¿Han de asistir los representantes
públicos a las procesiones religiosas de Semana Santa? ¿Han de
participar en ellas miembros y autoridades del Ejército? ¿Está
bien que la enseña nacional ondee a media asta en edificios públicos
en señal de duelo por la muerte de Jesucristo? ¿Es justo gastar
fondos públicos para conmemorar –en un país aconfesional– algo
que, en teoría, solo incumbe a creyentes? Sobre esto trata nuestra última colaboración en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo completo pulsar aquí.
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