Negacionismo y censura

 

Leemos estos días que algunos colegios de médicos expedientarán no solo a los colegiados que nieguen la existencia o gravedad de la pandemia, sino también a aquellos que cuestionen la validez de las pruebas o las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria. El asunto es preocupante, ya que lo que parece castigarse no es la mala praxis de un médico, o la ilegalidad de sus acciones, sino, simplemente, que disienta de dictámenes científicos (y políticos) distintos al suyo. Ahora bien, ¿debemos impedir que un médico opine pública y libremente sobre aquello sobre lo que, además, es competente?

El filósofo Kant afirmaba que una de las condiciones del progreso social y político (no digamos del científico) consistía en permitir la máxima libertad de opinión en la esfera pública y académica, y restringirla en el ejercicio del cargo u oficio que cada uno desempeña. Así, y aunque, para garantizar el orden, cada funcionario, militar, profesor, médico o lo que sea, debería hacer su trabajo según lo convenido y sin chistar, una vez “libre de servicio” tendría – según el filósofo – el derecho (y hasta la obligación) de criticar públicamente, como experto, todo lo que considerase oportuno. Pues bien, este mínimo grado de libertad – el de poder opinar en público – es justo el que parecen negar estos colegios de médicos a sus miembros. Con el agravante de hacerlo en un campo (el de la ciencia) en el que, a diferencia de otros más dogmáticos (como la religión o el partidismo político), la crítica y la heterodoxia resultan imprescindibles para probar y perfeccionar lo que se cree saber. 

Los colegios aludidos esgrimen, no obstante, dos razones para justificar su censura: la excepcionalidad de las circunstancias, y el carácter poco riguroso o científico de las disensiones. Veamos hasta qué punto son estas razones válidas. 

La primera de ellas es una variante de la justificación más habitual del estado de excepción. Se viene a decir que, dado que estamos en una situación de emergencia y las opiniones críticas podrían generar alarma y confusión (¡amén de indisciplina!) en la ciudadanía, de debe impedir, por la seguridad de todos, la difusión de tales opiniones. Hay, sin embargo, dos contrarréplicas contundentes a este razonamiento: (1) la anteposición a toda costa de la seguridad a la libertad conduce a un estado de excepción crónico (solo hay que ir buscando o creando una amenaza tras otra) y, por tanto, a la pérdida total de control sobre el poder del Estado; (2) el trato paternalista a los ciudadanos, en este caso suponiéndolos incapaces de aceptar la natural controversia científica, es inconcebible en un régimen en el que esos mismos ciudadanos son los depositarios de la soberanía y, por tanto, aquellos a los que con más motivo se ha de informar y rendir cuentas.   

En cuanto a la segunda razón – “los médicos negacionistas no se apoyan en evidencias científicas” – hay que empezar por deshacer la falacia (llamada del “hombre de paja”) consistente en meter en el mismo saco a los fanáticos y negacionistas más chiflados, y a aquellos que cuestionan, razonadamente, la forma en que se está entendiendo y afrontando el problema. De hecho, y a tenor del criterio de los colegios de médicos aludidos, habría que expedientar a todos los científicos del mundo que, sin negar la existencia de la pandemia, recomiendan otras medidas de control o critican severamente las establecidas en países como el nuestro. Más al fondo, la réplica fundamental al argumento es clara: no hay una única forma de construir “evidencias científicas” (los hechos son interpretables de más de una manera). Esto no supone aceptar cualquier cosa, ni defender que “todos tienen (la misma) razón”, sino asumir que, en medicina, como en toda ciencia, cualquier tesis es meramente hipotética – hasta que se descubra otra mejor –. La controversia científica (y, aneja, la política y social – la ciencia no es cosa de ángeles –) en torno al coronavirus y la forma de afrontarlo remite, pues, a un debate, tanto entre expertos como entre ciudadanos, y no, en ningún caso, a expedientar a nadie – y menos a un médico – por manifestar su parecer.

Artículo publicado originalmente por el autor en El Periódico Extremadura.