Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.
La implantación de una nueva ley educativa genera siempre
malestar y desconcierto, especialmente si los afectados no ven con claridad la
necesidad de esta. ¿Había razones suficientes para promulgar otra ley educativa
(más allá del compromiso electoral de derogar la ley anterior)? Yo creo
firmemente que sí. Pero me temo que esas razones no se han expuesto con
suficiente claridad a la ciudadanía.
La más importante razón para reformar la ley educativa ha
sido la necesidad de actualizarla para integrarla con más firmeza en el marco
común europeo. Este marco (el llamado «Espacio Europeo de Educación») responde
al proyecto de modernizar y unificar los planes de estudio de las naciones
miembro con objeto de fortalecer desde la raíz el proyecto político de la UE.
Una Europa más fuerte y cohesionada requiere de una mayor compenetración de sus
realidades culturales y, por ello, de sus modelos educativos.
Fruto de este esfuerzo de integración son las dos novedades
principales de la LOMLOE. La primera es una apuesta mucho más decidida por el
enfoque competencial propuesto por la UE hace ya casi veinte años. Desde un
punto de vista pedagógico, dicho enfoque consiste en que el alumnado aprenda a
través de una experiencia contextualizada de los contenidos educativos,
involucrando en ello las diversas dimensiones de su personalidad (cognitiva,
moral, social, afectiva), de su desarrollo (académico, personal, cívico-social)
y del propio aprendizaje (conceptos, destrezas, actitudes, valores).
La segunda novedad de la LOMLOE es la introducción en el
currículo de todas o la mayoría de las áreas y materias de contenidos relativos
a valores y principios dirigidos a la educación de la ciudadanía (la
interculturalidad, la equidad, la democracia, la solidaridad, la
sostenibilidad, la igualdad de género, el respeto por los derechos humanos,
etc.). En este sentido, la LOMLOE propone educar – tal como hace cualquier otro
sistema educativo de cualquier otra cultura – en los valores colectivos que
sustentan la vida social. Pero – a diferencia de otros sistemas y culturas – a
hacerlo de modo integral (a través de la práctica educativa y el trabajo con
todo tipo de contenidos), a limitarse a un sistema de valores mínimo y
consensuado, y a orientar esta educación cívica desde una perspectiva ética y
crítica que evite todo adoctrinamiento dogmático (si bien en esto último la ley
se ha quedado notablemente corta).
Otra razón con la que justificar la LOMLOE es la de (volver
a) situar los principios de equidad e inclusión en el centro de la actividad
educativa. Frente al discurso simplista sobre la falta de interés o esfuerzo
personal, los datos muestran con tozudez que el éxito y el fracaso escolar
dependen fundamentalmente del entorno socioeconómico del alumnado, por lo que
resultaba necesario reestablecer e incrementar normas y medidas estructurales
con que paliar en lo posible las desventajas de partida de un gran número de
estudiantes.
Hay otros aspectos que justificaban igualmente la necesidad
de una nueva ley educativa: la necesidad de dar cobertura legal a estrategias
didácticas exitosas pero aún poco comunes, la atención a la educación afectiva,
la prometida regulación de la carrera docente… Pero queremos exponer también
aquello en lo que la LOMLOE, por justificada que esté, debería ser corregida o
superada.
Lo primero es que esta ley no nazca de un pacto político que
asegure su perdurabilidad, por lo que todo el ambicioso plantel de objetivos
que hemos enumerado aquí, por valioso que sea, podría quedarse fácilmente en
nada. Esto no es una característica específica de la LOMLOE (sino de todas las
leyes educativas de los últimos cuarenta años), pero sí que merece, al menos,
una reflexión.
Lo segundo es el carácter aún muy insuficiente (cuando no
casi simbólico) de la educación cívica y ética en la nueva ley. Resulta
incomprensible que se insista en el papel fundamental de la educación para
afrontar problemas tan graves como la corrupción, la violencia machista, la
irresponsabilidad medioambiental, las adicciones, la polarización ideológica y
mil asuntos más, y la materia que se ocupa directamente de todo esto siga
siendo una «maría» sin apenas horas en un curso perdido de la ESO.
Y lo tercero y último no a mejorar, sino a erradicar del
todo, es la obsesión por convertir la ley en un tinglado burocrático que coarta
el trabajo docente y que nada tiene que ver con el espíritu que la motivó.
Sobra decir que estas tres objeciones podrían subsanarse si
hubiera voluntad política y una ciudadanía crítica y bien formada que la guiara
y corrigiera. La LOMLOE habría venido justo a promover, como hemos dicho, esa
educación cívica y ética. Pero (insistimos) en esto se ha quedado claramente
corta. Cortísima.
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