¿Es democrático hablar mal?

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Una de las máximas más certeras que conozco es esa de que “por la boca muere el pez”. Aunque se usa para aludir a gente poco discreta o mentirosa, se refiere también al hecho, obvio, de que es a través del habla como se desvela lo que las personas son.

Seguramente, todos tenemos la experiencia de topar con individuos de lo más aparente que, al mostrarnos su incapacidad para hablar o dialogar con inteligencia y sentido, han perdido, de golpe, todo su atractivo inicial. A lo sumo, y en caso de expresarse en algún otro lenguaje de menor rango – digamos, no sé, el de los mimos o los músicos –, se les ha podido aguantar un rato – todo lo sublime que quieran –, pero no más. Al fin, no solo de imágenes y emociones vive el hombre.

A veces pongo a mis alumnos en una reveladora disyuntiva. Tienen que irse a vivir para siempre a una isla desierta, y solo pueden elegir a uno de estos dos acompañantes: un perro que habla, o un ser de aspecto humano (todo lo atractivo que quieran) que únicamente puede ladrar. La mayoría escoge, sin dudarlo, al perro. Intuyen que un ser que no pueda comunicarse en un lenguaje verbal (o en algún otro análogo, como el de signos o el código Braille) ni siquiera merece claramente la categoría de “humano”.

Ocurre algo similar si colocan a un niño pequeño frente a la representación de un objeto u animal que hable como una persona y, a continuación, ante un personaje con forma humana que solo emita sonidos mecánicos o propios de otros animales. En el primer caso, el niño se identificará rápidamente con la cafetera habladora o el dragón parlanchín; en el segundo, probablemente se asuste y no quiera saber nada con el “monstruo” aquel. Lo humano del ser humano – lo saben hasta los niños – está, pues, en el hablar.

Tal vez parezca simple, o injusto, pero solo encuentro dos criterios fiables a la hora de evaluar como tal a una persona: su aptitud para dialogar con honestidad y empatía, y que sepa escribir o, cuando menos, hablar. No me interesa (ni me fio de) la gente que no es capaz de rebatirse a sí misma (que es la forma más seria de reírse de sí) o de emplear el lenguaje con cierta pulcritud. Sin duda, se puede saber dialogar y escribir, y ser un canalla. Pero en este caso hay cura. Quién, en cambio, no domina el lenguaje, no domina su pensamiento; y quien no domina su pensamiento no tiene forma alguna de dominarse a sí mismo.

Crear o recrear – interpretándolo – un texto, trazar en él un mapa de ideas y operaciones, sembrarlo de hipótesis, abonarlo con argumentos y contraargumentos, y dejar, con todas sus podas, que crezca por sí solo, es el único modo que concibo de desvelar o dar a luz lo que uno piensa – tan distinto, a menudo, de lo que cree pensar –. Decía Platón que la escritura sustituye el pensamiento por la memoria. ¡Pero lo decía en uno de sus más prodigiosos escritos! Fuera de ese combate mayéutico, en fin, con el lenguaje y el texto – compendio de todo diálogo posible –, que es el arte de escribir, apenas cabe aventurarse en el pensamiento.

Escribo todo esto, no para insistir en aquello de la degradación actual del lenguaje – algo que es cierto, pero que también hay que valorar en el contexto de unos índices de escolarización o de acceso a los medios multiplicados en muy poco tiempo –, sino más bien para denunciar la perversa idea de que esa degradación en el uso de la lengua (incluso la administrativa o la educativa) es poco menos que un requisito democrático.

Circula así la consigna, por claustros, consejerías o ministerios, de que, “para que todo el mundo lo entienda”, hay que simplificar (que no es lo mismo, sino lo contrario, a veces, que clarificar) medios y mensajes, aliviando al lenguaje de estructuras complejas, párrafos extensos, vocabulario excesivo y argumentos que no quepan en el espacio de un tuit (que es el formato ya asentado de la declaración pública). Pareciera que la Administración se empeñara en imitar la economía del lenguaje verbal (y de la inteligencia) que imponen los medios audiovisuales.

Ahora bien, el imperativo de vulgarizar el lenguaje solo responde a una idea muy burda de lo que es “democrático”. La democracia es el gobierno del pueblo. Pero el pueblo ha de gobernar algo, digamos el Estado, que posee una entidad y unas funciones propias, entre otras la de capacitar o educar a la gente que ha de gobernarlo. Y educar no equivale a homogeneizar la práctica del lenguaje, sino a reconocer lo valioso de su heterogeneidad y promover aquellos usos que más y mejor nos permiten ser y comunicarnos. Hacer apología de la simpleza, en una época tan complicada de pensar como esta, es otra manera – otra más – de infantilizar, tutelar y entontecer plácidamente a la gente, manteniendo las desigualdades fundamentales bajo la apariencia de que, como hablamos igual (de mal), estas han dejado de existir.

El bautizo de Noa

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico de Extremadura y El Diario de Mallorca.

“¿Pero es que nadie piensa en los niños?”, exclama con frecuencia Helen Lovejoy, la esposa metomentodo del reverendo de Los Simpson, que acostumbra a soltarla gimoteando, venga o no a cuento, en las más variopintas circunstancias. Supongo que el guionista la introdujo con el fin de satirizar el lacrimógeno y demagógico recurso de apelar a los niños para enturbiar emocionalmente cualquier disputa. O, quizá también, para señalar a aquellos que, aunque digan lo contrario, ni por asomo piensan de verdad en los niños.

Me acordé de la frase en mitad de un bautizo al que asistí hace unos días. Una de las niñas a bautizar tenía ya diez años, y el cura, en buena lógica, le preguntó que con qué nombre quería ser bautizada. La niña, de nombre Miriam, tras unos minutos de perplejidad, y ante la insistencia del cura, acabó por responder, y con una vocecita apenas audible le dijo a toda la Iglesia que como quería llamarse de verdad era Noa. La cara de los padres era un poema. El cura intentó mediar y propuso Miriam Noa. Pero la madre estalló entonces: “ni Noa ni Noe – vino a decir –, la niña se llamará Miriam y sanseacabó”. El espectáculo fue patético. Me pregunto que hubiera pasado si la niña, en lugar de Noa, hubiera pedido llamarse Juan José.

La anécdota es significativa de lo poco o nada que respetamos a los niños, y de cómo, bajo toda la pringosa sensiblería al uso, poca gente piensa realmente en ellos. Dudo que la humillación que recibió el otro día esa niña, al comprobar como su timidísimo arrebato de voluntad era aplastado delante de todos, y en mitad de una ceremonia sagrada, pueda olvidársele fácilmente. 

Pero no solo se trata del nombre (algo tan personal), o de frivolidades como la decoración del cuarto, el corte de pelo o la ropa que se usa (que algunos padres escogen para sus hijos como si jugaran con muñecos). La tiranía y el poder arbitrario de los adultos se expresa en cosas mucho más serias, imponiéndoles, sin razonar ni escucharlos, actividades, afinidades y normas, amén de – y esto es lo más grave – ideas, creencias y valores de todo tipo.

Con lo anterior no estoy diciendo que no haya que transmitir ideas y valores a los hijos (¿qué sería educarles si no?), sino que es una completa falta de respeto a su personalidad hacerlo de modo dogmático y excluyente. Como si, por ser pequeños, no hubiera que darles razones y concederles la palabra. O como si se fuesen a “contaminar” por relacionarse con ideas y valores distintos a los de su entorno. El “las cosas son así y punto”, o el “porque lo digo yo (que soy tu padre, madre, profesor…)”, son dos de las mayores agresiones que se pueden cometer sobre ese ser racional en ciernes que es un niño. De nada sirve dejar de darles bofetadas (costumbre ya superada, por suerte) y seguir maltratándoles con esos golpes morales a su dignidad.

Otro caso claro de esta transmisión cerril y dogmática de ideas y valores es el protagonizado por aquellos padres empeñados en llevar a sus hijos a colegios estrictamente acordes con sus creencias. Este obtuso deseo es parte del no menos perverso argumento de que los padres tienen derecho irrestricto a escoger la educación moral de sus hijos. Un derecho que, obviamente, no solo ha de estar limitado por el sentido común y por el Estado (es decir, por la sociedad en su conjunto), sino también y, sobre todo, por el propio derecho de los hijos a ejercer su libre criterio y elegir sus propios valores. 

