miércoles, 29 de julio de 2020

Comer es de pobres

“Comer es de pobres”. Lo repite mi amiga la pintora Carmen Rodríguez Palop cada vez que, en mitad de una conversación de barra, alguien sugiere apoltronarse a comer en una mesa. Esa necesidad – o mucho peor: ese gusto – de apesebrarse frente a un plato a llenarse la boca de materia orgánica en descomposición – en lugar de usarla para lo que Dios la hizo, esto es, para recrear el mundo con ella – es de gente, piensa ella, con muy poca alma.

En la misma línea, leía al editor Andreu Jaume recordándonos cómo el culto contemporáneo al cuerpo (esa cosa idealizada por el cuñadismo metafísico), esto es, a la salud, al deporte, al sexo, al despelote sin complejos (¡Ah, el horror! ¡El horror!) y a la gastronomía, están relegando al espíritu y al lógos a una posición marginal. Los cocineros – decía Jaume – son ahora nuestros filósofos – una reducción gaseosa de los más líquidos y posmodernos –.

Por esto admiro la defensa desenfadada y sin esperanzas (¿habrá otra más digna?) que hace la Palop del espíritu sobre la carne, de la figura erguida, en vigilia perpetua, del conversador de barra – vino en ristre y escudo de tapa contra la gula – frente a la sanchopancesca del que busca apoltronarse junto a un plato. Fíjense que la afición desmedida a sentarse a comer es siempre un síntoma de decadencia moral y cultural (y, políticamente, de que hay principios que cocer al hedor de apetitos más crudos). Por ello, cuando uno cree no creer ya nada (y le faltan criadillas para darse a drogas más potentes) se tira a la manduca como animal de granja o bellota (según la renta). Y que, por lo mismo, una civilización comienza su declive cuando del frugal avituallamiento en campaña – y el culto al vino – pasa al boato de los banquetes – y a otras y más apolíneas flatulencias –. Recrearse en la comida es depresivo, terminal, la más vana huida hacia el barro y la tumba – o, cuando menos, hacia el sopor y la siesta –. 

Pero lo peor es que el imperio de esa figura tontorrona, sentimental, frívola y tolerante con todo (lo que no amenace su interés) del gordo Sancho Panza (hoy encarnado – o empanado – en parte en el “amante de la gastronomía”), no solo representa, sublimado, el orbe burgués (es su arquetipo moral, tan distinto al del guerrero, el sabio o el santo, todos ellos humanamente en forma, esto es: bélica o espiritualmente activos), sino que ha colonizado (de “colon” y no de “colonus”) el espacio popular – el de las tabernas, por ejemplo, sustituidas por franquicias de mesa obligada y engorde por turno –  y empapado lo que hoy se nos quiere hacer tragar como cultura. Comprueben, si no, el desenfrenado festín de menudillos en torno a lo gastronómico con el que se anda empachando a la gente (programas y concursos de cocina, secciones sobre el “arte de comer” en los periódicos, cocineros opinando en los platós, gastro-bares, rutas gastronómicas…), si bien no todos comen aquí en la misma olla.  Así, mientras el neoproletariado saca barriga, y hasta obesidad mórbida, cenando frente al masterchef de la tele, la neoburguesía – incluyendo la progre y descreída ya de toda resistencia al consumo – luce la forma del viejo proletario famélico adoptando “posiciones ético-filosóficas” no menos ligadas al condumio: el vegetarianismo, el slow food, los alimentos orgánicos, el sibaritismo erudito, el cosmopolitismo culinario, la religión hortelana… Se ve que la democratización de las proteínas obliga a una versión más distinguida del culto al estómago.

Sin embargo, y de milagro, junto a este guiso cultural soso e insípido (la excepción pantagruélica se vuelve hastío cuando se convierte en norma), aún sobrevive la figura asténica y quijotesca, raciocinante o mística – según el vino – del conversador de barra, siempre con el hambre justa que requiere el ingenio. Por esta figuración tan griega del espíritu trasiegan aún nuestra raíz y nuestro sino. Cultívenla y abandonen esa obsesión pueril por amamonarse comiendo, hablar de comida, fotografiar platos, buscar mesa… No lo olviden: aunque se deje usted timar (cuestión de imagen) en los locales más cool del universo, la verdad no se cocina, y comer seguirá siendo cosa de pobres. No de solemnidad, sino de espíritu.

Este artículo fue originalmente publicado en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo en prensa pulsar aquí. 


miércoles, 22 de julio de 2020

¿Para qué tener hijos?




A finales de siglo la población de este país se habrá reducido en un 50%. España será un solar casi vacío, pobre y lleno de viejos. Lo dice la prestigiosa revista The Lancet. Y lo corrobora el INE: la tasa de natalidad sigue en caída libre, con 7,6 nacimientos (7,1 en Extremadura) por cada 1.000 habitantes, el dato más bajo desde 1941.

¿Qué se puede hacer? Las ayudas económicas no sirven de mucho. Nadie tiene un hijo porque le premies con un cheque-bebe. Es cierto que disponer de empleos estables, facilidades para la conciliación laboral, viviendas asequibles o ventajas fiscales ayudan, pero no son la panacea. En circunstancias mucho peores la gente tiene hijos a mansalva; y en otras mucho mejores (piénsese en países con mayor cobertura social que el nuestro) se siguen teniendo los mismos (pocos) hijos que aquí

Del resto de las opciones, algunas (restringir el acceso a los servicios de salud reproductiva, elevar la edad de jubilación) son inaceptables, y otras (la robotización del trabajo) fantasiosas. La única salida, según el estudio de The Lancet, es facilitar la inmigración. Lejos del mensaje enloquecido de la ultraderecha, los migrantes no solo no son una amenaza, sino que son, en varios sentidos (demográfico, laboral, económico), nuestra única esperanza de salvación. De ahí el interés (y no solo la obligación moral) de abrirles vías seguras de acceso, regularizar a los que ya hay e invertir en la integración de los que vengan.

Ahora bien, la solución migratoria esconde un problema. Si los migrantes se asimilan, como es esperable, a algunos de nuestros estándares socioeconómicos y culturales (mayores ingresos, acceso de la mujer a la educación y el trabajo, participación del modo de vida europeo), estaremos de nuevo en las mismas. Porque la baja natalidad no es – hay que decirlo ya – un asunto anecdótico o pasajero, sino un elemento estructural (esto es: moral e ideológico) de nuestra cultura.

Nuestra forma de vivir depende de modelos morales, esto es, de creencias, valores, arquetipos y fines considerados fetén. Tales valores y fines apuntan, en general, a un tipo de plenitud humana fundada en la realización y el éxito profesional de un lado, y en el consumo de experiencias gratificantes (sin más coste que el económico), del otro. Son dos objetivos netamente individuales (el individuo – y no ya la familia – es el verdadero sujeto social) y difícilmente compatibles con tener hijos: por regla general (y a no ser que “subcontratemos” la crianza, como ha hecho siempre la gente de postín), los niños lastran el desarrollo profesional y limitan un estilo de vida basado en el placer y el consumo.

