Hace unos días se
reunieron los miembros de la Red de Asesores en Política Educativa del Consejo
de Europa para dar forma al proyecto de implantación de un “Espacio Europeo
para la Educación para la Ciudadanía”, una estrategia cuyo objetivo es reforzar
una educación en valores comunes y en cultura democrática que ponga en el
centro la capacitación del juicio crítico del alumnado. Estaba previsto que la
reunión se celebrara en Tbisili, Georgia, pero la situación política de aquel
país (vecino de Ucrania) lo desaconsejó ―a la par que hacía patente la
pertinencia de fortalecer la educación democrática y en derechos humanos en
toda la UE―.
Lo que el Consejo de
Europa promueve como una necesidad para evitar lo que lamentablemente ocurre en
muchas partes de Europa y del mundo, fortaleciendo el conocimiento de las
instituciones democráticas, la asunción racional de valores comunes, y el desarrollo
del espíritu crítico frente a la desinformación y los discursos de odio,
consiste en consolidar contenidos similares a los de materias como la vieja
Educación para la Ciudadanía, que hubo de retirarse de los currículos de
nuestro país debido a la feroz e incomprensible resistencia del Partido
Popular.
Es precisamente este
mismo partido, empeñado desde hace años en borrar la educación cívica del mapa,
el que, según la prensa, pretende proponer ahora una proposición no de ley para
instar al Gobierno a incluir la enseñanza de la Constitución y los valores
democráticos en la Educación Primaria y Secundaria. No sería esta rectificación
una mala noticia si no fuera porque tales enseñanzas están ya amplia y
profundamente implementadas en la ley educativa actual. Y no de modo
transversal, como alega el Partido Popular, sino como parte de los contenidos y
competencias específicas de varias áreas y materias de carácter troncal.
Así, si uno acude a los
reales decretos que establecen los contenidos y competencias que rigen
los planes de estudio de todo el Estado, podrá comprobar (solo hay que leer el
BOE) la obligación de que el alumnado, a través del trabajo en áreas y materias
concretas, conozca y analice los valores constitucionales y los procedimientos e
instituciones democráticas (por ejemplo, en la nueva materia de Educación en
Valores Cívicos y Éticos, tanto en Primaria como en Secundaria); o que
reconozca los derechos y deberes constitucionales (en la materia de Geografía
e Historia); o que realice un análisis comparado de los distintos regímenes
políticos y sus constituciones para reconocer el legado democrático de la
Constitución de 1978 como fundamento de nuestra convivencia y garantía de
nuestros derechos (en la asignatura de Historia de España). Recordemos,
además, que el currículo tradicional de esta última asignatura se modificó,
dando más peso al estudio de la época contemporánea, justo para ―entre otras
cosas― poder tratar con detalle de las diversas constituciones de nuestro país,
desde la Constitución de Cádiz hasta la actual.
¿Qué más pretende el
Partido Popular? Desde luego, es digno de reconocimiento que en la propuesta
difundida por el PP se incida en la necesidad de garantizar la capacidad
crítica, el inconformismo y la autonomía de juicio de las nuevas generaciones.
Este es, de hecho, uno de los objetivos clave de la nueva ley educativa, y no,
de nuevo, de forma «transversal», sino como parte de los contenidos
curriculares de materias muy concretas (la ya citada Educación en Valores
Cívicos y Éticos, la Filosofía, que vuelve a ser troncal en todo el Bachillerato,
la Lengua y Literatura, la Historia, etc.). Lo que no parece coherente es que
en la propuesta del PP se exija promover una formación crítica y, a la vez,
transmitir los artículos constitucionales de forma «práctica» y sin necesidad
de acompañarlos de explicaciones de fondo ni de fundamentación alguna, como se
desprende de la información disponible. ¿En qué quedamos entonces? Porque
promover el inconformismo y el espíritu crítico enseñando los artículos de la
Constitución como si fueran la tabla de multiplicar, sin explicaciones de fondo
ni fundamentación alguna, son intenciones claramente opuestas. No se enseña al
alumnado a ser crítico ni a comprometerse con la Constitución haciéndole
memorizar y repetir sus artículos como si fuera un loro, sino ofreciéndole
razones y argumentando con él acerca de su valor y pertinencia.
Parece en fin que la
iniciativa del Partido Popular viene a reivindicar la orientación hacia la
educación cívica, crítica y en valores democráticos que inspira justamente a la
Lomloe y a las más recientes recomendaciones europeas en política educativa; orientación
que es exactamente la misma que la que informaba a la vieja y perseguida
Educación para la ciudadanía… La lástima es que el PP no haya estudiado antes
la ley vigente, ni analizado la consistencia de su propuesta.
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