Ahora bien, para que los niños puedan ejercer ese derecho hay que educarles en el aprecio de la pluralidad y el ejercicio de la autonomía, invitándolos a desarrollar esas capacidades que resultan igualmente fundamentales para ser buenos ciudadanos: las del diálogo, el razonamiento y el respeto por los que no piensan como nosotros. Lejos de encerrarlos en “burbujas ideológicas”, se trata de invitarlos a que conozcan ideas y valores distintos, exponiéndolos así a contradicciones y dilemas que vayan alimentando y afinando su propio juicio moral.

Porque a todo esto, sepan, quienes aún no lo saben, que los niños, desde muy pequeños, piensan. Y que piensen quiere decir que, con un lenguaje a veces pleno de imágenes, pero también de sentido, son capaces de dudar, preguntar, pedir y dar razones, inquirir si algo es bueno o malo, justo o injusto, verdadero o falso, así como de distinguir contradicciones y malos argumentos (¿qué niño no sabe, desde muy pronto, lo que es una contradicción, oyendo y viendo, por ejemplo, lo que dicen y hacen luego sus padres?).

Si los niños, en fin, además de materias tan abstractas como matemáticas o geografía, aprendieran desde el principio ese más concreto saber que es el de la reflexión y el diálogo sobre valores, habría muchas más noas en el mundo, y muchos más padres, madres y maestros convencidos de que “pensar en los niños” no es lo mismo que pensar por ellos.

 

Astérix y los pueblos indígenas

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura y el Diario de Mallorca.

Sale a la luz que una comisión escolar canadiense ha quemado o destruido cerca de cinco mil obras de las bibliotecas de Ontario por considerar que presentaban estereotipos de los pueblos indígenas, eran irrespetuosos con sus prácticas culturales o, simplemente, contenían términos como “indio” o “esquimal”, considerados hoy peyorativos. Entre las obras destruidas se encuentran ejemplares de Astérix o Tintín, así como novelas y cuentos dirigidos al público infantil y juvenil.

No por esperables, dejan estas cosas de generar preocupación. Digo esperables porque hace ya tiempo que las guerras culturales se han convertido en novedoso opio y fuente de adrenalina política para el pueblo. Juzgar moralmente a los demás siempre pone, y en este resurgimiento del espíritu puritano mucha gente se está acostumbrando a exigir (o peor: a tolerar) que se prohíba todo lo que parezca ofensivo a cualquier minoría o colectivo con capacidad de convocatoria. Comenzaron con la cultura popular, censurando series de TV, canciones de rap o películas de Walt Disney. Metieron luego la cabeza en los museos, con campañas para retirar obras de arte “poco edificantes”. Y hace años que andan destrozando bibliotecas y removiendo estatuas. Todo esto a la vez que mantienen campañas de acoso y derribo de todo aquel o aquella (artistas, profesores, humoristas…) que no comulga con el pack biempensante.

Más allá de lo difícil que resulta soportar a estas hordas de iluminados odiadores (obsesionados por los “delitos de odio” de quienes no odian lo que ellos), de su insufrible complejo de superioridad moral (que les impele a protegernos paternalmente de todo mensaje pernicioso, como si fuéramos cretinos morales), y de la absoluta ineficacia de sus métodos (¿habrá algo que incite más a la lectura que prohibirle un libro a un niño? ¿Y algo más educativo que leerlo con él?), el problema más grande y profundo que parece tener este tipo de ultras puritanos es el de la risa.

Y no les faltan motivos. Fíjense que los argumentos, por razonables que sean, se pueden desactivar fácilmente con falacias, eslóganes, ataques o apelaciones al activismo o la emoción, pero la risa es siempre incontenible y casi siempre incontestable. Una buena broma nos deja sin réplica. Si el insulto suele descalificar a quien lo emite, la burla, cuando es efectiva (es decir, cuando da la risa), deja en evidencia al burlado. Y esto, siempre tan conveniente, de que se rían de ti y de lo que dices, no lo soporta cualquiera. Y menos un fanático.

Tal vez por esto, la liga de colegios católicos de Ontario aficionada a quemar libros la haya tomado con Astérix el Galo, la divertidísima colección de historietas de Uderzo y Goscinny en que los autores se burlan amablemente de todo y de todos (empezando por los propios galos, que son constantemente caricaturizados, junto a los belgas, los ingleses, los españoles…) y en la que, curiosamente, lo que se transmite – de forma harto ingenua – es una defensa a ultranza del indigenismo frente al imperialismo romano.

Y digo de forma ingenua porque – ahora que andan moviéndose y derribándose estatuas de Colón y otros –, los pueblos indígenas no son ni han sido unos ángeles que no merezcan, como todo dios, su ración de burla y crítica. Lo siento por los que siguen creyendo en el bíblico (o rousseauniano) mito del Edén, pero no hay pueblo o civilización, por colonizada que haya sido, que no tenga sus luces y sus sombras. De hecho, algunos de los pueblos conquistados fueron, antes, tiránicos y crueles conquistadores de otros como ellos. Y muchas sociedades de cazadores-recolectores son y han sido tan belicosas y sanguinarias como sus medios les han permitido. Desengáñense: hasta ahora, y salvo casos marginales, ningún grupo humano se ha asentado sobre un territorio sin usar de la fuerza para ocuparlo y/o para evitar la intrusión de otros, y me temo que muy pocos, si es que alguno, ha dejado de aprovecharse, cuando la opinión la pintaban calva, de las debilidades del vecino.

Esto no quiere decir, obviamente, que uno apruebe o tolere la humillación, la marginación o el genocidio de los pueblos indígenas, ni que ponga al mismo nivel a los hoy poderosos y a los que ya no lo son, ni que no haya que resarcir, en justicia, a todas las víctimas posibles de todos los atropellos cercanos. Lo que hay que tener claro es que la batalla para erradicar las relaciones de dominación tiene que proyectarse hacia el futuro, sin negar o mitologizar el pasado, sino reconociéndolo como tal y aprendiendo de él. Quien no conoce y comprende la historia está condenado a repetirla. La prueba está en observar a estos aprendices canadienses de Torquemada.

La «patologización» de lo moral

“Los jugadores de cartas” (1894-95), de Paul Cézanne

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico de Extremadura

Borrachos, jugadores, salidos, avariciosos, empollones, tragaldabas, traviesos… Para todas estas calificaciones morales se dispone hoy de un sustituto médico: alcohólicos, ludópatas, víctimas del síndrome de hipersexualidad, workaholics, aquejados del trastorno de apetito desenfrenado, afectados por déficit de atención e hiperactividad … No son los únicos. También tenemos los adictos a internet (ciberdependientes), a las compras (oniomaniacos), al ejercicio físico (vigoréxicos), a la comida sana (ortoréxicos), al running (runnoréxicos), a los viajes (dromómanos), al dinero (crematomaniacos), al móvil (nomofóbicos)…  Gran parte de las conductas que, con el lenguaje de antaño consideraríamos moralmente censurables o anómalas, tienden a considerarse ahora como trastornos psicológicos.

Convertir presuntos defectos morales en problemas médicos tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es el conocimiento profundo de ciertos patrones de conducta antes caricaturizados y atribuibles a simple malicia o cretinez. La desventaja, y no pequeña, consiste en concebir a la gente como víctimas pasivas de todo tipo de enfermedades, en lugar de como personas capaces de tomar sus propias decisiones.