Si los hijos ya no son un simple proceso natural (ni los manda Dios ni responden a un “instinto” irrefrenable), ni una fuente de beneficios materiales (ni vienen con un pan bajo el brazo, ni son el sostén de nuestra vejez, ni la perpetuación de nuestro patrimonio), ni una “marca” de prestigio (ni hacen “verdadera mujer” a la mujer, ni “reconocido padre de familia” al varón), solo pueden ser el fruto de una compleja elección moral. Ahora bien, insistimos, ¿por qué habríamos de sacrificar, aun parcialmente, nuestra carrera, o lo que entendemos por “buena vida”, para tener hijos? Vale que dejemos esto (tal como los trabajos que ya no queremos hacer) a los migrantes. Pero ¿y cuándo ellos sean como nosotros y prefieran, también, triunfar y pasarlo bien en lugar de esclavizarse criando niños?

A un problema moral solo cabe darle una respuesta moral. A mí se me ocurren, por lo pronto, dos: la primera sería reconocer el valor incalculable que supone la tarea de educar a los hijos; al lado de esto, triunfar en casi cualquier otra profesión resulta una zarandaja insignificante. La otra sería deshacer la confusión entre darse una “buena vida” y malgastarla en simulacros más o menos gozosos (comprar, viajar, entretenerse…), cuya consecuencia, tarde o temprano, es la de una creciente sensación de vacío. Si logramos hacer ver esto, podríamos empezar a convencernos de que tener hijos no es un “sacrificio” ni una elección irracional, sino una de las maneras más bellas, generosas y consistentes de dar sentido a la vida. 

Esté artículo fue publicado originalmente en El Periódico Extremadura, La Opinión de Murcia




miércoles, 15 de julio de 2020

Censura de izquierdas



Seguramente ya conocen la carta publicada en EE.UU. por más de 150 intelectuales, periodistas y artistas, en la que se denuncia el clima de acoso a la libertad de expresión por parte de la llamada “izquierda identitaria”. Más acá del contexto genuinamente norteamericano en que se inscribe, el contenido de esa carta podría servir para describir el ambiente opresivo de puritanismo ideológico y corrección política que, también en nuestro país – y aun (y aún) de manera más laxa –, obliga a pensárselo dos veces antes de entrar a debatir sobre ciertos temas – prostitución, aborto, feminismo, nacionalismo, identidad de género, discapacidad – …

No creo que haga falta buscar ejemplos. Peticiones de retirada de libros, linchamientos mediáticos, denuncias y boicots a profesores o conferenciantes, censura o cancelación de obras o eventos artísticos, van conformando, también aquí, una atmósfera asfixiante que empobrece el debate, promueve el miedo a discrepar, y sustituye la argumentación por la trapacería demagógica, el escrache y el linchamiento en las redes.

Sin duda que este ambiente opresivo se fomenta igualmente desde la derecha más recalcitrante (recuerden la “ley mordaza” y la gente encarcelada por manejar títeres, contar chistes o blasfemar), pero resulta especialmente interesante (y preocupante) el caso de la izquierda, sobre todo por las razones con que pretende justificarlo. De hecho, la carta de marras, firmada por adalides de la izquierda tradicional como Noam Chomsky, ha recibido ya la correspondiente réplica desde la “otra” izquierda. Veamos sus argumentos.

El primero y más tosco (lo esgrime recientemente Andrés Barba en El País) es que “la cosa no es para tanto”. ¿Qué se lincha a personas? Sí; pero en muchos casos esos linchamientos acaban en nada (¡qué suerte!), y en otros se vapulea a tipos que no son trigo limpio, o que representan a las clases privilegiadas (sic); en todo caso – se afirma – este tipo de barbarie es el cauce inevitable para dar voz a los sin voz y fuerza a movimientos sociales más justificada u ordenadamente “justicieros”.

El segundo argumento es el de “esto es la guerra (cultural), muchacho”. Es el argumento que reniega de los argumentos. O la idea de que las ideas, el diálogo y todas esas formas “filosóficas” de contrastar opiniones, no son más que una concesión inoportuna a las élites. Inoportuna porque ahora no es el momento de pararse a debatir (nunca lo es para el fanático político), y elitista porque la gente que hay que defender no está para filosofías. Paternalismos aparte, se trata aquí de viejos teologemas revolucionarios (el antiteoricismo y la reducción de las ideas a ideología, la justificación de los medios en función de inmaculados y brumosos fines, la concepción romántica del activismo gregario) nunca probados, siempre fracasados, y defendidos, ahora, por una nueva generación de pijos burgueses de estética alternativa que pretenden cambiar la sociedad vía Twitter. 

El tercer argumento y el más citado (véase la réplica de O. Nwnevu en The New Republic o la más colectiva en The Objective) es que los firmantes de la Carta (además de Chomsky, gente como Salman Rushdie, Margaret Atwood o la feminista Gloria Steinem) no son más que viejos popes de la cultura, sin casi otro mérito que ser varones y/o blancos y/o héteros y/o ricos, atemorizados por la vocinglería de los desheredados que amenaza, al fin (gracias, por cierto, a esos “izquierdistas” que son Jack Dorsey o Mark Zuckerberg), sus privilegios. Pero esto es pura demagogia. La lucha por incluir todas las voces al debate público no solo no es opuesta, sino que está absolutamente vinculada a la exigencia de que dicho debate exista, esto es: a que se permita opinar de todo con libertad, que es lo que pide, sustancialmente, la carta.

Ya lo dijo Kant (varón, blanco, etc.): la revolución no consiste en cortar cabezas (sustituyendo una tiranía por otra) sino en transformarlas. Y para esto es imprescindible convencer. Y para convencer es necesario el diálogo libre y crítico, libre de censura. Todo lo contrario de lo que pretenden los revolucionarios – y los iluminados del ala opuesta – en el mundo de la Twittersphere.

Este artículo fue originalmente publicado en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo en prensa pulsar aquí.


jueves, 9 de julio de 2020

Summer is coming



El cambio climático se acelera. Según nos dice la AEMET desde los años 60 llueve casi un 20% menos, y en los últimos decenios se han acumulado los años más secos y calurosos jamás vistos. “The summer is coming”, podrían decir los personajes de Juego de Tronos contemplando el paisaje, agostado ya, de Los Barruecos.

Las consecuencias del cambio climático son claras (desertización, incendios, subida del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos…). Y la causa principal, reiteran los informes científicos, también: el incremento de gases de efecto invernadero fruto de nuestra manera de vivir, producir y consumir.

Ahora, la pregunta del siglo. ¿Por qué no hay una reacción más enérgica a la crisis climática (más allá de las tibias medidas acordadas – y sistemáticamente transgredidas – hasta ahora)? La respuesta es compleja, pero se pueden señalar algunos factores de naturaleza psicológica y ético-política.

