Qué trae de bueno la LOMLOE

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura , el Periódico de España y el diario La Provincia.

Sobre la LOMLOE, la ley educativa que ha empezado a aplicarse este curso en las aulas, se dice de todo, la mayoría de las cosas, me temo, por ignorancia, confusión o intereses no muy claros. Se dice, sobre todo, que es otra nueva ley inventada por pedagogos alejados de lo que realmente sucede en las aulas. Veamos si esto es o no cierto.

De entrada, la LOMLOE no es una ley sustantivamente nueva, sino (como su propio nombre indica) una actualización de leyes anteriores (básicamente de la LOE, que lo es a su vez de la LOGSE, que es la que sustituyó a la ley franquista de 1970). Por otro lado, que una ley sufra ajustes sucesivos, sin cambiar sus principios fundamentales, no es más que un síntoma de que los ciudadanos, como es habitual en democracia, tienen ideas parcialmente distintas sobre educación (otra cosa es la instrumentalización política de esa controversia más allá del ámbito educativo y las imposturas legislativas que esto pueda procurar).

En segundo lugar, la LOMLOE no es una nueva “ocurrencia” de los pedagogos, y esto no ya solo porque sea una actualización de leyes más que probadas, sino también porque las presuntas novedades que incorpora (el enfoque competencial de los currículos, los perfiles de salida, las situaciones de aprendizaje…) llevan años desarrollándose, tanto en las naciones de nuestro entorno como en nuestro propio país. Por lo demás, el objeto de esa incorporación es el de ajustar plenamente la ley española a recomendaciones europeas que llevan casi veinte años en vigor, inspirándose en modelos ya asentados como, entre otros, el de Portugal o Quebec. ¿Dónde están, pues, las “ocurrencias”?

En cuanto a la queja por que una ley educativa esté concebida por “pedagogos”, es decir, por expertos en educación, ¿qué cabe decir? ¿Por quién debería estar concebida si no?... La pedagogía es, sin duda, una ciencia “blanda”, imprecisa e inconsistente en algunos de sus planteamientos (como lo es, en general, cualquier otra ciencia humana), pero es lo mejor que tenemos. Y lo será mucho más, sin duda, si se combina con la experiencia práctica de los docentes. Es por esto por lo que la LOMLOE, aunque concebida en sus líneas generales por pedagogos, ha sido desarrollada de forma sistemática por cientos de maestros y profesores en activo, que han trabajado en ella durante meses, tanto en el ámbito nacional como en el de cada administración autonómica. 

Visto pues que la ley es algo más que una mera ocurrencia teórica de los pedagogos, ¿qué es lo que trae de bueno dicha ley? Yo destacaría tres elementos. El primero es la adopción (estructural, y no ya retórica) del citado enfoque competencial, esto es, de la idea de que aprender X es necesariamente equivalente a aprender a hacer algo (empezando por pensar) con X. Una idea obvia, pero que dado el carácter cosmético de parte de los “aprendizajes” al uso, había que articular y traducir en términos curriculares.

El segundo elemento refiere la consagración normativa del enfoque integral de la educación, seriamente desvirtuado por la ley Wert. Una educación integral es aquella que no atiende únicamente a la faceta académico-laboral del alumnado, sino también a la cívica y personal. De ahí que el currículo LOMLOE incorpore explícitamente la educación cívica en todas las áreas y materias, añadiendo, además (aunque de forma insuficiente, todo hay que decirlo), la formación ética y filosófica necesaria para evitar que esa educación cívica degenere en adoctrinamiento ideológico. No olvidemos que de esta formación cívico-ética depende nuestra cohesión como sociedad en torno a valores e identidades comunes, inclusivas y alejadas de dogmatismos políticos, religiosos o de cualquier otro tipo.