Para algunos filósofos, esta “patologización” de los comportamientos anómalos o indeseables sería un síntoma más del “posmoralismo” hedonista e infantiloide en el que, tras el ocaso de los grandes ideales, se hunde nuestra civilización. En el reino de la posverdad y del relativismo de los valores – suelen decir –, no hay otro fin que el del culto al cuerpo y la rápida satisfacción de los deseos particulares, de manera que las conductas descontroladas (que proliferan en este caldo de cultivo) son concebidas como simples disfunciones a eliminar, sin mayor esfuerzo (moral), por el profesional (el psicólogo) de turno. Además – siguen diciendo – esta reducción de lo moral a psicología (de lo “bueno” al “bienestar”) representa la excusa perfecta para que el Estado, en aras de garantizar la seguridad y la salud de los cuerpos, restringa las libertades y los derechos individuales…

Yo creo, no obstante, que hay algo más viejo y profundo en esta patologización de lo moral.  Hagamos un poco de “arqueología” filosófica. Ya en la época clásica, y frente a la extravagante (pero exquisitamente lógica) teoría socrático-platónica de que toda conducta humana es fruto del conocimiento (o de la falta de él), algunos pensadores, como Aristóteles, reaccionaron postulando la existencia de la “acrasia”: un misterioso estado pasional de debilidad por el que las personas eran incapaces de llevar a cabo aquello que les dictaba su razón. Ante esta incomprensible “autorresistencia” solo cabía la fuerza de voluntad. Toda la moral occidental descansa, desde entonces, sobre este voluntarismo, según el cual la persona buena es aquella que, dominando voluntariosamente sus pasiones más irracionales, es capaz de imponerse a sí misma lo que su entendimiento reconoce como digno o valioso.  

Ahora bien: si la voluntad es la mediación entre razón y sinrazón, ¿de qué naturaleza, racional o irracional, es ella misma? Esta cuestión no es fácil de responder. Para los platónicos, la voluntad solo tenía entidad confundiéndose con la razón, mientras que para los aristotélicos se identificaba con ciertos hábitos o virtudes prácticas. Durante la Edad Media, la voluntad moral se vinculó con la fe y la gracia divina, y, en la modernidad, con una suerte de entidad metafísica ajena a toda explicación científica (Kant) que acabó resolviéndose en pura irracionalidad (Schopenhauer, Nietzsche). Tras este recorrido, después de la “muerte de Dios”, y de las ideologías justificadas en la “voluntad de poder”, ¿qué podría quedar hoy de ese vetusto y cuasi maldito concepto de “voluntad”? Nada.

Ahora, muerta la voluntad, solo quedaban dos instancias a las que acoger el criterio moral: el entendimiento, volviendo así a la tesis platónica (lo bueno es lo que determina la razón), y la emotividad (lo bueno es lo que me hace sentir bien), que es sobre lo que finalmente se fundó nuestra “sociedad del bienestar”.  ¿Qué es entonces, desde esta concepción postmoderna y sensualista, un problema moral? Respuesta: un simple estado emocional de malestar (como el que siento cuando no puedo dejar de beber, jugar, trabajar, etc.). ¿Y cómo ha de solventarse? Como diría Spinoza, con una pasión más fuerte, esto es: mediante un estado de pasividad aún mayor, inducido desde fuera, por alguien que (por nuestro bien) nos somete, trata, cuida y dirige. En esto consiste fundamentalmente la patologización actual de los problemas morales: en el ocaso de la voluntad y el triunfo de lo irracional, de la acrasia y de las pasiones. Incluso de la pasión por lo patológico mismo. Hasta el punto de que no sé si seguir pensándolo o hacérmelo mirar.

Garzón y la cruzada contra el juego

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

El ministro de Consumo afirma que el juego es malo, o insano (que es lo mismo, pero oculto bajo un aséptico tecnicismo). Y que, dado que es malo (o insano), hay que regular al máximo su publicidad, no sea que nos pervierta, débiles e influenciables como somos. ¡Suerte tenemos de este ministro que nos salva de nosotros mismos!

Qué juego, por cierto, es el que es malo (insano), no lo deja muy claro el ministro. Porque juego, lo que se dice juego, lo es casi todo. Y si por malo (insano) entendemos lo que, por ejemplo, es peligroso, igual habría que empezar por censurar la publicidad bancaria o bursátil (el juego especulativo arruina vidas y haciendas). Ah, y las canciones de amor (no hay juego más doloroso que el del querer), cosa esta última (con lo de la bolsa no se van a atrever) que, dada la vocación moralizadora y profundamente intolerante de algunos, no descarto en absoluto.

El ministro aclara que los juegos que son malos (insanos) son los de azar. Pero azar lo que se dice azar lo hay en todo juego. ¿Se refiere al bingo, a las rifas benéficas, a las tómbolas, las timbas, al dominó de los jubilados, a los concursos de la tele…? Dado el castizo vicio que tenemos, por ejemplo, con la compra de loterías y cupones, ¿va a hacer el ministro que el anuncio del Gordo de Navidad, o los entrañables comerciales de la ONCE, se emitan también de madrugada?

Pero no. Según el ministro, los juegos malos-malos son los juegos de azar que tienen que ver con el (no menos lúdico) asunto del deporte. Ahora bien: ¿esto descalifica las quinielas o las porras del bar? No. Las quinielas, además, son un juego de apuestas deportivas controlado por el propio Estado. El juego malo (insano) de verdad es, en fin, el de las apuestas deportivas privadas que prolifera libre y legalmente en páginas de internet y locales (prohibidos a menores) en los que ningún ciudadano está obligado a entrar. ¡Una locura de libertinaje que nuestro santo ministro no puede permitir!

Subamos el nivel. Preguntémosle al ministro por qué son malas (insanas) las apuestas deportivas (no controladas por el Estado). Porque otros celosos y puritanos defensores de las buenas costumbres – las damas católicas, los evangelistas, el Ejército de Salvación… – tienen sus bien asentados motivos religiosos. ¿Y nuestro ministro? Dado que malo equivale a insano, la cosa debe ser un asunto de salud. Y en efecto: los juegos de azar (relacionados con el deporte y no controlados por el Estado) son malos porque pueden crear (¿solo ellos?) “adicción”. He ahí la palabra mágica que lo justifica todo. El asunto es, pues, de “salud pública”, de “seguridad”, vaya. Y ante esto no hay libertad ni moralidad individual que valga.

Porque ya saben, al ser asunto médico (y no moral), los problemas dejan de ser responsabilidad de cada uno, y pasan a ser asunto de expertos y del ministerio técnico del ramo. Así, la idea subyacente es que el jugador frecuente (el aficionado a las apuestas deportivas no estatales) no es un vicioso responsable de lo que hace, sino un pobre enfermo, un disminuido moral, un niño desvalido necesitado, no, quizá, de un mejor juicio (si es que necesita tal cosa), sino de un ejército de técnicos y terapeutas que le ayuden a corregir su insana conducta.

Acabamos. ¿Tiene entonces que protegernos el bueno del ministro del riesgo de convertirnos en “ludópatas” (ya que el concepto moral de “vicioso” parece descatalogado)? Pues depende. En un país de ciudadanos dueños de su vida y no sujetos más que a su conciencia y a sus particulares vicios, no, en absoluto. En un país de menores de edad temerosos de los infinitos peligros, adicciones o virus que amenazan su salud y seguridad, y convencidos de que necesitan un Estado que los proteja hasta de sí mismos, por supuesto que sí. Y adivinen hacia cuál de estos dos tipos de sociedad nos acercamos casi adictivamente.

Los demás va de suyo. Como el ministro ha decidido que jugar a ciertos juegos de azar es insano, y la ciudadanía ha asumido que el Estado le proteja de todo lo que el Estado declara insano, el mismo ministro, contando con la minusvalidez de esa infra ciudadanía, ha determinado censurar y regular los mensajes que recibimos (e incluso quién los emite, prohibiendo que “figuras de relevancia” participen en los anuncios de apuestas) para que – como somos imbéciles – nada ni nadie nos puede engañar y nos haga daño. Lo extraño es que, a estas alturas, nos dejen votar. Aunque ya sospechamos que nos dejan porque creen que votar, lo que se dice votar, no es más que una pantomima orquestada por la publicidad. La misma que, por nuestro bien (o salud), se empeña en controlar el ministro. Al fin y al cabo, ¿qué diablos sabremos nosotros de lo que es “sano” e “insano”?

Ética y estética

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Volvemos a las andadas con el caso de Plácido Domingo, uno más de los que tienen a la llamada “cultura de la cancelación” como trasfondo. Como algunos aluden a que el debate incumbe a la relación entre ética y estética, vamos a tratar brevemente de este asunto.

Mi opinión es que el boicot al tenor u a otros artistas, convictos o sospechosos de delitos sexuales o actitudes sexistas, racistas, homófobas, transfóbicas, etc. (Allen, Polanski, Gibson, Rowling y una larga lista), no tiene sustancialmente nada que ver con el problema de las relaciones “ética-estética”, sino que refiere un asunto de cariz básicamente ético, y en torno al que se supone una, cuando menos discutible, concepción de lo que debe ser una política de reparación de las víctimas y de prevención del machismo, el racismo o cualquier otra actitud a erradicar.