Entre los elementos psicológicos más desmotivadores esta la complejidad con la que se percibe cualquier solución a escala global (poner de acuerdo a cientos de países, y a miles de millones de individuos, cada uno con sus problemas e intereses, es un logro improbable). Otro agente desmoralizador es la falta de visibilidad de alternativas viables y atractivas (afrontar la crisis climática exige cambios en nuestra manera de vivir, pero ¿cuáles y hasta qué grado?). Por último, los efectos más palpablemente catastróficos parecen todavía relativamente lejanos – y ya saben que solo nos inquieta de veras lo que experimentamos como próximo o inminente –.

En todo caso, los principales obstáculos para afrontar con firmeza la crisis climática son éticos y políticos. De entrada, no existe ninguna institución internacional con el poder necesario para ejercer la coerción legal que exigen las circunstancias. Y no la hay porque en la mayoría de las sociedades y grupos de poder impera aún el tipo de “realismo político” que impele a ver el mundo como un juego de tronos en que la lucha por la hegemonía y el beneficio particular se concibe casi como una ley de la naturaleza; creencia a la que hay que añadir el dato – importante – de que los efectos del cambio climático no resultan igual de perjudiciales para todos – y que quien sepa aprovechar esa ventaja se situará en una posición de indudable privilegio –.

Este “realismo político” y el modelo moral adyacente – fundado en valores como la competencia, la acumulación de bienes materiales, la lealtad exclusiva a los “tuyos”, la instrumentalización de los demás, etc. – son, en el fondo, los principales obstáculos en la lucha contra el cambio climático, y no son, en absoluto, fáciles de eliminar.

Repárese en que la principal argumentación que suele oponérseles es del todo inofensiva: la presunta obligación ética que tenemos con las generaciones futuras. La respuesta del realista a este imperativo moral es, para él, más lógica que cínica: “¿Por qué voy a moderar mi bienestar presente por el de personas que no solo no conozco, sino que ni siquiera han nacido?”. Racionalmente (si utilizamos el término “razón” en sentido moderno) no hay ningún motivo para solidarizarse con quien no te puede pagar el favor. ¿Sacrificarte gratis? ¿Por qué?

El gran problema de la “ética del deber” (aparentemente contrapuesta a la del interés) es que carece de fundamentación racional desde los presupuestos del pensamiento contemporáneo. Si todo lo que hay es lo que la ciencia dice que hay, es de locos preocuparse por nada que no sea el “carpe diem” horaciano. El futuro, la salvación, la permanencia de vida humana sobre la Tierra… son anhelos puramente metafísicos. En el mundo físico nada permanece realmente y no hay nada, pues, que “salvar”, ni futuro o sentido alguno por el que sacrificar el ahora.

¿Entonces? Afrontar la crisis climática que se avecina exige una revolución moral e intelectual: superar la moral y la metafísica pobre que representa el materialismo, y reconsiderar más profunda y racionalmente las cuestiones fundamentales acerca de la naturaleza de lo real, de lo que somos los humanos, y de lo que, en consecuencia, debemos creer, hacer y esperar.

Este artículo fue publicado en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo original pulsar aquí.





jueves, 2 de julio de 2020

¿Una vicepresidencia científica?


En un reciente artículo, el neurocientífico Rafael Yuste y el ingeniero Darío Gil (Que la ciencia revolucione la política, El País, 7/6/2020) proponían distintas medidas – la más destacable la de crear una “vicepresidencia científica” – con que asegurar la presencia de la ciencia en las esferas de poder, algo que, según ellos, resulta imprescindible no solo para encarar situaciones como las de la actual pandemia, sino también para tomar todo tipo de decisiones gubernamentales.

Como el artículo ha complacido a algunos de mis amigos más entusiastas (ya saben el fervor religioso que despierta el positivismo cientifista), me apresuro a refutar su tesis, no vaya a ser que la cosa animé a más forofos de las utopías tecnocráticas (esas en las que los científicos, nobles y heroicos, vienen a gobernar y salvar el mundo – opuestas a las distopías, no menos frikis, en que los mismos científicos, ambiciosos y enloquecidos, se aprestan a destruirlo –).

La primera razón por la que los científicos no deben tener poder político es que la ciencia no sabe más que usted o que yo acerca de lo que se debe hacer con ese poder. Y digo “lo que se debe” porque la política trata, fundamentalmente, de aquellos fines, normas y acciones que, por considerarlas buenas o justas, debemos proponernos como marco legítimo de convivencia. Ahora bien, para saber qué es “lo que se debe” no vale el método de la ciencia – lo “bueno” o lo “justo” no son “hechos” observables o sujetos a experimentación –. Por eso a casi ningún científico serio se le ocurre que su competencia como tal le habilite especialmente para ser gobernante. ¿Esto quiere decir que las ciencias (la economía, la biología, el urbanismo, la propia politología…) no sean políticamente valiosas? En absoluto; los científicos deben asesorar a los políticos proporcionándoles datos y opciones, calculando las consecuencias de tales opciones y, llegado el caso, contribuyendo a su realización, pero no, de ninguna manera, intentando determinar cuál o cuáles son políticamente las más justas.

El segundo motivo para no permitir que los científicos ocupen el poder es el rechazo democrático a la vieja idea platónica del “gobierno de los sabios”. Ese rechazo es fruto de la creencia (irracional, pero de sentido común para muchos) de que sobre los asuntos ético-políticos no hay conocimiento objetivo que valga (ni científico ni no científico), sino solo gustos u opiniones, por lo que la única forma de decidir qué leyes debemos ponernos es, en última instancia, la de la imposición de lo que quiere la mayoría (no por ser sabios, sino por ser mayoría). ¿Qué podría justificar entonces la pretensión de otorgar poder político a los científicos? Solo una de estas peregrinas suposiciones: o la creencia en que para gobernar justamente no se requieren criterios de justicia, o la suposición de que el conocimiento de tales criterios podría ser accesible a la ciencia (tal vez observando alguna circunvalación olvidada del cerebro). Juzguen ustedes.

El tercer motivo por el que la ciencia no ha de tener un acceso privilegiado al poder es porque, contrariamente a lo que la gente imagina, el saber científico no es ética o políticamente neutro. Que la ciencia no proporcione conocimientos éticos o políticos no quiere decir que no esté imbuida de valores o ideología (no solo la de los propios científicos, o la que se desprende de los supuestos teóricos y prácticos de su trabajo, sino también la de aquellos poderes que la sostienen institucional y financieramente). Esto explica que casi siempre haya científicos para todo (y para todo el que se pueda pagar una investigación que legitime sus propósitos).

En conclusión: los científicos tienen un rol muy importante como asesores, pero no como sujetos de decisiones políticas. La diferencia es sencilla. Y no verla clara es el primer paso para aceptar regímenes tecnocráticos en los que, en nombre de una presunta “asepsia” científica, se asumen ciegamente todo tipo de presupuestos ideológicos y se relaja el control ciudadano que debemos ejercer sobre los (cada vez más numerosos) comités de expertos que – indudablemente – requieren nuestras modernas y complejas sociedades.