Un tercer elemento igualmente importante que nos trae la LOMLOE es el del incremento de la autonomía de centros y docentes. De hecho, la norma se ha concebido, entre otras cosas, para prestar cobertura legal a prácticas educativas que, por su dimensión innovadora, no podían aplicarse hasta ahora “con todas las de la ley”. Es extraño, por ello, el afán “ordenancista” que demuestran (y demandan) algunos en relación con su aplicación en las aulas. La LOMLOE representa un marco normativo idóneo para concebir y realizar prácticas educativamente innovadoras, contextualizadas y transformadoras, y no, en ningún caso, una máquina de generar informes y formularios con los que contabilizar, fiscalizar y tratar de uniformar hasta el último detalle el trabajo docente. Si las administraciones o algunos docentes creen esto, es que, a mi juicio, no han entendido el propósito de la ley, y hay que hacérselo saber.

Ciertamente, la tarea educativa es incompatible con dos de los peores males que suelen aquejarla (y que, además, ella misma perversamente transmite a veces): la hipertrofia retorico-legislativa y el dirigismo ciego. Pero estos males no lo serían tanto si no hubiera siempre un numeroso grupo de personas dispuestas a ser cómodamente dirigidas antes que tomarse la molestia de asumir sus propias responsabilidades. 

 

La filosofía como eje de la educación en democracia

 La revista Paideia tuvo la gentileza de publicar en su último número nuestro artículo "La filosofía como eje de la educación en democracia". En él sostenemos la idea de que la formación filosófica es un componente fundamental de la educación en y para la democracia. La razón es que tres de las propiedades más importantes de las ideas de democracia y de educación (la orientación axiológica, la dimensión dialéctica y la autorreferencialidad) son las mismas que caracterizan específicamente a la actividad filosófica, una disciplina que contribuye como ninguna otra al aprendizaje de tres competencias análogas a dichas propiedades (la especulación en torno a las ideas, el diálogo crítico y la actitud reflexiva) y que resultan necesarias tanto para el ejercicio pleno de la ciudadanía como para el desarrollo de una educación articulada en torno a la autonomía del alumnado. 

La revolución de la longevidad

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Una de las mayores transformaciones que caracteriza a las sociedades actuales, con nuestro país a la cabeza, es la del incremento de la longevidad. La mayoría de las personas vive hoy el doble de años que hace un siglo; un hecho revolucionario que abre posibilidades y genera desafíos económicos, sociales, políticos y culturales históricamente inéditos.

Este incremento de la longevidad no es solo un dato cuantitativo, sino también cualitativo: no solo aumentan los años de vida, sino también la capacidad para darle más vida a esos años y, con ello, de adoptar un rol activo en relación con el desarrollo y bienestar común.

La idea que va imponiéndose es que el envejecimiento, lejos de concebirse como un estado de decadencia y pasividad, representa una nueva etapa de crecimiento y transformación personal y social. Frente a los valores de «lo eternamente joven» y la obsesión por disimular el paso del tiempo, la vejez se reivindica hoy como un estado de plenitud y actividad humana capaz de aportar múltiples beneficios a la sociedad, no solo económicos (la llamada «economía de plata»), sino también afectivos, cívicos y culturales.

El fenómeno de la longevidad no es, pues, reducible a una suerte de trastorno demográfico o económico (relacionado con el descenso de la productividad o la sostenibilidad de los recursos públicos), sino que refiere un viraje integral mucho más amplio y fundamentalmente positivo. Las cada vez más numerosas y mal llamadas «clases pasivas» no son en absoluto pasivas o improductivas: viajan y consumen, cuidan y permiten la conciliación laboral a sus familiares, practican el voluntariado, hacen deporte, desempeñan funciones laborales de modo emérito, y llenan a rebosar determinados eventos culturales o las aulas de instituciones como las universidades de mayores, donde, además de aprender, enseñan y forman a todos los que tienen (tenemos) la oportunidad de trabajar con ellos. No en vano son personas que han sabido adaptarse a gigantescas y sucesivas metamorfosis políticas, culturales y tecnológicas no experimentadas nunca antes por una misma generación…

Ahora bien, el incremento de la cantidad y la calidad de los años que vivimos, y la apreciación de este fenómeno como un síntoma inequívoco de progreso, suponen el despliegue de profundos reajustes sociales inspirados en valores que, como la solidaridad y la justicia intergeneracional, solo pueden ser sólidamente asumidos desde la experiencia continuada del encuentro y enriquecimiento mutuo entre distintos grupos de edad.