En cuanto al problema de lo ético y lo estético, este suele referirse a la relación que se da entre el contenido de una obra de arte y los valores vigentes (y no, o muy torcidamente, a la relación entre la obra y la catadura moral del artista). Así, el problema entre ética y estética se plantea cuando en una obra o evento artístico se representan contenidos que, según el censor (que hace también, involuntariamente, de intérprete y crítico de arte), se consideran moralmente reprobables (la exaltación del terrorismo o el machismo, la incitación al odio, el maltrato de animales como en los toros – donde no solo se “representa” sino que se realiza de verdad –, etc.). Mas este no es el caso que nos ocupa aquí: las óperas que interpreta Plácido Domingo no representan, por si mismas, una incitación al acoso sexual…

De otro lado, el criterio de “superioridad de lo ético sobre lo estético” que se propone para justificar el rechazo a los recitales de Plácido Domingo no se aplica a todos los casos análogos, lo que debilita la autoridad del criterio. Al menos de momento no pedimos un certificado de penales o de “buena conducta” a la generalidad de los autores (cuando se conocen) de las novelas, canciones, cuadros o monumentos que admiramos. Tampoco lo hace el Estado cuando, por ejemplo, celebra un concurso para contratar o dar un premio (es más: lo que se exige en estos casos es el anonimato, para que el conocimiento de la identidad del artista no afecte al juicio objetivo sobre su obra). Bien. ¿Deberíamos hacerlo a partir de ahora, y rechazar a artistas que no estén limpios de ciertos delitos, actitudes u opiniones? En cualquier caso, ¿por qué boicotear la obra de P. Domingo o W. Allen y no la del misógino Nietzsche, la del traficante Rimbaud o la del maltratador Picasso, por no hablar de miles de hermosísimos monumentos, templos, pirámides o ciudades enteras construidos y financiados gracias a la sangre y el hambre de la gente? ¿Deberíamos dejar de ir a verlos y negarnos a que se mantengan con dinero público?

Y, por descontado, todo esto no afecta únicamente a la estética. Sabemos, por ejemplo, que muchas empresas de renombre han explotado hasta la extenuación y la muerte a hombres, mujeres y niños. ¿Deberíamos dejar de comprar la ropa que se confecciona en los insalubres talleres de China o Malasia, o los automóviles o medicamentos de empresas que se aprovecharon, en un pasado no tan lejano, de la mano de obra de los prisioneros nazis? O, por dar más ejemplos, ¿renunciamos a todos los avances tecnológicos (entre ellos internet) que son fruto de la investigación con fines bélicos o del trabajo de científicos moralmente sospechosos?...  

Los casos como el de Plácido Domingo no son, en fin, un problema de “ética y estética”, sino de ética, y de política. Y la cuestión pertinente respecto a ellos es si la estrategia de señalamiento masivo de todo aquel cuya conducta nos parezca intolerable es o no es apropiada o si, cuando menos, debe sujetarse a ciertos límites marcados por las garantías jurídicas, la prudencia antes de acabar con la reputación de alguien, el principio de la reinserción (y no del simple encapirotamiento moral) o la atención a propósitos más educativos que punitivos. 

Pues todos sabemos que la única solución consistente al problema del acoso sexual (y la mayor muestra de apoyo, por tanto, a las victimas) es la educación. Y someter a acoso a quien acosó, ojo por ojo, señalándolo indefinidamente por algo de lo que se ha arrepentido, no parece muy educativo. A no ser que concibamos la educación como escarmiento. Si es así, bien podríamos llevar a los niños, como se hacía hace siglos, a las ejecuciones o linchamientos públicos, y decirles: mira, querido, esto que le ha pasado a ese señor es lo que te va a pasar a ti si haces lo mismo. Incluso si fuera un procedimiento eficaz (que ni lo es ni lo ha sido nunca), el fin, por noble y justo que sea, no justifica esos medios.

 

Hacer ciudadanía

 

Este artículo fue publicado originalmente por el autor en El Periódico Extremadura

La palabra “ciudadanía” es de esa clase de términos fetiche (como “igualdad”, “libertad”, “democracia” y otros) que, de tanto y tan retórico uso, han terminado casi por no significar nada. Así, se habla del logro de la “ciudadanía global”, del ejercicio de la “ciudadanía democrática”, de la “Europa de los ciudadanos” o de la “competencia ciudadana”, sin saber, salvo reverendas y redichas vaguedades, que significa exactamente todo eso. Veámoslo nosotros.

Antes de nada, la ciudadanía no es un atributo innato, ni que merezca nadie por el hecho de nacer aquí o allí. Es curioso que se hagan exámenes para obtener carta de ciudadanía a los que vienen de fuera, pero no a los nativos (de modo análogo a la manera en que se hacen pruebas de idoneidad a los adoptantes de un niño, pero no a sus progenitores naturales), algo que siempre me ha llamado la atención, como si ser buen ciudadano (o padre o madre) fuera una virtud telúrica que proporcionara mágicamente el terruño (el embarazo o el uso eficaz de los genitales).

La ciudadanía es una condición adquirida que, aunque generosamente la supongamos común a todos (a todos los del terruño al menos), lo es solo en cuanto creemos que es, en cada uno, susceptible de desarrollarse. Y lo mismo ocurre con los derechos atribuibles a la condición de ciudadano: no lo son por nacimiento, aunque hayamos estipulado que algunos se otorguen al nacer, sino por una decisión política que se debe, precisamente, al ejercicio adquirido, y a la adquisición por ejercicio, de esa misma ciudadanía.

Si el ciudadano no nace, sino que se hace, la pregunta pertinente es cómo debe hacerse uno ciudadano. Los filósofos griegos proponían una fórmula insuperable: mediante la educación y la participación política real (no nominal o ritual, como en las democracias actuales). O, si quieren, mediante una educación que fuese tanto teórica como práctica. Ahora bien, ¿cómo educar teórico-prácticamente para la ciudadanía?

Está claro que no bastan para ello ni los cursos de formación del espíritu nacional (se trata de “hacer ciudadanía”, no de “hacer patria”), ni los talleres de educación en valores, que son lo mismo pero con procedimientos más invasivos y eficaces (en los viejos cursos de formación cívica solo tenías que repetir consignas y entonar alguna canción, en el “taller”, con sus juegos y dinámicas de grupo, no dejan nada sin formatear, empezando por cosas tan manipulables como la imaginación y las emociones).

Todo lo anterior, aunque necesario (toda sociedad ha de adoctrinar a sus miembros en ciertos valores y principios mínimos), no se corresponde exactamente con lo que debe ser una educación para la ciudadanía, y la prueba es que se da también en sociedades totalitarias en las que, en rigor, no hay propiamente ciudadanos. ¿Entonces?

Averigüemos, en primer lugar, en qué consiste ser un “ciudadano”. Un ciudadano no es, como su nombre indica, el habitante de una ciudad, sino el que participa, constituyéndolo con sus actos, de un cierto modelo de civilización. Un modelo que fue fundado hace dos mil quinientos años en la Grecia clásica, y que se basaba en el ejercicio de dos actividades complementarias (y que nacieron, además, a la vez): la filosofía y la democracia. Lo que estas dos actividades representaban al unísono era que el poder ya no dependía de la voluntad de los dioses o los reyes, sino de la razón común y del uso de la misma por parte de todos (un “todos” que, sin duda, hemos ido concibiendo mucho más atinadamente desde entonces). 

Si la ciudadanía es, pues, fundamentalmente, el ejercicio de la soberanía racional (los argumentos son los que mandan) a través del juicio y el diálogo de los ciudadanos (que son quienes vehiculan esos argumentos), debería estar muy claro ya en qué consiste desarrollar la “competencia para la ciudadanía”.

Consiste en cultivar aquellas mismas competencias que definen la práctica de la filosofía: la reflexión rigurosa sobre cuestiones esenciales para la convivencia (el bien, la justicia, la condición humana, la verdad…), la capacidad para argumentar, el diálogo cooperativo, el empeño en saber y convencer (y no en vencer), la certidumbre de que en todas las opiniones racionalmente defendibles hay algo de certidumbre, o la capacidad para tratar con problemas éticos y políticos desde un conocimiento cabal de las posiciones del otro.