Este artículo fue publicado en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo completo pulsar aquí. 

lunes, 29 de junio de 2020

Docentes, currículos y ratios en la nueva ley educativa

Una verdadera reforma en la formación y selección del profesorado, una renovación profunda del currículo, en la que se apueste decididamente por la formación crítica y filosófica, y una apuesta decidida por la bajada de ratios y la educación (presencial) de calidad: estos son los elementos más importantes de una reforma educativa que sueñe con acabar con los índices de fracaso educativo que asolan nuestro país. De esto trata nuestra primera colaboración en El Salto Extremadura. Para leer el artículo completo pulsar aquí

jueves, 25 de junio de 2020

Filosofar desde niños



Ya saben que anda ultimándose una nueva ley educativa y, con ello, vuelve el debate en torno a qué materias y contenidos han de conformar, y en qué medida, el nuevo currículo. ¿Qué debemos enseñar a los alumnos? El asunto es complejo. Pero hay una serie de principios que parecen, en esto, difíciles de refutar. Veamos.

En primer lugar, la educación no puede consistir en simple transmisión de información (algo que está ya, por doquier, al alcance de todos) sino, más aún, en capacitar para el análisis y la valoración crítica de la misma. En segundo lugar, la educación ha de aunar lo teórico y lo práctico, tanto en los contenidos como en el modo de enseñarlos y aprenderlos, y con lo práctico no solo me refiero al conocimiento técnico, sino también a la moral (no basta con formar para ejercer una profesión, también es necesario hacerlo para ejercer una ciudadanía libre y responsable). En tercer lugar, una educación a la altura de los tiempos ha de promover la relación entre disciplinas, lo cual no equivale a confundirlas, sino a comprenderlas desde un enfoque más amplio y profundo de lo que son el saber y la ciencia, sus métodos, supuestos y fines. Finalmente, se impone partir de una concepción multidimensional del ser humano, al que resulta imposible educar plenamente sin atender esos otros aspectos suyos (la voluntad, las emociones, la sensibilidad, la sexualidad, la aptitud física…) que no se dejan reducir a lo puramente cognoscitivo (de ahí el sentido de la educación moral, estética, artística, física, etc.).

Ahora bien, estos cuatro principios enunciados coinciden con precisión con los de la enseñanza de la filosofía, un saber que (1) tiene como objetivo específico la reflexión en torno al modo de categorizar y valorar la información que recibimos acerca de la realidad, (2) posee una naturaleza teórico-práctica – en tanto nos mueve a pensar radicalmente el mundo a la vez que a plantearnos cómo debemos vivir y convivir en él –, (3) se empeña en descubrir la relación entre las ideas y ámbitos de conocimiento desde una perspectiva integradora y crítica, y (4) promueve una comprensión global de lo que es (y debe ser) el ser humano.

Ningún otro saber o ciencia se ocupa de investigar racionalmente lo que es la realidad en su conjunto (las ciencias particulares solo se ocupan de determinadas parcelas del mundo sensible), ni de tratar con los valores o ideales de bondad, justicia o belleza (los valores no son hechos sujetos a observación científica), ni de conocer lo que son el conocimiento mismo y la verdad (no hay una “ciencia de la ciencia” más allá de la propia filosofía), ni tampoco de concebir una idea unitaria e integradora de lo que es en sí el ser humano.

Es esta filosofía – consecuente – de la educación la que alienta la insistencia en librar a la nueva ley del recurrente error de reducir la presencia de la filosofía en la educación secundaria. Es cierto que esta materia necesita – como todas – de una profunda renovación, sobre todo en el bachillerato (para que deje de ser un vetusto catálogo de textos y autores), pero no lo es menos que es la única que permite dotar de un espacio curricular específico a la reflexión y el diálogo racional en torno a todo lo que, en la escuela o fuera de ella, y ya sea por dogmatismo, urgencia o inconsciencia, se nos imbuye de modo parcial o totalmente acrítico. 

Y esta necesidad de educar la competencia filosófica no solo se da en educación secundaria, sino también en primaria. Hace poco, las asociaciones de Filosofía para Niños de toda España lanzaban un manifiesto en pro de la educación de los más pequeños en el diálogo y el pensamiento filosófico; un viejo proyecto fundado en la evidencia de que los niños también piensan, dialogan con los demás y consigo mismos, se hacen preguntas, buscan argumentos convincentes o experimentan conflictos morales, y que solo desde ese afán espontáneo y entusiasta por el saber, presente en la naturaleza humana desde la infancia, se pueden construir dinámicas educativas (científicas, morales, artísticas…) que no sean un mero simulacro o un simple adiestramiento forzado.

Para educarse como personas conviene, en fin, filosofar desde niños.

Este artículo fue publicado en El Periódico Extremadura. Para leeer el artículo en prensa pulsar aquí.


viernes, 19 de junio de 2020

Libros de texto y ratios.



Entre muchos otros maravillosos, tengo dos recuerdos desagradables de mis comienzos como profesor de secundaria, hace ya veinte años, lo cual no es nada, o casi (y no solo porque lo diga el tango).

El primero tiene que ver con los libros de texto, algo que, fiel al dicho de que cada maestrillo tiene los suyos, nunca me dio por usar con los alumnos (aunque los hay excelentes y los suelo recomendar como material de consulta). Por aquel entonces, sin embargo, era norma no escrita el obligar a comprarlos y usarlos. Se establecían cada pocos años, y al olor del negocio (que no era poco) acudían decenas de comerciales a engatusar a los jefes de departamento con sus propuestas. Me dio tanta rabia que me obligaran a usar uno de ellos, mediocre, además, como pocos, y sin la más mínima justificación didáctica al respecto – aunque el vendedor, eso sí, representante de una poderosa editorial, sabía ser muy persuasivo –, que me planté. El escándalo que se armó fue notable, pero sirvió al menos de algo: a los pocos meses decidimos suprimir la obligatoriedad de los libros de texto, al menos en nuestro departamento.

Pocos años después de esto – y de modo ejemplar en nuestra comunidad – comenzó el proceso de digitalización educativa. Se instalaron ordenadores en las aulas y se implantó una plataforma de gestión, todo ello a través de sistemas de software libre. Desde entonces, muchos profesores han creado y compartido innovadores recursos didácticos digitales (webs, blogs, aplicaciones, libros y otros proyectos colaborativos), muchos de los cuales constituyen una alternativa perfecta al libro de texto tradicional que, además de didácticamente obsoleto, es mucho más caro y menos ecológico (y eso a pesar del esfuerzo de reciclaje por parte de los bancos de libros de los centros).      

