De cuando y por qué es Legítimo lo ilegal.

¿Hay derecho a saltarse el derecho? ¿Es legítima, en algún caso, y en el marco de un régimen democrático, la ilegalidad? Llegamos a la conclusión de lo publicado en el  libro colectivo  Reflexiones sobre el #25S (Ed. Manuscritos. Madrid, 2013).  

¿Son legítimas acciones del tipo de las del 25S (rodear el congreso) y otras por el estilo, realizadas por una pequeña minoría concienciada y que rozan o incluso incurren en la ilegalidad? Si lo que buscamos en ellas es una legitimidad relativa al primero de los componentes antedichos de lo que es “legitimidad” en Democracia (el respaldo de la voluntad popular), la respuesta es, obviamente, la que ha querido propagar el gobierno: la legitimidad de un acto (de tal cariz simbólico como es “rodear el congreso”) del que se responsabilizan y participan apenas unos miles de personas, es muy limitada. Ahora bien, si recurrimos al segundo de los componentes de lo que significa “legitimidad” Democrática (el valor ideológico de un acto, en el doble sentido que ya explicamos), la respuesta es sí, el valor simbólico de “rodear el congreso” pacíficamente para expresar demandas políticas de interés general posee ya toda la legitimidad Democrática posible, sin necesidad de contar con un respaldo popular masivo. Es más, dada la relativa mayor trascendencia de este segundo componente de la legitimidad, el acto del 25S resulta más legítimo que cualquier exhibición masiva del poder popular de contenido ideológico más limitado (por ejemplo, una manifestación en defensa de intereses corporativos cualesquiera).

     En conclusión. A nuestro juicio, los cauces de disensión que hemos descrito en el punto (2) de la entrada anterior –los no sujetos a los procedimientos democráticamente establecidos para disentir— son legítimos cuando (A) tienen suficiente apoyo popular y, más aún, (B) cuando fomentan todo aquello que hace legítima cualquier medida de apoyo popular y que constituye, en el fondo, el verdadero motor de una Democracia: la información objetiva, el debate abierto y racional, la libertad de criterio y de expresión, la responsabilidad, el respeto crítico al “otro”, etc.  En este sentido, el acontecimiento del 25S, o la mayoría de las acciones promovidas recientemente por el movimiento 15M y otros por el estilo, son perfectamente legítimos (en el segundo de los sentidos expuestos), legitimidad esta que no se ve en ningún caso disminuida por la presunta ilegalidad de dichas acciones (ilegalidad que, por cierto, acarrea consecuencias punitivas que, también legítimamente, toca soportar). Naturalmente, esta no es más que nuestra opinión (legítima también solo en cuanto al segundo de los elementos de legitimidad que hemos mencionado). 

Nosotros creemos, sin pecar de excesivo optimismo (pero tampoco del pesimismo por defecto en que estamos instalados) que acciones y movimientos sociales como los que se han visto durante estos dos últimos años en este país son eficaces para mejorar nuestra democracia y, consecuentemente, la vida de la mayoría de nosotros. Su valor no está en su carácter masivo (ni falta que hace) sino en su labor promotora del debate y las ideas. Todo el mundo (incluso los más críticos) ha reconocido la relevancia de estos movimientos, no simplemente porque las calles y las plazas se llenaran de gente coreando eslóganes sino, más aún, porque se llenaran de gente en diálogo abierto con otros, participando en foros, talleres o conferencias, a la manera de una “universidad popular de campaña”, generando la simiente de una sociedad civil fuertemente armada de argumentos con que interpelar al gobierno y a las clases dirigentes. Esto solo puede ser Democráticamente bueno y justo. No hay mayor problema en cualquier democracia que el silencio indiferente de la mayoría (ese mismo, nos tememos, que irresponsablemente demandaba el Presidente de nuestro gobierno frente a las protestas de los concentrados frente al congreso). Y ese silencio ideológico, esa casi total ausencia de debate público, resulta infinitamente más peligroso que cualquier crisis económica o cualquier defecto formal o procedimental. Ojalá que eventos como el 25S sirvan, como pienso, para empezar a conjurar esa “desustantivación” política que amenaza nuestras democracias y tiende a convertirlas en oligarquías revestidas y defendidas por un legalismo tan ilegítimo como, al cabo, demagógico y tiránico.