Esta experiencia de encuentro no es sencilla en un mundo que tiende a fragmentar y especializar cada vez más los espacios de convivencia, relegando aquellos que tradicionalmente acogían el contacto intergeneracional (empezando por los propios núcleos familiares, cada vez menos dados a la integración de las personas mayores). Por eso mismo, las instancias públicas han de compensar y paliar estas dificultades con medidas políticas y educativas firmes y continuadas.

Me consta directamente que la nueva ley educativa (la LOMLOE) ha sentado bases sólidas – aunque siempre mejorables – para el desarrollo de aprendizajes en los que se fomente la comunicación y la cooperación intergeneracional, se rompa con viejos prejuicios edadistas, y se reconstruya la figura tradicional del anciano ligándola a nuevos modelos de envejecimiento autónomo y activo. En nuestra región, centros pioneros en la promoción educativa de las relaciones intergeneracionales (como el IES Jaranda de Jarandilla de la Vera) han generado modelos de referencia internacional. También en Extremadura, y gracias en parte al trabajo de un grupo de docentes (Ignacio Chato y tantos otros), se ha trazado un ambicioso Plan Estratégico para el Desarrollo Intergeneracional que habrá de culminar en 2025. Más allá de nuestra comunidad, instituciones como el Centro Internacional sobre el Envejecimiento, conducido entre otros por Antonio Basanta, o la Cátedra Macrosad de Estudios Intergeneracionales de la Universidad de Granada, dirigida por Mariano Sánchez, trabajan desde hace años con el mismo propósito. 

Todos estos son ejemplos del esfuerzo discreto pero eficaz de comprender y encauzar una transformación que, lejos de entenderse como un trastorno o una rémora, ha de ser concebida como una oportunidad de desarrollo colectivo, además de como una revolución en nuestro modo de entender la vejez y la vida misma. En una época de asombrosos cambios de consecuencias más o menos inciertas (muchas veces preocupantes), el de la longevidad está probablemente entre los más esperanzadores. Apostar decididamente por él es, sin duda, apostar por el futuro y el bienestar de todos. 

 

 

Los fachas y la policía de la moral

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Hace cuarenta años y en plena transición, los alumnos rebeldes llevábamos en la carpeta o la chupa las pegatinas de la Joven Guardia Roja, la chapa con la bandera republicana y el retrato del Che… Hoy, si quieres epatar a tus padres, profes y camaradas, exhibes en el móvil los vídeos de VOX, te pones como un berraco defendiendo los toros y la caza, llamas «maricones» a los que no son tan machotes como tú, y si eres todavía más chulo, adoptas toda la parafernalia nazi que haga falta para que te pare la policía (o, en su defecto, el jefe de estudios de guardia).

Y tanto entonces, hace cuarenta años, como ahora, los adultos biempensantes (entre los que uno se cuenta ya) andamos escandalizados. «¡A dónde vamos a ir a parar! ¡Menuda juventud!» – decían y seguimos diciendo –. La diferencia es que entonces la minoría díscola éramos nosotros (¡los rojos que venían a destruir España!), y ahora lo son ellos (¡los fachas que vienen a acabar con nuestra democracia!). No está mal: que vengan los “fachas” es señal de que alguna vez se fueron… 

¿Pero viene de verdad alguien? No lo sé. Cuesta estar seguro de que los fachas que despuntan hoy por varios países de Europa vayan a reinstaurar algo parecido al fascismo de los años 30 (como costaba, a finales de los 70, pensar que los rojos de entonces iban a refundar algo similar a la Unión Soviética). De momento, el auge de la ultraderecha parece, con todas sus complejidades, de un tipo similar al facherío de nuestros adolescentes: un grito de protesta de los que se sienten el último mono, sueñan emocionados con un cambio que apenas pueden describir, y disfrutan desafiando la moralina dominante. Pero súmenle a todo eso un cúmulo de tensiones prebélicas y una recesión profunda que acabe con el Estado protector y… quién sabe lo qué puede pasar. 