El segundo recuerdo desagradable que tengo de mis comienzos en la docencia es el de las aulas atestadas de alumnos. Siempre supe que educar es una tarea compleja y exigente. Pero lo que las aulas de treinta chicos y chicas de entre doce a dieciséis años me enseñaron es que a veces era también imposible. Los trámites burocráticos, la necesidad de mantener el ambiente adecuado en clase, o el trabajo con ciertos alumnos especialmente demandantes de atención (desmotivados, hiperactivos, repetidores, víctimas de acoso, acosadores, chicos con problemas de aprendizaje, superdotados…) ocupaban casi todo mi tiempo, ralentizando la marcha del curso y obligándome a descuidar al resto. 

Es curioso, pero hay gente que aún cree que dar clase consiste en dictar una especie de conferencia a treinta alumnos silenciosos que toman apuntes sentados en sus bancas. Pues no: hace mucho que contamos con una idea distinta y mucho más precisa de lo que significa educar y aprender. Los profesores, haciendo un poco de todo (de expertos en su materia, pedagogos, actores, comunicadores, animadores culturales, tutores, psicólogos, asistentes sociales, mediadores familiares y no sé cuántas cosas más), intentamos hoy preparar nuestras cuatro o cinco “funciones” diarias (ante un público inmaduro y no siempre bien dispuesto) no solo para implicar al grupo en actividades de lo más variado, sino también para interactuar con cada alumno individual. Sabemos que cada chico o chica es un mundo que requiere de estímulos, actividades y hasta de formas de tratamiento y comunicación diferentes. Por eso, para educar de verdad, los docentes necesitamos imperiosamente la reducción de ratios, esto es: trabajar con grupos más reducidos de alumnos.

¿Y por qué les cuento hoy esto? Como saben, nuestro país está a la cabeza de Europa en fracaso educativo. Por ello, y en buena lógica, el gobierno ha decidido invertir miles de millones en educación. Ahora pregúntense conmigo en qué debemos gastar prioritariamente esos fondos. ¿En sufragar el coste de los libros de texto (habiendo maneras más eficientes y baratas de dotar a los alumnos de material didáctico), o en contratar docentes para bajar las ratios y que, así, todos los alumnos – también sus hijos – pueden estar convenientemente atendidos? Piénsenlo y, cuando acaben, díganselo, por favor, a sus representantes políticos. 

Este artículo fue publicado originalmente en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo en prensa pulsar aquí.



jueves, 11 de junio de 2020

¿Para qué sirven un profesor y un aula?



Políticos y expertos repiten con insistencia que la educación on-line (lo que hemos estado haciendo profesores y alumnos durante la cuarentena) “ha llegado para quedarse”. ¿Qué querrán decir? ¿Qué jamás superaremos esta pandemia? No creo. ¿Qué hay que digitalizar la educación? Tampoco: los centros ya están más que informatizados (ordenadores por doquier, pizarras digitales, plataformas educativas…). ¿Entonces?

Da vértigo pensarlo. Pero sospecho que a algunos les encantaría que profesores y alumnos continuáramos enseñando y aprendiendo regularmente desde casa. Al menos parcialmente, para algunos niveles o materias. No va a pasar mañana, pero… ¿Se figuran cuántas aulas o centros podrían cerrarse? Calculen el dinero que recobraría el Estado liberando terrenos y dejando de pagar transportes, comedores, mantenimiento y, sobre todo, personal.  ¿Se imaginan a cuántos alumnos se podría enseñar a la vez con unos buenos recursos digitales (vídeos, tutoriales interactivos, juegos...) y un profesor conectado en alguna parte para resolver dudas? ¿Cien, quinientos, mil?

Se impone el teletrabajo, el comercio por internet, la teleasistencia. ¿Por qué no también la educación telemática, al menos en la enseñanza pública (“quien quiera presencialidad que lo pague”, se diría por ahí)? Imaginen un día de clase en alguna nueva normalidad lejana: el alumno enciende su portátil y recibe, sucesivamente, un tutorial autoevaluable con la lección de matemáticas, un espectacular documental didáctico sobre historia, la sesión práctica de inglés (con chat abierto a hablantes nativos de todo el mundo) y, para acabar, un divertido videojuego para hacer ejercicio… La necesidad de dotar a los alumnos de equipos, conexión y otros materiales generaría, además, suculentos contratos para las empresas del sector y, en comparación con lo que cuesta la enseñanza presencial, no supondría más que calderilla presupuestaria para el Estado. Bien, ¿qué más hace falta? Al fin y al cabo, ¿para qué sirven un profesor o un aula, ahora que todo puede saberse apretando un botón desde cualquier lugar del mundo?

En un viejo artículo, Umberto Eco respondía hace años a la primera de estas preguntas. Frente al “todo está en internet” un profesor sirve – decía el humanista italiano – para enseñar a analizar, categorizar y valorar el torrente caótico de información que proporcionan medios y redes, para relacionar ideas, examinar supuestos, buscar causas últimas y, sobre todo, para dialogar argumentativamente con sus pupilos en torno a todo esto. De otro lado – añadiría yo – el profesor puede ser un referente personal y moral insustituible para sus alumnos (hagan memoria y verán como lo que más recuerdan de sus maestros es la forma de ser y estar que mostraban en clase).

Ahora bien, el entorno virtual generado por las redes ha cambiado mucho desde que Eco escribió ese artículo. Ahora por internet también se puede dialogar y mantener un cierto contacto personal. ¿Entonces? Repetimos ¿Para qué sirve hoy un profesor en un aula? Más allá de cursilerías en torno a la “mirada” del alumno o la presencia “aurática” del profesor (¡cómo si todo esto no pudiera darse también en la pantalla!), la inmediatez física de la comunicación en el aula supone ventajas aún inasequibles a la interacción digital.

Una de ellas es la de esa sociabilidad invasiva y espontánea que obliga a nuestro narcisismo congénito a tolerar y negociar (y, por el camino, aprender) con la particularidad del otro – un “otro” al que resulta tan fácil bloquear o eliminar en el entorno virtual –. El aula (como cualquier otro foro físico y público) representa un resquicio de convivencia descentrada con respecto al “yo”, un lugar más pleno de comunidad y de realidad en el que aún podemos contrastar el mundo de la pantalla con todo lo que queda delante o detrás de él.

Si un profesor sirve para perderte (tentándote con el fruto prohibido del conocimiento), un aula sirve para buscarte en el encuentro pleno con la otredad de un mundo necesariamente extraño y desafiante. En esa trama de extravíos y encuentros está todo el jugo de la vida. Y ojo que tal vez no haya desde donde hacer un tutorial al respecto.

Este artículo fue originalmente publicado en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo original pulsar aquí. 


viernes, 5 de junio de 2020

¿Por qué no recortar en educación?



Esta crisis económica la vamos a pagar todos, con las distinciones habituales. Pagarán más los que menos tienen, los que viven de las migajas de otros, los que van a perder su empleo, los que van a ver congelado o reducido su salario. Pero, sobre todo, la van a pagar los más jóvenes, tanto aquellos a los que se les desvanece – otra vez – la esperanza de lograr un trabajo digno, como aquellos que, fuera de las aulas desde hace meses, aún no saben – en todos los sentidos – la que les espera.