“Hacer ciudadanía” es, pues, fundamentalmente, hacer o educar filósofos. Esto es, formar a las personas en aquellas virtudes éticas e intelectuales sin las que no es posible una convivencia fundada en la razón y la justicia o, más concretamente: en el uso de criterios racionales para tomar decisiones y en el acceso de todos a las condiciones que permiten desarrollar tales criterios.

Gente enseñando los colmillos

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Lo conté hace años en algún sitio. En mi pueblo, que es el suyo, el ayuntamiento tuvo, tiempo ha, la feliz idea de invertir unos fondos europeos en regenerar un humedal cercano que andaba convertido en un vertedero. Dicho y hecho, cubrieron la escombrera con tierra y sembraron encima unos buenos árboles de sombra, aunque dejando aquí y allá unos misteriosos claros que nadie sabía decirme muy bien para qué eran. ¿Serían para colocar bancos donde sentarse? ¿Para instalar paneles informativos? ¿O para construir unos discretos observatorios de aves? Al fin – pensé –, el paraje (un complejo de lagunas cruzado por una cañada y a las puertas de un parque natural) está reconocido por la riqueza de su fauna… ¡Pero quía, ingenuo de mí! A los pocos días, los operarios ancharon la pista de acceso, para que pudieran circular mejor los coches, y dispusieron en aquellos extraños claros unas mesas de madera que no eran más que el preludio de lo inevitable: unas enormes barbacoas de piedra y ladrillo que – orgullo del albañil que las perpetró – parecían, entre los árboles aún raquíticos, tótems prehistóricos de alguna tribu consagrada al consumo ritual de chuletones…

Digo lo de “ritual” porque esto de colocar barbacoas municipales en mitad de un paraje idílico (inflamable, para más inri, durante cuatro o cinco meses al año) o se me explica de un modo estético-religioso – como una suerte de grasiento sacrificio o rito de comunión que desconozco –, o no le veo más justificación que la del capricho de poder hartarse de panceta en cualquier lugar más o menos agradable. Lo que no es, en ningún caso, es algo racional. Y lo traigo a colación para intentar explicarme la reacción visceral e igualmente alocada que ha provocado la timidísima campaña del Ministerio de Consumo en pro de un consumo moderado y cuidadoso de productos cárnicos. Una campaña avalada por la OMS, la UE y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y dirigida a un país en que se consume seis veces más carne de lo recomendable.

Honestamente, y en relación con esta polémica, yo aún no me he enterado de qué parte de las consecuencias que genera el consumo masivo de carne no entienden los que echan espumarajos por la boca o se burlan en plan chuleta del ministro y su campaña. Porque no es solo que la dieta de nuevo rico de carne día sí, día también, provoque multitud de enfermedades (a pagar solidariamente entre todos); es que la necesidad de alimentar a los cientos de millones de animales necesarios para que todos los pudientes comamos carne al mismo ritmo que un americano de clase media es una de las causas fundamentales de la desforestación del planeta, del cambio climático y de la falta de alimentos saludables para todo el mundo. Piensen que con solo una mínima porción del grano cultivado para alimentar a todo ese ganado se podría dar de comer, mañana mismo, a los ochocientos millones de personas que pasan hambre en el mundo. 

Pero es que, además, promover campañas para contrarrestar esta “cultura de la hamburguesa” en la que se está educando globalmente a la gente, haciéndoles creer que viven mejor por comer carne barata todos los días, no solo atiende a objetivos que deben ser ahora absolutamente prioritarios, como parar o aminorar la catástrofe medioambiental y social que se nos viene encima, sino que también supone un estímulo al modelo de ganadería extensiva y regenerativa de la que viven muchas familias  y que sufre de forma agónica de la competencia de las grandes empresas de producción intensiva, que son las que hinchan a antibióticos a los animales, agotan y contaminan los recursos, y emiten anualmente millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Claro que, como decíamos al principio, todo esto no es solo culpa de un sistema agroindustrial concebido fundamentalmente para producir beneficios, y no para alimentar saludablemente a la gente, sino también de la misma dosis de inmadurez con que esa misma gente idolatra esa cultura del exceso pantagruélico y el hedonismo low cost que, en el ámbito gastronómico, nos ha llevado a cambiar la olla o la paella tradicional por las hamburguesas chamuscadas. Y las chanzas de cuñado castizo-liberal defendiendo – aunque solo sea en la barra del bar – el consumo libérrimo de chuletas no ayuda en esto para nada; mucho menos cuando, de modo irresponsable, vienen del mismísimo presidente del Gobierno.

Por todo esto hacen falta no una, sino cien campañas como la lanzada por el Ministerio de Consumo. A ver si así recuperamos la razón. Porque es la razón, y no los colmillos, lo que nos define como especie. Lo digo porque, en el colmó del absurdo, un prestigioso tertuliano de la televisión pública enseñaba el otro día los suyos (tal como oyen) para “demostrar” lo carnívoros que somos. Hay que tenerlo flojo o retorcido para no calcular que por encima del colmillo tenemos la frente y, por delante, unos problemas de narices como para andar con tantas tonterías.

 

Fotovoltaicas: el bosque inanimado

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

La avalancha de proyectos para construir gigantescas plantas fotovoltaicas y, en menor medida, parques eólicos, en Extremadura y otros lugares del país, está pidiendo a gritos un proceso de información y deliberación pública. No con respecto al objetivo de sustituir las energías fósiles por las renovables – en lo que todos estamos de acuerdo –, sino con respecto al modo de hacerlo.

En primer lugar, toca hacer un llamamiento a la calma. No es normal que los proyectos aprobados para construir plantas fotovoltaicas multipliquen ya por diez (¡y los que están en estudio por veinte!) los objetivos de producción establecidos por el gobierno para 2030. No hay que ser muy listo para darse cuenta de que este desmadre obedece a intereses especulativos, y no a una política planificada y sensata de transición ecológica, como debería ser.

Por demás, la ocupación del territorio, especialmente tierras fértiles y arboladas, con inmensos bosques inanimados de placas solares o molinos eólicos, acarrea consecuencias que no son solo de naturaleza estética o ecológica, sino también y, sobre todo, de carácter económico y social. Unas consecuencias que hay que analizar con detalle antes de dejarse llevar por la vorágine del dinero fácil (sobre todo, para unos pocos).

La primera de estas consecuencias es el empobrecimiento y abandono de las zonas rurales. El uso creciente de tierras fértiles, arrancando frutales a veces centenarios, o el desmontaje de terrenos forestales, para instalar placas, supone un cambio drástico para poblaciones que viven, desde hace siglos, de la agricultura y del monte, y que van a pasar a convertirse, de golpe y porrazo (y con mucha suerte), en simples vigilantes de inacabables filas de placas.

No se olvide que el empleo que las plantas fotovoltaicas prometen es temporal (dura lo que dura el montaje de las placas) y que, a cambio, no solo eliminan una cantidad mayor y mucho más estable de puestos de trabajo (los ligados a las tareas del campo) sino, más importante aún: amenazan una antiquísima tradición de cultura y laboreo de la tierra que va a dejar de transmitirse a las nuevas generaciones. Pueblos rodeados de placas van a ser pueblos muertos, sin nada que ofrecer a la gente joven, y con propietarios pudiendo vivir de las rentas en cualquier otro lugar. 

Salvo para esos propietarios no parece, en fin, que este del sol sea un buen negocio. Tampoco hay que ser un lince para saber que, a medio plazo, las tierras fértiles o los bosques como sumideros de CO2 van a ser recursos estratégicos de muchísimo más valor económico que las placas. En un mundo atenazado por el cambio climático y el aumento demográfico lo que se va a necesitar son bosques y alimentos (recursos de los que aquí andamos aún sobrados) y no energía solar, de la que, muy probablemente, va a disponer fácilmente casi todo el mundo.

Tampoco podemos olvidar las consecuencias para el sector turístico. Es obvio que, si cubrimos el paisaje con placas solares y gigantescas torres eólicas, poca gente va a tener interés en visitarnos. Urge, pues, fiscalizar con mucha más firmeza los estudios de impacto ambiental, incorporando en ellos estrictos criterios paisajísticos. La transformación de cientos de parajes naturales, mantenidos sin apenas cambios durante siglos, va a ser de tal magnitud, que la prudencia y el control sobre las empresas han de ser igualmente extraordinarios.

