Este artículo fue publicado originalmente por el autor en el diario.es Extremadura y en El Periódico Extremadura
Comienza el curso escolar y todo sigue
igual, lo que equivale a decir que esta peor. El sistema educativo
sigue retenido contra su voluntad por el gobierno (ahora en
funciones), lo que supone tres años ya de congoja e incertidumbre
para cientos de miles de niños, docentes y familias. Durante este
tiempo los rehenes hemos tenido que implantar, a regañadientes
y a toda velocidad (anteponiendo los ritmos políticos a los de la
pedagogía y el buen sentido), la LOMCE, una ley retrógrada y
macarrónica en sus contenidos (elaborados igualmente a toda prisa),
reaccionaria en sus aspectos pedagógicos, torpe en su intención
uniformadora (tan torpe que ha generado la mayor diversidad conocida
de planes educativos autonómicos), segregadora y clasista (al niño
que “no vale” se le expulsa sin contemplaciones al itinerario
laboral – ¡así acaba cualquiera con el fracaso escolar!–), y
resueltamente favorable a la escuela concertada y privada. El
objetivo de la LOMCE es un sistema público barato, masificado y
disciplinador de las clases bajas, de manera que el que quiera
educación de calidad, apta para tener amigos, dar pelotazos y abrir
cuentas en suiza (en esto parece que consiste triunfar en este país),
tendrá que pagarse un colegio privado, sea el del Pilar – el Eton
College del pijerío nacional – o cualquier otro que, a
imitación suya, les saque los cuartos a la clase media con
pretensiones. La educación es todo un negocio aún por explotar. Por
eso la raptaron.
Lo único bueno de la LOMCE es que a
todo el mundo (menos al PP) le parece mala y tendenciosa. Incluso el
propio gobierno sabe que es una ley sin futuro, lo que no impide –
esto es lo grande – que siga torturándonos y amenazándonos con
ella. Tras el destierro dorado de los jefes más intransigentes de la
banda (Wert y Gomendio), el nuevo ministro Méndez de Vigo ha
mostrado mayor voluntad negociadora, lo cual no ha servido para
evitar la publicación, hace muy poco, del decreto sobre la reválida,
uno de los aspectos más unánimemente rechazados de la LOMCE. A
Dios rogando y con el mazo dando. Unos días después el PP
acordaba con Ciudadanos la paralización de la Ley (lo que, entre
otras cosas, impediría desarrollar el decreto citado) y un plazo de
seis meses para acordar un pacto por la educación. Parece que
los secuestradores, cuyo propósito inicial era reeducar a los
españoles, se conforman ahora con una investidura. “Si queréis
que libere a los rehenes de la LOMCE – parecen decir –
tenéis que darnos el gobierno del país”. Este es el trato. O eso
parecía, porque tras el fracaso de la investidura todo vuelve a
estar como estaba. La LOMCE, pese a estar muerta, sigue generando
caos e incertidumbre, y el PP sigue jugando con esta baza (como un
pistolero girando su revolver con el dedo en el gatillo) para
negociar su llegada al gobierno.
Mientras tanto, el curso ha comenzado y
ni docentes, ni alumnos, ni padres sabemos que va a pasar (o no
pasar, que diría, con
entrañable retranca nuestro presidente). Además de acabar de
implantar una ley en la que nadie cree, y que se tendrá que derogar
o reformar en poco tiempo (con todo el coste correspondiente),
tendremos que preparar a nuestros alumnos para unas pruebas de las
que no sabemos prácticamente nada y que es mentira que no tengan
efectos académicos. Para los estudiantes de 2º de bachillerato
la revalida de 2017 determinará (como hacía la extinta
selectividad) el acceso a la carrera y universidad de su gusto, y
supondrá (una vez superada) un 40% de la nota media que figurará en
sus expedientes. Para más inri, los sufridos bachilleres tendrán
que examinarse de materias que dieron el curso pasado, cuando sus
profesores sabían aún menos sobre las dichosas pruebas.
Ante esta situación disparatada y la
inaudita parálisis política del país, el gobierno extremeño ha de
intervenir con urgencia y contundencia para proteger a sus
ciudadanos. Tras el decreto de secundaria de julio pasado (gracias al
cual se paliaron algunas de las barrabasadas educativas de la LOMCE),
ahora toca hacer lo imposible por condenar a la irrelevancia a estas
revalidas con que el gobierno en funciones pretende seguir torturando
y ninguneando a la comunidad educativa, y chantajeando, de paso, al
país entero. Una tarea esta en la que, por demás, no debería haber
la más mínima discordancia entre las fuerzas políticas a la
izquierda del PP. Esperemos que así sea.
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