Por eso, si bien hay que ocuparse de la salud y el bienestar de todos, hay que atender, especialmente, a la educación de esos jóvenes. De lo primero depende la subsistencia, pero de lo segundo depende el futuro (también el de la subsistencia). Como ha dicho recientemente la ministra de Educación, si queremos erradicar la pobreza de nuestro país y tener un rol protagonista frente a los cambios que se avecinan (y hay que emprender), tenemos, justo ahora, que invertir en educación.

La ministra no anda desencaminada. Sabe que los recortes educativos de 2008 (más de un punto del PIB y miles de profesores a la calle) nos han llevado en diez años a la cola de Europa en gasto educativo y, correlativamente, a la cabeza en porcentaje de fracaso escolar (con Extremadura entre los primeros del pelotón). El fracaso o abandono escolar temprano de más del 20% de los alumnos (el doble de la media europea) implica más trabajadores sin cualificación, una ciudadanía más inmadura y personas peor formadas; esto es: más pobreza, en todos los sentidos posibles del término.

¿Y es realmente tan necesaria la inversión en educación para reducir el fracaso o abandono escolar? Lo es. Si se invierte más se pueden contratar más profesores. Si hay más profesores hay mejores ratios (menos alumnos por profesor, como en Europa). Si hay mejores ratios la educación individualizada y de calidad empezará por vez primera a ser un hecho. Si la educación individualizada y de calidad empieza a ser un hecho, los profesores experimentarán también su trabajo de manera más grata, tendrán más tiempo y energía para formarse, y se generará un espléndido círculo virtuoso con que salir del agujero en el que estamos metidos.

No es el cuento de la lechera. Es obvio que no basta con mejores ratios y un número sensato de horas lectivas, y que harán falta también una profunda renovación curricular y pedagógica, un sistema más exigente de formación y selección de docentes y, si no es mucho pedir, una ley educativa que dure más de dos legislaturas. Pero todo a su tiempo. Lo que es inconcebible ahora – tal como dice la ministra – es hacer recortes – tal como dispone nuestra Consejería de Educación – , esto es: recortar plantillas (más de 500 maestros y profesores, acrecentando de paso el problema del paro), ampliar las ratios al máximo legal permitido (aumentando el riesgo de contagio mientras dure la pandemia) e incrementar el número de horas lectivas (multiplicando el trabajo, que el próximo curso tendrá muy probablemente que ser presencial y virtual al mismo tiempo) para suprimir gastos.

Es inconcebible porque, además de todo lo dicho, supone concebir la educación como si fuera una empresa (en la que se pudieran cerrar centros deficitarios, despedir al personal o digitalizar los servicios para reducir costes – no quiero dar ideas, pero ¿se imaginan el gigantesco ahorro para las arcas públicas, y el más gigantesco negocio aún para ciertas empresas, si la “tele-educación” hubiera venido para quedarse? – ). Pero una escuela de calidad no es una empresa, sino un bien público al servicio de todos (y no solo de los que puedan pagar un colegio privado con educación presencial y ratios de 15 alumnos), por eso no debe gestionarse como una empresa, ni educar a la gente a distancia, ni en masa, ni a destajo…

Sin una buena educación pública seremos, en fin, más pobres – en todos los sentidos – y estaremos, como sociedad, menos cohesionados. Por eso es impensable plantear nuevos recortes educativos. Y aquí menos que en ningún sitio. Inviertan, pues, en educación. En educadores. Y si no hay dinero, búsquenlo. O exíjanlo, como hacen otros. Es de cajón. Es imprescindible. Y es justo.

Este artículo fue originalmente publicado en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo original pulsar aquí.


viernes, 29 de mayo de 2020

El no-lugar de la ciudadanía


Un asunto capital en una democracia es la manera en que se genera y modula la opinión pública y, por tanto, la voluntad de la ciudadanía. Dado que en teoría el ciudadano es el que manda (junto a las leyes que él mismo se da, y ciertos principios y procedimientos fundamentales), importa garantizar la “calidad” del proceso por el que aquel forma sus propios juicios. Así, surge una pregunta siempre candente para los filósofos: ¿qué hay que hacer para que las opiniones que se generan y difunden entre la ciudadanía sean tan justas y objetivas como puedan ser?

Según algunos (vamos a llamarlos “liberales ortodoxos”), no hay que hacer nada. Que la gente tenga opiniones “justas y objetivas” resulta, incluso, quimérico. Los ciudadanos – dicen – no tienen habitualmente razones objetivas (¿existe tal cosa?), sino deseos e intereses particulares (a los que su razón sirve, a lo más, de justificación o instrumento). La legitimidad democrática no depende, pues, de cómo de bien informada o argumentada esté la opinión pública, sino solo de garantizar que cada opinión pueda expresarse libre y proporcionalmente (según sea su poder) para que, finalmente, “gane” la que concite más apoyos.

Según otros (antítesis de los anteriores), las ideas objetivas sobre lo Justo sí que existen: son, precisamente, las suyas propias. Y si parte de los ciudadanos no las reconocen es por falta de educación, de conciencia de clase, de madurez política, o porque, en el estado de alienación en el que viven, se dejan manipular (por el “sistema”, el “enemigo”, los “poderosos”) ¿Qué habría que hacer entonces? La respuesta, para estos (vamos a llamarlos “estatalistas dogmáticos”), consiste en “reeducar” a la ciudadanía en los valores e ideas adecuadas. 

Finalmente, entre ambos extremos, están aquellos que creen – que creemos – que en un contexto democrático no debe haber demasiadas ideas a priori acerca de lo que es Justo, pero sí el hábito de aproximarnos permanentemente a ellas mediante el debate público.  Sin una idea común de justicia no hay comunidad; pero sin espacios en los que la ciudadanía sea quien delibere y determine cuál pueda ser esa idea común, dicha comunidad no puede ser democrática.

Ahora bien, ¿dónde y cuándo podría existir hoy esa escena deliberativa en la que los ciudadanos pueden formarse – y no solo expresar – su propia opinión sobre lo que es justo de forma libre y autónoma, esto es, de manera racional, crítica, dando y recibiendo argumentos en un diálogo constante, franco y abierto con los demás? Es claro que ese espacio de debate no es el de las instituciones representativas, al menos en tanto estas no estén ocupadas por ciudadanos (hay fórmulas para ello), en lugar de por los cuadros de los partidos. Tampoco los partidos, o los grandes medios de comunicación, consagrados ambos a la lucha por el poder, son el lugar para otros debates que no sean los puramente estratégicos. ¿Entonces?

El de “sociedad civil” es un concepto en decadencia. Nadie cree que en los “lobbies”, los “think tanks” o los sindicatos se debata de forma abierta y desinteresada acerca del bien común; como tampoco que las ONG, las pequeñas asociaciones o el mundo de la cultura tengan un peso relevante en la opinión pública (salvo cuando se acogen a la financiación gubernamental o el apoyo de los grandes medios). El resto son las infinitas pistas del circo de las redes sociales, en las que el debate, si lo hay, está sujeto al control e interés de sus dueños (las compañías tecnológicas y sus clientes).