Por otra parte, hasta ahora, y que yo sepa, nadie ha explicado de manera convincente por qué resulta imprescindible construir esas gigantescas plantas fotovoltaicas en el campo, en lugar de otras más reducidas e instaladas en terrenos ya degradados, polígonos industriales o incluso en los tejados y cubiertas de los edificios, promoviendo de paso el autoconsumo y el uso responsable de la energía. ¿Será que, aunque esto resulta mucho más beneficioso para todos, resulta menos rentable para unos pocos?

¿Y a qué, por cierto, tantas placas en Extremadura? Hace unos meses, un joven ingeniero de una de las compañías que las plantan por aquí me lo explicó con descarnada franqueza. Además de confirmarme que en su empresa no existía la más mínima planificación paisajística ni preocupación medioambiental (más allá de la imprescindible para afrontar velozmente los trámites administrativos), me respondió que los proyectos abundaban en Extremadura porque el terreno era más barato, porque había más territorio despoblado, y por la menor resistencia de la gente. Así de simple. Le falto decir: “porque sois los más pobres y desinformados”. Espero que no tuviera razón y que nos pensemos muy bien esto de cambiar el oro de las vides y los olivos (no digamos las encinas, que todo se andará) por la plata de esos bosques inanimados de silicio que, sobre el espejismo del beneficio inmediato, van a acabar de desarraigar a la gente de esta hermosa y prometedora tierra.

 

Fatigas adolescentes

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

 Las urgencias psiquiátricas se han disparado durante la pandemia, especialmente entre los más jóvenes. Depresiones, ataques de ansiedad e intentos de suicidio son tres de las situaciones más o menos etiquetables que han motivado los ingresos hospitalarios. ¿A qué vienen estas fatigas adolescentes?

No es fácil responder a esta pregunta. Sin duda que las causas son muchas y variables. Pero estoy seguro de que una de ellas, ligada al confinamiento y al cese de rutinas y actividades, es que, sencillamente, chicos y chicas han tenido más tiempo para pensar.  

Pensar no suele ser un ejercicio fácil, ni siempre placentero. Pensar duele, solía pensar el filósofo Wittgenstein; más aún a quién se pierde por primera vez a conciencia en ese laberíntico discurrir que lo descuadra y desfonda todo. Pensar en el pensar (es decir: en nosotros mismos) y en aquello que pensamos (es decir: en el mundo) es una aventura fascinante, inenarrable a veces, pero también, como toda aventura que lo sea, una fuente inagotable de zozobra.

¿Qué es todo esto? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Cómo pueden los adultos hablar con tanta seguridad de lo que ni ellos ni nadie sabe? ¿Cómo pueden vivir en esa gran mentira que parecen haber inventado para soportar la existencia? Al adolescente que de golpe se hace estas preguntas la realidad empieza a parecerle – con razón – como esa jalea temblona y llena de agujeros con que alucinaba Johnny Carter, el genial protagonista de El Perseguidor de Julio Cortazar, o como el holográfico mundo de Morel en la isla inventada por Bioy Casares.

Pero ojo, la perplejidad metafísica no tiene por qué derivar necesariamente en angustia. Descubrir que la realidad o la vida no tienen sentido es, para algunos adolescentes, una excitante oportunidad de recuperarlo entregándose a su búsqueda. El problema es otro: es tener que soportar la empanada mental y la cobarde suma de trolas y autoengaños de aquellos (padres, profesores, médicos, curas y demás ralea) que no entienden (u olvidaron, que es lo mismo) lo incierto de todo y que, convencidos de no se sabe qué, les presionan sin piedad para que traguen y pasen por el aro de las ruedas de molino de sus patéticas milongas.

Yo al menos no creo que el incremento de ansiedad de los adolescentes se deba a que son poco “resilientes ante la frustración” o tonterías por el estilo. Se debe, como siempre (aunque ahora más, porque tienen más tiempo para pensarlo), a la presión con que se les empuja para que acepten con entusiasmo un mundo absurdo, montado sobre un kafkiano y peligroso andamiaje de mentiras, sin más motivo que el de la claridad con que lo ven los ciegos (por nacimiento o elección) que lo parasitamos. Violentar así de irracionalmente a un adolescente, con la saña de quien tiene más poder que argumentos (y lo sabe), es como mutilarles la humanidad en flor – esas alas de la razón recién desplegadas –. ¿Y cómo no va a provocarles angustia esa patada en el alma? ¿De qué nos extrañamos, entonces, si piden, desorientados e incapaces aún de abandonarnos, acudir a ese padre o madre alternativo que es el psicólogo?

Pero la terapia solo ayuda a ajustarle las mentiras al que ya vive con ellas, lejos de esas grandes preguntas adolescentes que ninguna terapia o pastilla resuelve. El único tratamiento eficaz para la ansiedad común de los más jóvenes es el de escucharlos y tratar de responderles con absoluta franqueza. Si les permites que te pongan en tu sitio (esto es: cara a tus contradicciones y tu mundo de morondanga) y aprendes con ellos a relativizar la importancia y urgencia de lo que con impaciencia les pides, y a no responsabilizarlos de tus propias neuras e inseguridades, estarás ayudándolos más que mil psicólogos juntos. Mucho más si, además, logras hacerte cómplice, aunque solo sea un poco, de aquella busca que los invade.

Porque no hay nada más terrorífico y angustioso para cualquiera que esa soledad metafísica del que no puede entenderse con nadie (ni aún consigo mismo). Y ese miedo radical a salirse completamente del redil, a la tiniebla sin corazón y sin caminos, y no la falta de madurez o vigor (“Estos jóvenes de en día no valen para nada”, han dicho todas las gelatinosas generaciones de viejos desde hace cien mil años), es lo que, sobre las mentiras e imposiciones del adulto, alienta la ansiedad del adolescente.

Con razón decía Kant aquello de “atrévete a pensar”. Si alguna vez, en lugar de la huida continua hacia adelante, el consumo infantil de emociones, el rezo, el mantra, el jogging, el emprendimiento, los cuencos tibetanos y todas las novelerías del mundo, nos atreviéramos de verdad a pensar como lo hace (hasta que lo mutilamos o no puede más) un adolescente, el mundo cambiaría de eje, e igual hasta pasaba algo, algo que no fuera insoportablemente leve, repetido o previsible. Piénsenlo. No se lo dejen al psiquiatra.

Izquierdas e innovación educativa

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.

La continua trifulca educativa que caracteriza a nuestro país tiene dos dimensiones: la que se da entre los partidos políticos, casi siempre alrededor de los mismos asuntos (el lugar de la escuela concertada, la enseñanza religiosa, las lenguas autóctonas…), y otra, más esotérica, que es la que prende una y otra vez entre los profesores.

La trifulca entre docentes es polémica hasta de contar. Se podría decir que es la que mantienen los “innovadores” con los defensores de la escuela “tradicional”, aunque todo esto depende de cómo entendamos los términos. Así, si “innovación” significa una cosa (“mercado”) para los docentes más liberales – y antiliberales – y otra (“modernización”) para parte de los progresistas, “tradición” significa una cosa (“nacionalcatolicismo”) para los conservadores (y anticonservadores) y otra distinta (“ilustración”) para los izquierdistas poco amigos de innovaciones (y defensores – dicen – de la “tradición” de la escuela republicana). En todo caso, el mayor lío, como vamos a ver, lo tenemos en la izquierda.

Comencemos por esto de la innovación. Es cierto que el término se ha convertido en una palabra fetiche para la tropa de altos cargos, expertos y gurús al servicio de la neoliberalización de la escuela (es decir: de su subordinación a los objetivos del mercado y su completa reconversión como nicho de negocios). Pero que esta innovación de charlas TED, publirreportajes pagados por empresas y congresos de postín, sea toda ella una trampa neoliberal, no quiere decir que la innovación no sea en sí misma algo necesario. Innovar también significa sustituir la “expendeduría de títulos” que es hoy el sistema educativo por algo en lo que, como mínimo, pueda darse una experiencia real de aprendizaje – no digamos de realización personal y compromiso social – para la mayoría. 

