Artículo originalmente publicado por el autor en eldiario.es y El Periódico de Extremadura.
A partir de ahora, mi padre ya tendrá
algo en común con sus nietos: las historietas de cuando, en pantalón
corto y muerto de miedo, tenía que recitar la lista de los reyes
godos ante un siniestro tribunal de cátedros para sacarse el
bachillerato. ¡Sí, vuelve la revalida! Como en el peor episodio de
alguna de esas series nostálgicas de la tele. El gobierno, que está
en funciones para lo que le interesa (para evitar comparecer en
comisiones parlamentarias, por ejemplo), aprobó hace unos días el
decreto según el cual a los alumnos de 16 y 18 años ya no les basta
con aprobar la ESO o el Bachillerato; si quieren el título, tendrán
que superar, además, una serie de exámenes elaborados por un comité
de subsecretarios del Ministerio. Serán cinco días resolviendo
problemas y marcando casillas de test para obtener entre el 30% y el
40% de su nota final. Así que, ya saben, procuren que durante la
semana de la revalida sus hijos no están enfermos, ni nerviosos, ni
afectados por problemas personales, porque lo que hagan durante esos
cinco días valdrá prácticamente lo mismo que lo logrado en todos sus años de estudio.
Pero las revalidas no solo ningunean el
trabajo de los alumnos, sino también el de los profesores. Cientos
de clases, ejercicios, trabajos, exámenes y reuniones no serán suficientes para
autorizar sus evaluaciones. Estas se supeditan ahora al (y se
igualan, prácticamente, en cuanto al valor final, con) el
examen de cinco días de los burócratas del Ministerio. Otra pedrada
más (y van...) a la dignidad del profesorado.
Olvídense, también, de todo lo que
sea innovación pedagógica: ni educación por proyectos, ni trabajos
de grupo, ni debate o diálogo crítico en las clases, ni expresión
artística, ni educación en valores, ni nada que no quepa convertir
en preguntas tipo trivial acerca de contenidos estandarizados. Por demás, dada la extensión de tales contenidos los profesores tendrán que olvidarse de enseñar nada para convertirse en una suerte de “preparadores de oposiciones” para adolescentes de
12 a 18 años. Si siempre ha sido difícil retener la atención de
los chicos, imaginen ahora para inculcarles de memoria los
hipertrofiados temarios LOMCE, o para ensayar con ellos un test tras
otro, como en las autoescuelas.
Por otra parte, la justificación del
gobierno – dada en el propio decreto – para, pese a estar en
funciones, imponer una ley que rechaza la mayoría de la comunidad
educativa y la totalidad de los partidos políticos, es desvergonzada
hasta decir basta. De un lado, se escuda en la urgencia de
reglamentar las pruebas para, a continuación, dilatar su
concreción... ¡Hasta finales de noviembre! (De lo que se trataba,
es obvio, era de aprobar el decreto antes de tener que gobernar en
minoría). De otro lado, acude al conocido argumento acerca del valor
de las revalidas para fomentar el rendimiento y la motivación de los
alumnos, algo que se ha revelado, una y otra vez, como ineficaz y
que, desde una torpe y desfasada filosofía pedagógica, coloca a los
alumnos – a su supuesta “pereza” e irresponsabilidad – como
principales responsables de los problemas del sistema educativo.
Porque de lo que se trata, en el fondo,
es de imponer de nuevo la vieja “pedagogía” de palo y
tentetieso. Esa pedagogía castiza incapaz de entender que alguien
pueda disfrutar con el aprendizaje, que exhibe soluciones simplonas
(¡más exámenes!) para problemas complejos, y que inculca en los
alumnos, no el amor por el conocimiento o las actitudes cívicas,
sino la obsesión por los resultados cuantitativos (y el
correspondiente sentimiento de culpa cuando estos no se logran). Una
pedagogía, esta, en retroceso, y que ha mostrado una y mil veces su
absoluta inutilidad. Así, mientras en Europa (¡y en las mejores
escuelas de pago!) se vira hacía pedagogías comprensivas, con
currículos flexibles, pocos exámenes, y centradas en la motivación
y el interés del alumno, aquí volvemos al espíritu de las
revalidas – ¡con el que ya acabó la ley franquista de 1970! – y
al modelo de escuela de Don Minervo, el maestro cazurro de los
hermanos Zipi y Zape.
Urge, pues, hacer algo para evitar este
dislate que, además, amenaza a la ya maltrecha escuela pública.
Pues la revalida también servirá para clasificar (y dotar) a los
centros en función de los resultados de sus alumnos (con una no
especificada ponderación según el nivel socioeconómico de los
mismos). Esto, como ha pasado en otros países, solo servirá para
crear centros marginales a los que nadie querrá ir, y, claro está,
para animar la demanda de los concertados y los privados, en los que
no suele encontrarse uno niños de familias poco fetén – de
esos que bajan las medias –.
La Generalitat de Cataluña ya ha
anunciado que recurrirá el decreto. Otras comunidades, como Castilla-La Mancha y Extremadura están estudiando, también, el recurso. Alguna confederación de padres
(CEAPA) anuncia medidas. Es hora de que el resto de las comunidades autónomas (que, además, han quedado absolutamente
excluidas del proceso de elaboración de esas malhadadas revalidas)
manifiesten su oposición. La
derogación de este decreto (o de la Ley Wert en su totalidad)
tendría que ser condición innegociable de cualquier negociación
política.
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