¿Y la educación? Tampoco. El enfoque pragmático y productivista al que se ve, cada vez más, sujeta, apenas deja sitio, ni en las aulas ni fuera de ellas, para el debate político, ético o filosófico (sustituido, a lo sumo, por la retórica de la educación en valores).

La conclusión es tajante. Los ciudadanos no tenemos hoy más lugar en que ejercer nuestra soberanía que las urnas y las redes sociales; lo que equivale a sustituir el debate público por la simple expresión de los intereses subjetivos y los arrebatos dogmáticos. Ahora bien: si el juicio maduro y autónomo de la ciudadanía no tiene lugar, tampoco la democracia puede ser otra cosa que pura ficción.

Este artículo fue originalmente publicado en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo en prensa pulsar aquí.

jueves, 21 de mayo de 2020

El diablo en la dehesa



A veces, la Historia escribe derecho con renglones torcidos: siglos de injusticia y pobreza, y un mínimo desarrollo industrial, han hecho que nuestra tierra sea hoy una de las regiones más verdes y hermosas de Europa. Sus dehesas interminables y llenas de vida, sus recónditas aldeas y el riquísimo patrimonio arqueológico y cultural que alberga, la convierten en uno de los lugares más atractivos y con más futuro medioambiental del país. Tener la oportunidad, a pocos minutos o kilómetros de tu casa, de atravesar un bosque centenario, admirar un dolmen neolítico, contemplar el vuelo de las grullas o, simplemente, respirar aire puro, son privilegios que en otros lugares – con rentas más altas – solo se disfrutan en circunstancias excepcionales, vacaciones o, con suerte y dinero, tras la jubilación.  

Aunque solo sea en esto, los extremeños hemos tenido suerte. Si esta región hubiera sido un polo industrial o estuviera más cerca de la costa o las grandes capitales, buena parte de todo ese patrimonio natural y cultural habría sido destrozado y malvendido, y viviríamos, como casi todo el mundo, rodeados de autovías atestadas, fábricas, pueblos dormitorio, urbanizaciones y enormes polígonos comerciales en los que creernos nuevos ricos para endeudarnos en no menos nuevas formas de indigencia.   

Así que, ya ven: los extremeños somos, quizá, más pobres (según con quién se compare uno), pero no vivimos en la miseria. Aunque sí tentados, una y otra vez, por aquellos que quieren vendérnosla bajo el envoltorio del “desarrollo”. Como el diablo en el paraíso bíblico – en un paraíso con forma de dehesa – , comerciales y gerentes de grandes empresas foráneas descienden sibilina y regularmente a los despachos de los políticos con su pintoresca oferta de inversiones y negocios: fantasmagóricos casinos en mitad del campo, minas milagrosas o, el último grito: decenas de gigantescas plantas fotovoltaicas (las-mayores-de-Europa, oiga) para seguir siendo el coto energético del país a costa de arruinar el paisaje y trocar campos de cultivo y pastoreo en kilométricos y mudos desiertos de silicio.

Todo esto se torna más alarmante aún al comprobar cómo en otras comunidades, y con el pretexto de la crisis que se nos viene encima, se relajan o eliminan trámites y controles ambientales. Cambien también aquí unos pocos votos y verán cómo, en lugar de dehesas, tendremos más megaplantas fotovoltaicas aún o, como en Andalucía o Murcia, nuevos y megalomaníacos proyectos urbanísticos. Dirán que ponemos la venda antes de la herida, pero mucho me temo que en este país no hemos aprendido, que seguimos empeñados en arreglarlo todo trasegando cemento y ladrillos, o esperando, como los aldeanos de aquella película de Berlanga, la llegada de una rutilante multinacional que nos llene los bolsillos de dinero fácil.

Más valdría que, en lugar de todo esto, peleáramos por defender unos precios agrícolas dignos que vuelvan a hacer rentable el campo extremeño, que cuidáramos de nuestras pequeñas y medianas empresas o que, de manera más ambiciosa, y como proponía un reciente estudio de la UEX, exigiéramos una contraprestación a los beneficios que proporciona nuestra inmensa riqueza forestal: si, tal como reza dicho estudio, nuestros 630 millones de árboles absorben un CO2 equivalente a las emisiones de todos los coches que circulan por Europa, ¿por qué no habríamos de exigir un justo pago por ello?

Piénsenlo. Nuestra tierra no da dinero como un casino, ni tasas como una multinacional dadivosa, pero es rica en vida como pocas. Gocemos, preservemos y démosle el incalculable valor que tiene. No nos vaya a pasar como al pescador de la fábula. Ya saben, aquel al que tentaba un astuto coach para que abandonara su sencillo modo de vida, multiplicara sin tino su producción, y trabajara día y noche para, con el dinero que ganara, poder vivir justo… como había vivido siempre: con tiempo, sosiego y en un lugar donde, en pocos minutos o kilómetros, se puede atravesar un bosque centenario, admirar un dolmen neolítico, contemplar el vuelo de las grullas o, simplemente, respirar aire puro.

Este artículo fue originalmente publicado en El Periódico de Extremadura. Para leer el artículo original pulse aquí.