Ahora bien, ¿cómo mejorar la educación sin el concurso de las ciencias de la educación? Parece impensable. Y, sin embargo, pocas veces he visto un desprecio más visceral y prepotente que el que expresan algunos profesores de la (autodenominada) izquierda verdadera por la pedagogía. La idea básica – y bien que lo es – de estos compañeros es que el buen profesor “se hace a sí mismo” en el aula, de lo que se deduce que todos los docentes deben ser igualmente buenos (pues todos trabajan en un aula), y que enseñar es algo tan simple que no requiere de más saber (o gramática parda) que el llevar haciendo lo mismo una pila de años.

Otro asunto con el que se desgañitan algunos docentes de la izquierda fetén (también aquí junto a los más conservadores) es el de la “depreciación de los contenidos y de la cultura del esfuerzo” que, según ellos, supone la “nueva pedagogía”, algo que – dicen – genera alumnos cada vez más ignorantes, vagos e incapaces de salir de su nicho social – esta última concesión a la lógica liberal no deja de tener su gracia en boca de furibundos antiliberales –. Ahora bien, ¿de qué contenidos y esfuerzo hablan estos docentes? Porque si estos se reducen al cúmulo de información concreta con que se ceba mecánicamente al alumnado antes de los preceptivos exámenes, no creo que hagan falta muchos argumentos para demostrar la inutilidad de insistir en ellos; y si los contenidos a que se refieren son, en cambio, aquellos conceptos y habilidades que nos hacen competentes para comprender, procesar y utilizar consciente y críticamente el caudal de información que recibimos por doquier, no hay nada que discutir: son, precisamente esos contenidos los que muchos “innovadores” pretendemos situar, hoy, en el centro del proceso educativo.

Es cierto, por último, que el pragmatismo estrecho de muchos de los (inexplicables) prebostes de la política educativa (tales como la OCDE) resulta, cuando menos, sospechoso (yo, cada vez que salen con aquello de educar “para la vida” o “el mundo real” me echo a temblar: ¿qué entenderán ellos, y sus expertos y psicólogos, por tales cosas?); pero no es menos cierto que si el aprendizaje no gira en torno a eventos significativos para el alumnado, y en los que este involucre todas las dimensiones de su personalidad – no solo la cognitiva, sino también la moral, social y emocional –, todo se queda en el simulacro de costumbre. “Educar para la vida” ya es algo más que educar para zombis a los que no les cabe más que vegetar en las aulas.   

Aclarémonos. Si la educación ha de transformarlo todo – como creemos desde la izquierda – ha de empezar por dar ejemplo y transformase ella misma en orden a criterios científicos (los de la pedagogía) y con al fin de educar no solo expertos o eruditos, sino también personas capaces de entender, valorar y adoptar una posición coherente, crítica e innovadora ante eso, siempre por hacer, que es el “mundo real”.  

 

 

El mal

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Afirmar que hay personas simplemente malas o crueles es eso: una simpleza. Una simpleza que, además, llama a la resignación, pues si la explicación última de las barbaridades que pasan es que “hay gente en sí misma muy mala”, poco podemos hacer para remediarlo. Si el mal existe por sí mismo, ¿por qué iba a dejar de hacerlo? Podremos encerrar a todos los malvados del mundo, pero, aun así, brotarán sin remedio otros nuevos.

Una alternativa a la creencia en la entidad absoluta del mal es asumir que el mal tiene explicación, es decir, que tiene causas, y que su existencia, relativa a esas causas, es evitable: si se suprime o controla lo que lo causa, se acabó el mal.

Ahora bien: ¿cuál o cuáles podrían ser las causas del “mal”? Una tentación recurrente es patologizarlo. Así, el “malvado” sería en realidad un enfermo – un loco – o un engendro fruto de las circunstancias y la educación, y al que solo cabría internar y someter a terapia médica o reacondicionamiento educativo, algo que, contrariando lo dicho al principio, negaría toda entidad al mal y, de paso, a la dignidad humana (¿Recuerdan La Naranja Mecánica?).

Una segunda explicación, más sensata, es que los “malos”, más allá de sus condicionamientos biológicos o socioeducativos, son personas que actúan libremente atendiendo a criterios morales que creen correctos, esto es: a determinadas creencias sobre lo que se debe y no se debe hacer. Así, igual que para usted “no se debe” discriminar a nadie por su “raza” o etnia, para un racista es eso, exactamente, “lo que se debe” hacer. Nosotros sabemos que las creencias morales del racista son erróneas, pero él no. Y esto mismo ocurre con el criminal o el maltratador: creen que, dadas ciertas circunstancias, y en función de sus peregrinas creencias (sobre el valor de las vidas ajenas, la importancia de la propia, o lo que significan la traición, los celos o ser un machote), es matar o torturar, y no otra cosa, lo que “deben hacer”. 

Con esto quiero decir que, a no ser que creamos en la existencia misma del Mal (Dios nos libre), o en que todo se reduce a patología biosocial (la ciencia nos ayude), la prevención de los delitos que nos escandalizan pasa por tratar a los “malos” como a seres libres y racionales, convenciéndoles de que lo que creen legítimo no lo es. Otra cosa, como castigarlos sin más, no solo no funciona – llevamos miles de años haciéndolo sin el menor resultado – sino que es contraproducente (si castigas a quien no cree merecerlo, solo lograrás confirmarle que el injusto eres tú – y el justo e injustamente castigado él –).

Ahora bien, ¿cómo enseñar al que no sabe (lo malo que es)? Hay casos en los que el “bien” y el “mal” estarán muy claros y podremos confiar en convencer al “malvado” de su error. A menos que (volviendo a lo de antes) exista en sí mismo el mal de la sinrazón y el malvado, por principio, “se niegue a aprender” (como decimos los profesores cuando no sabemos enseñar), en cuyo caso solo cabrá, de nuevo, encomendarse al cura, al médico o al pelotón de fusilamiento, y aplicar un poder que estará tan falto de justicia, o más, que el de aquel al que ajusticiamos.

¿Y qué hacer cuando el asunto del “bien” y el “mal” no esté tan claro? A veces, en lugar de mostrar al ignorante la verdadera bondad (es decir: convencerle – si es que uno tiene argumentos – de lo malo que es ser malo), de lo que se trata es de acompañarlo en el arduo proceso de buscarla, algo para lo que es imprescindible (como en todo aprendizaje) dar lugar a la duda sobre las cosas que uno cree que cree ciertísimas. 

No es ninguna tontería eso de dudar. Fíjense que las mayores barbaridades se cometen sin dudarlo. Jamás verán a un terrorista o a un criminal en ejercicio dudando de lo que cree y hace. Es cierto que todos tenemos creencias falsas y potencialmente dañinas; lo distintivo es lo seguros que están algunos (entre ellos los malvados) de las suyas.  

Nada más peligroso que un tonto; todos – menos los más tontos – lo saben. Ese es el “secreto” del mal. Las circunstancias sociales y los conflictos o estados emotivos solo predisponen y exacerban (cuando no son el efecto de) esa cretinez, pero es ella la responsable de sostener las creencias que determinan las decisiones y acciones del malvado. 

¿Queremos, pues, un mundo mejor? Pues, más allá de asegurar a todos una vida digna y saludable, y de enseñar a la gente a sujetar las emociones a la razón (y no al contrario, como clama tanto romántico trasnochado), sembremos la duda y el espíritu crítico por doquier. Si dudo no solo existo, como decía el otro, sino que también dejaré que existan tranquilamente los demás. Sacar a tantos de la estrecha caverna mental, social y sentimental que habitan los hará menos molestos, como reclamaba el viejo Sócrates, y, sobre todo y más importante: menos dañinos y peligrosos.

 

Felicidad sostenible

 

Este artículo fue publicado originalmente por el autor en El Periódico Extremadura

La determinación y el esfuerzo colectivo con que, en poco más de un año, se ha logrado controlar una pandemia de proporciones gigantescas debería servirnos, si no de modelo, si, al menos, de inspiración para afrontar un reto mucho mayor: el de la crisis medioambiental que se nos avecina. No faltan a este respecto reivindicaciones, foros científicos o proyectos estratégicos (la Agenda 2030, el reciente programa España 2050); lo que se necesita es lo mismo que se demandó en la gestión de la pandemia: la participación de la ciudadanía (y no solo, ni fundamentalmente de los expertos) en la toma de decisiones.