Por ello conviene cuidarse de esas exhibiciones, cada vez más desenvueltas, de ideas y actitudes que creíamos superadas y parecen extenderse entre los jóvenes: machismo, xenofobia, homofobia, exaltación de la violencia… Ahora bien, la pregunta, naturalmente, es: cómo. Y la respuesta, por mucho que impaciente a muchos, solo puede ser la de siempre: a los jóvenes solo se les corrige educándolos.

«¿Pero es que no los educamos ya?» – preguntará alguien –. Pues no sabría qué decirles. Si por educar se entiende soltarles de vez en cuando una homilía sobre lo buenos que son nuestros valores, no estamos haciendo nada. Ningún ser humano se convence de la legitimidad de algo por simple enunciación, por entusiasta que esta sea.

Tampoco vale prohibir lo que tendríamos que esforzarnos por cambiar. En primer lugar, porque para cambiar la conducta de alguien no cabe más que convencerlo, y una prohibición es lo contrario de una argumentación convincente. Y, en segundo lugar, porque imponerle algo a un ser racional (sin darle razones para ello) es violentarlo y, por lo mismo, provocarle unas ganas tremendas de violar lo mismo que le impones. Prohibir es el antónimo exacto de educar y, en boca de un educador, una patética manifestación de impotencia que ningún adolescente que se respete a sí mismo puede aceptar (aunque lo disimule).

Piensen, además, a dónde conducen las prohibiciones. ¿Por qué íbamos a limitarnos a prohibir, por ejemplo, que un chico haga el saludo nazi en clase? ¿No es mucho más peligroso que lea el Mein Kampf o que haga proselitismo entre sus compañeros en el patio? ¿Habrá que controlar entonces los libros que se traen al centro, o colocar micrófonos en los pasillos, como si en vez de educadores fuésemos una especie de «policía de la moral» persiguiendo «discursos de odio» (e incitando, seguramente, a un odio mucho mayor que aquel que pretendemos evitar)?

Por supuesto, y anticipándome a las objeciones que imagino, esto no quiere decir que no se deban prohibir aquellos actos en los que se ataque, maltrate o amenace a otros (como los ya célebres exabruptos de los alumnos de un colegio mayor de Madrid); la diferencia entre emplear el lenguaje para expresar tus ideas (por equivocadas que estén) y usarlo para acosar o intimidar a otras personas debería estar clara, aunque a veces no lo parezca.

Ahora bien: si educar no es dar homilías ni prohibir cosas, ¿qué es lo que es? Educar es un arte de seducción y, en cierto modo también, de corrupción. Seducir a alguien es despertar su deseo por ser algo mejor de lo que es; y corromperlo es demostrarle que para ello ha de desprenderse de ideas y valores erróneos y ajenos, en el fondo, a sí mismo. No hay proceso de madurez que no sea una sucesión de encuentros con gente que, en lugar de soltarte filípicas o prohibirte cosas, te escucha con cuidado, te demuestra amablemente lo idiota que eres y te ayuda a buscar algo mejor. Y los jóvenes que hoy saludan como nazis buscando llamar nuestra atención necesitan como nadie de esos encuentros. De hecho, es lo que están pidiendo – literalmente – a gritos.

 

Votar a los diecisiete

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Me preguntaban en unas jornadas sobre educación sobre cómo es que los alumnos y alumnas nunca participan en la elección de las leyes y los currículos educativos, siendo los más directamente afectados por ellos. La respuesta estaba clara: porque los adultos no les dejan.