jueves, 14 de mayo de 2020

Comeréis huevos



Recuerdo, hace años, a una compañera quejarse amargamente de que los alumnos le reprocharan la misma impuntualidad que les recriminaba habitualmente a ellos. “¡Habrase visto – contaba indignada –, decidme que yo también llego tarde! ¿Y qué tendrá eso que ver? ¡Pues os aguantáis – contó que les dijo a los alumnos –: cuando seáis padres, ya comeréis huevos!”. Me acuerdo de la castiza naturalidad con que lanzó esta especie de proclama supremacista de los huevos y de la sonrisa, igualmente espontánea, de los colegas allí presentes…
Lo cierto es que la escena no tenía nada de asombroso. El prejuicio cuartelero de que la veteranía es fuente incontestable de privilegios – por arbitrarios que estos sean – es común no solo en las aulas, sino en casi todos los ámbitos sociales y profesionales. Así, se supone que los empleados más jóvenes, los docentes primerizos, los médicos en prácticas, los reclutas recién llegados, etc., han de realizar las tareas más ingratas (y, a veces, difíciles), trabajar más, cobrar menos, y someterse sin chistar a los hábitos, órdenes y caprichos de los colegas de mayor edad (y no siempre de más categoría o mérito). Este dogma es parte de una vieja estructura “gerontocrática” de dominación que está presente (entremezclada con otras como la clase social, el género o la profesión) en casi todas las culturas, y cuyo éxito se debe, en gran medida, a un “contrato generacional” implícito: aquel que asegura a los más jóvenes que su entrega y sumisión se verán recompensadas, tras un número prudente de años, con el ascenso a la misma posición de privilegio que disfrutan los adultos (esos que ya “comen huevos”).
Ahora bien, ¿qué pasa si ese acuerdo generacional se rompe? Desde hace decenios, crisis tras crisis, nuestros jóvenes tienen cada vez más claro que, salvo excepciones, van a vivir peor que sus mayores, y que aquellos logros (un trabajo estable, una casa propia, reunir cierto patrimonio) que antaño se tenían por una compensación natural a muchos años de esfuerzo, son, hoy por hoy, poco menos que un milagro. El pacto intergeneracional se está resquebrajando con la misma rapidez que aquellos otros mecanismos – el estado de bienestar, la prosperidad de las clases medias, el prestigio de la educación pública… – que garantizaban un nivel mínimo de cohesión social y conformidad en torno a un sistema productivo en sí mismo poco o nada igualitario.
Y bien, ¿qué se puede y debe hacer ahora? Lo primero, evitar las promesas. Augurar que “en algún momento” la reactivación económica precisará de estos jóvenes (que ya no lo serán tanto) tan exquisitamente formados y acostumbrados a acostumbrarse a todo, no les vale de nada a personas que ven, día tras día, como se esfuma la posibilidad real de realizar sus proyectos laborales y personales. Se impone, pues, un “sacrificio” por parte de las generaciones y clases mejor situadas; no solo por puro sentido de la solidaridad y la justicia, sino también por interés en la estabilidad del sistema que sostiene sus propios privilegios. Una política fiscal y social decidida y de dimensiones europeas (ingreso mínimo, regularización del empleo temporal, reparto del trabajo, control del precio de los alquileres, inversión en educación pública, becas, rentas por natalidad…) es lo menos que merecerían estos jóvenes, víctimas del incumplimiento del “contrato generacional”.
Por descontado que a ellos también habría que exigirles algo. No ya formación profesional o “resiliencia” (de ambas cosas andan sobrados), sino compromiso crítico y movilización política, algo imprescindible para salir del atolladero. Y eso que también ahí parece que están dando el callo. Recientes estudios muestran que los jóvenes están cada vez más interesados en política (lo cual no quiere decir en la política tradicional o de partidos – no hay más que recordar el 15-M –). Y las facultades de filosofía están llenas a rebosar, ofreciendo, algunas, grados nuevos y prometedores, como el de Filosofía, Política y Economía, que estudian ya varios de mis exalumnos. Tengo confianza en ellos. No para que esperen su turno de “comer huevos”, sino para que sepan cómo hacer para que podamos comerlos todos.

Este artículo fue originalmente publicado en El Periódico Extremadura, para leer la versión impresa pulsar aquí.




jueves, 7 de mayo de 2020

Hacernos (los) suecos


Se debate estos días sobre la idoneidad del modelo de confinamiento punitivo y duro que ha adoptado el gobierno español para afrontar la pandemia, en comparación con el de aquellos otros países que, en menor o mayor grado – desde Portugal al caso extremo de Suecia – han optado por un confinamiento más laxo y por apelar al sentido de responsabilidad de sus ciudadanos. ¿Se ha hecho lo correcto en nuestro país?

Más allá de cuestiones estrictamente epidemiológicas o éticas, uno de los argumentos de los defensores del “modelo duro” es el de la presunta y “proverbial” indisciplina de los españoles con respecto a las normas, motivo por el cual – dicen – se hacía necesario legislar con severidad, amenazar con cuantiosas multas o hacer aparecer a la policía y el ejército diariamente en la televisión pública.

¿Pero es esto cierto? ¿Somos así de indisciplinados los españoles? ¿Se puede hablar, siquiera, y con un mínimo de rigor, de un modo “español” de ser? ¿Y, si lo hubiera, debería tal cosa llegar a determinar nuestra forma de gobernarnos? Veamos.

Sobre la presunta idiosincrasia hispánica no sabe uno con qué fuente de conocimientos empezar a trabajar: si con la literatura costumbrista del XIX, la sociología recreativa de columnistas y tertulianos o, directamente, con los chistes de Arévalo. Dado que los prejuicios ayudan poco a la reflexión (más bien la sustituyen), me limitaré a constatar lo que me parece más prudente y obvio: que no hay ninguna manera “española” de ser” (como tampoco la hay sueca, alemana o palentina). Lo que hay, siempre, es una enorme variedad de conductas y personas relacionadas en complejas redes sociales (culturales, de género, de clase, de edad…) que difícilmente permiten hacer generalización moral alguna. Es, desde luego, indudable que cada país (y pueblo, y barrio, y club, y grupo de amigos…) tiene costumbres y tradiciones, o miembros más o menos responsables, pero nada que no sea modulable o que legitime poner en cuarentena los principios democráticos.  

Y hablo de tales principios porque me parece incongruente mantener convicciones democráticas y, a la vez, pensar que los ciudadanos son incapaces de actuar con la responsabilidad y la autoridad política que les adscribe, por principio, la democracia. Si uno cree de verdad que “sin mano dura somos ingobernables”, lo suyo es apostar por un estado despótico. De hecho, el tufo a paternalismo (y a su complemento clientelista) que desprenden a menudo nuestros hábitos políticos – y en esto los ciudadanos son tan responsables o más que los gobernantes, a los que, sin embargo, se les echa puerilmente la culpa de todo – podría confirmar la inmadurez política de la ciudadanía y la necesidad de que se la gobierne en todo.  

Ahora bien, incluso aceptando el supuesto de que seamos un país aún inmaduro para el autogobierno democrático, y de que, por tanto, nos “convenga” una cierta tutela despótica, tendríamos que preguntarnos si la estrategia educativa que permitimos – y pedimos – a nuestros ilustrados y déspotas tutores es o no la adecuada. ¿Se fomenta el uso maduro y responsable de la libertad en los ciudadanos negándoles el ejercicio de esa misma responsabilidad? Educar “para” la autonomía es educar “en” la autonomía. La experiencia y la lógica enseñan que, si tratas a las personas como a niños díscolos a los que hay que estar continuamente vigilando, acaban por comportarse como tales. La coacción y el reglamentarismo producen tantos pícaros e hipócritas como borregos, es decir, de todo menos ciudadanos. Aunque claro, también puede ser que, como afirman los más pesimistas, la gente no tenga la intención de cargar con ese pesado fardo que son la libertad y la ciudadanía 

Pues lo siento (y me alegro): si queremos vivir en una sociedad libre y democrática no hay más remedio que permitir que los ciudadanos decidamos y actuemos, en todo, bajo nuestra propia responsabilidad. Y arriesgarnos en ello a muerte. Como hacen los suecos y en lugar de “hacernos el sueco”, cosa esta que, en el fondo, no parece más que una pataleta adolescente o un mal remedo de la autonomía que se nos niega y que, tal vez, no nos apetezca tampoco tomarnos demasiado en serio. ¿O sí?

Este artículo fue originalmente publicado en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo original pulsar aquí.