales, nadie parece alarmase especialmente por esto.

¿Qué explica este grado de conformidad? Una respuesta parcial es que los mismos movimientos de resistencia, por nimios que sean, están mediados por las propias plataformas tecnológicas. De hecho, no solo permitimos que estas gestionen con naturalidad la mayoría de nuestros actos privados, sino también todo flujo de información y contrainformación, opinión o acción política. No es solo Donald Trump el que gobierna hoy a través de Twitter: lo hace todo personaje, partido, grupo o institución con pretensiones de conservar o alcanzar el poder. Y de esto no están excluidos los elementos más revolucionarios, disruptivos o “antisistema”. Todos caben en el logaritmo de las redes y los buscadores; todos pagan su cuota de cesión de datos, y todos reciben la publicidad y el valor de capitalización correspondiente por parte de la oligarquía digital al mando.

De la abducción de lo político por los viejos medios de comunicación de masas, algo que tanta controversia generó en el siglo pasado, se ha pasado, pues, y en apenas cuarenta años, a la sustitución de lo real mismo (no solo lo político, también lo económico, lo social y lo cultural) por una red de entornos virtuales creados y controlados por un puñado de empresas tecnológicas. Las nuevas calles, plazas, negocios, escuelas, servicios, locales de ocio, asociaciones o instituciones, se encuentran, hoy, en esa red, y son sostenidas y controladas (cuando no directamente gestionadas) por emporios privados como los de Jack Dorsey. No solo se trata, pues, del poder de callar a discreción a la gente (al mismo presidente de los EE.UU., sin ir más lejos), sino de más, de muchísimo más.

¿Qué se puede y debe hacer frente a esta casi perfecta y descomunal confusión entre el interés común y privado? No es, desde luego, cuestión de nacionalizar Twitter o de intervenir a las compañías tecnológicas. Por peligroso que sea dejar a ciertas empresas el control del escenario global en el que vivimos, poco ganamos aquí con dar esa potestad en exclusiva al Estado. Es cierto que es en el mismo mundo virtual en que debatimos, comerciamos, nos informamos, educamos o entretenemos hoy, donde debemos reconstituir el espacio público robado, pero esta tarea debe estar fundamentalmente en manos de la ciudadanía. Si algo tienen de bueno las redes es la capacidad de habilitar una sociedad civil que, con solo una porción del inmenso poder de gestión y control que poseen las plataformas tecnológicas, podría tener mucha más relevancia social y política de la que haya podido tener nunca.

¿Cómo propiciar esta estructura civil? No es sencillo, pero a la vez es imprescindible, si es que no queremos que nuestros estados democráticos se conviertan en poco más que departamentos internos de las grandes corporaciones tecnológicas. Prestar regulación legal, formación y recursos básicos con objeto de facilitar el acceso generalizado a conexiones de calidad, promover el uso social de códigos de software libre o constituir plataformas (de gestión, educación, deliberación o participación ciudadana) de naturaleza no privada sería, todo ello, un buen comienzo. Desarrollar, a partir de ahí, un entramado digital de entornos estrictamente públicos (como son todavía nuestras calles, plazas o edificios estatales), eficaces y atractivos, democráticamente autorregulados, y libres de manipulación gubernamental, sería un reto aún mayor. Aunque el primer paso tenemos que darlo, insisto, los ciudadanos; como mínimo, para que ni Twitter ni nadie puedan cerrarnos la boca.