La única razón que se esgrime para justificar este ejercicio «adultocéntrico» del poder es la misma que se emplea para rechazar que se pueda votar desde los dieciséis años (algo que se ha vuelto a debatir estos días en el Parlamento). La susodicha razón es que los jóvenes de dieciséis o diecisiete años son presuntamente inmaduros para participar en política, un argumento completamente capcioso que ya se empleó, siglos ha, para negar el derecho al voto a las clases populares o a las mujeres. De ellas también se decía entonces (igual que de los jóvenes ahora) que eran inmaduras, maleables, poco hechas a asumir responsabilidades y emocionalmente inestables…

El argumento es obviamente falso. Pero conviene desgranar los motivos. El primero es que se funda en una determinación completamente arbitraria de lo que supone ser «moral o políticamente maduro» (una determinación que inexplicablemente se deja en manos de neurólogos o psicólogos, como si estos tuvieran competencia alguna para definir qué sea lo «moral»). Y el segundo es que, independientemente de esta falaz presunción, la inmensa mayoría de los estudios (justamente científicos) coinciden en que los jóvenes entre dieciséis y dieciocho años tienen, como mínimo, la misma capacidad para pensar lógicamente, argumentar y tomar decisiones racionales que los adultos…

Por supuesto, se puede argüir que los jóvenes de diecisiete son más impulsivos y «emocionales» (o incluso «radicales», como he leído por ahí). Del mismo modo que se puede decir que los ancianos son por lo general más conservadores, los ciudadanos sin estudios más influenciables, o los adultos de clase media-alta más moderados… ¡Puestos a hacer generalizaciones!  Ahora bien, ¿invalida esto el derecho al voto de los ancianos, las personas sin estudios o los ciudadanos acomodados? De ninguna manera. Se supone que la democracia se funda precisamente en considerar los intereses y deseos de todos, estén influidos por lo que estén influidos. ¿y por qué habría de ser peor estar influido «por las hormonas» que por el afán (no menos emocional) de defender tus intereses de clase?

Frente al pésimo argumento de la presunta “inmadurez” moral de los jóvenes encontramos, sin embargo, un elevadísimo número de razones a favor de disminuir la edad para votar. La primera es obvia: si los jóvenes de dieciséis años pueden emanciparse, trabajar, dar consentimiento médico, casarse o ser penalmente responsables, ¿por qué no van a poder también votar? ¿Por qué motivo vamos a considerarlos «maduros» para formar una familia o trabajar, pero no para elegir a aquellos que les gobiernan?

Otro buen argumento a favor de facilitar el voto a los más jóvenes es el de promover su compromiso con el ejercicio activo de la ciudadanía, evitando o disminuyendo desde su raíz la desafección política (de hecho, en algunos de los países europeos en que se ha instaurado la medida – como Escocia o Austria – ha aumentado notablemente la participación y el compromiso cívico de los jóvenes).

En tercer argumento es que el acceso al voto de un mayor número de gente joven incrementaría su capacidad para defender sus legítimos intereses (en un contexto económico que les es, además, muy desfavorable) frente a los de una mayoría de adultos y ancianos que, por razones políticas y demográficas, acumulan hoy todos los privilegios y resortes del poder.

Hay finalmente otro dato fundamental, al que tengo, por mi oficio, un acceso privilegiado. Después de trabajar veinticinco años con jóvenes (con jóvenes, precisamente, de entre dieciséis y dieciocho años), puedo asegurar que el grado de preocupación por los verdaderos problemas políticos (como la injusticia, la guerra, la desigualdad, los derechos civiles, etc.), o la capacidad para dialogar o evaluar ideas nuevas, son siempre mayores entre mis alumnos y alumnas que entre gran parte de los adultos que conozco, que o bien «pasan ya de todo», o bien solo se preocupan de aquellos asuntos públicos que afectan a sus particulares intereses o que interfieren con sus más obsesivos prejuicios.

Y sí, podemos sonreír con altivez y pensar que esos jóvenes de los que hablo son unos ingenuos. Pero, aunque así fuera, un sistema político también necesita del voto de los más ingenuos e «idealistas» (que no necesariamente «radicales»). Es decir, de aquellos que, a diferencia de mucha gente mayor, aún pueden mirarse al espejo y darse moralmente la absolución sin demasiados aspavientos retóricos.