Dos proyectos interesantes en este sentido son la formación de una Asamblea Ciudadana para el Clima (tal como establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética) y el papel que se quiere dar a la educación para el desarrollo sostenible en la LOMLOE. En ambos casos el objetivo es generar una ciudadanía activamente comprometida con los cambios sociales y de valores que la situación va a requerir.

Ahora bien, comprometer a la ciudadanía exige hablar claro. Una deliberación pública o un proceso educativo puramente retóricos, en que no se planteen con profundidad y objetividad ciertos asuntos fundamentales, no servirá probablemente de nada.

El primero de esos asuntos es de naturaleza ética. Son frecuentes las admoniciones a favor de llevar una vida más austera (el propio presidente Sánchez nos advirtió el otro día que tendremos que consumir menos carne, ropa, electrónica y viajes). Pero para mucha gente, rebajar su nivel y sus expectativas de consumo (algo para lo cual han invertido, en ocasiones, muchos años de trabajo) no es un plato de gusto. Y el miedo no es aquí un argumento suficiente: las generaciones más acomodadas, sea por edad o por estatus, saben que no van a sufrir las consecuencias más graves de la debacle medioambiental. ¿Podemos esperar entonces que toda esa gente se comporte por puro deber ético? ¿No tendrían que ser, antes, educados para ello? ¿O es que se piensa en obligarles con la ley? ¿Pero cómo, si la ley deviene, en gran medida, de ellos?

La segunda cuestión, también de carácter ético y político, se refiere a la distribución de los costes de la transición (los impuestos, la renuncia a ciertos “lujos”, el cambio de hábitos…). ¿Se va a seguir en esto el modelo de las últimas crisis financieras, en las que el ciudadano paga por los excesos de los que más tienen? Y, de modo análogo, ¿van a asumir el mismo coste las naciones desarrolladas (y, por tanto, más contaminantes) que aquellas que no lo están? Parece obvio quién tiene que pagar la factura; pero, amén de que volvemos al primero de los problemas, ¿no habría de crearse, para ello, un marco impositivo y jurídico de dimensiones mundiales? ¿Será esto posible?

Otro tema de calado es hasta qué punto la transición ecológica supone cuestionar un sistema económico que, como el nuestro, se basa en el aumento constante de la producción y el consumo. El capitalismo y la lucha contra el cambio climático no parecen procesos compatibles. ¿No habría, pues, que decrecer en lugar de desarrollarse, por muy sostenible que pretenda ser ese desarrollo? ¿O no será esta otra de las crisis por las que el capitalismo acaba reinventándose a sí mismo? De hecho, ya existe un “capitalismo verde” apostando por el nuevo coche eléctrico que se va a comprar usted o – entre otras cosas – por llenar Extremadura de minas y enormes plantas fotovoltaicas. ¿Obrarán la ciencia y la tecnología el milagro de armonizar los intereses del mercado con la salvaguarda de los recursos naturales, o habrá que encontrar un sustituto al capitalismo que nos libre de la catástrofe? 

Y, tras todo esto, la pregunta del millón: ¿Qué forma de vida ética, justa y económicamente viable podemos desear como alternativa a la que ahora tenemos? El sueño de la mayoría de los habitantes de este planeta sigue siendo, hoy por hoy, el de consumir como un norteamericano o europeo medio (tener una vivienda, o dos, un coche, viajar…), y la postal edénica que nos venden los apóstoles de la austeridad (hijos de la abundancia todos, antes de convertirse a la religión de la huerta) no basta, ni mucho menos, para convencer a toda esa gente (que también quieren tener la oportunidad, propia de ricos, de desdeñar la riqueza). 

Es imprescindible, pues, una reflexión más grave y filosófica, en la que no solo sean los expertos, sino, sobre todo, los ciudadanos, los que especulen acerca de cómo podemos y debemos vivir para realizar nuestra naturaleza sin tener que destruir para ello todo lo demás. Más que de “desarrollo” se trataría, pues, de pensar en una “felicidad sostenible” que no confunda la plenitud humana con deseos y objetivos que – como todos los que alientan el mercado y la sociedad de consumo – nos distraen de – y perdón por la impertinencia – lo verdaderamente importante…   

 

 

Filósofos en la Asamblea

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

En esta región tenemos el talento de elegir políticos que entienden el papel de la ética y la filosofía en la educación. De ahí el trabajo de ingeniería curricular que realizó el gobierno extremeño para modificar la ley Wert (que, recordemos, eliminaba el 75% de las materias filosóficas) y, también, la defensa, durante estos días, de una propuesta de impulso para garantizar la presencia de la ética en 4º de la ESO, cumpliendo con lo que, en 2018, se acordó por unanimidad en la Comisión de Educación del Congreso. 

En el pleno de la Asamblea por el que se aprobó esta última propuesta se suscitó además un interesante debate filosófico; algo que honra a la cámara legislativa extremeña, y que le vendría muy bien a cualquier otra. ¿Se imaginan que en todos los parlamentos del mundo los diputados dialogaran entre sí, como filósofos, no buscando otra cosa que la verdad misma, o que, conociendo el origen filosófico de sus ideas políticas, las defendieran con argumentos filosóficos? ¡Sería la apoteosis de la democracia!   

Pero pasemos al debate sobre el valor de la filosofía y su papel en la educación, que es de lo que se trató el otro día en el pleno. Un debate, por cierto, que no podía ser sino filosófico, ¿pues cómo “valorar” la filosofía sin una filosofía que clarifique previamente los criterios de “valor”? ¿O cómo opinar sobre “educación” sin el trasfondo de una determinada “filosofía educativa”? La filosofía tiene estas cosas: hasta para cuestionarla hay que ponerla en práctica. De hecho, el filosófico es el único saber que no solo tiene por objeto a los demás saberes, sino también a sí mismo (por eso no existe una “matemática de la matemática”, o una “biología de la biología”, pero sí una “filosofía de la matemática”, una “filosofía de la biología”, o una “filosofía de la filosofía”). 

Que la filosofía sea el saber que tiene por objeto a todos los saberes debería darnos una pista de por qué es ella la que más y mejor contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. Es cierto que todos, y desde casi todos los ámbitos, podemos ser críticos, pero solo de forma parcial (rara vez criticamos los propios supuestos desde los que criticamos). Solo la filosofía hace crítica de todo, incluyéndose a sí misma en ese todo, y solo ella convierte en tema de estudio (y no solo en herramienta de uso) al propio pensamiento crítico. Por eso el especialista en pensamiento crítico es el filósofo (igual que el especialista en el lenguaje es el lingüista, o en el cálculo el matemático, por mucho que todos hablemos o calculemos). 

En cuanto al tema de la utilidad de la filosofía es hora de desmentir un viejo tópico: la filosofía no es algo que se haga por amor al arte – como sugirió algún diputado –, sino por pura necesidad. Nadie puede vivir sin una cierta idea, por ingenua que sea, de la realidad en la que vive, de su propia entidad como persona, de las condiciones que le hacen tomar algo por verdadero, o de la razón y el valor último de sus acciones. ¿Y quién no sospecha alguna vez de la consistencia de todas esas ideas? ¿Hay alguien que no necesite plantear y responder cuestiones de orden filosófico? 

El papel de la filosofía en la educación consiste, precisamente, en proponer un marco conceptual y metodológico para esas preguntas, de manera que los adolescentes adquieran una visión compleja de lo real (más allá de las repuestas irracionales o parciales de la religión o la ciencia), un conocimiento profundo de sí mismos (identificando las ideas que inspiran sus juicios, deseos, emociones o comportamientos), una perspectiva rigurosa sobre la verdad y el saber (organizando el caos de información en el que viven), y un criterio ético-político propio (analizando las razones y sinrazones que hay tras cada filosofía moral y política). ¿Les parece de poca utilidad todo esto?   

La filosofía también sirve, por cierto, y sustancialmente, a la democracia. No para justificarla ideológicamente, sino para ponerla en práctica en su sentido más originario y radical. No en vano filosofía y democracia nacieron, en la antigua Grecia, con un mismo propósito: el de no aceptar nada que no fuera previamente discutido y razonado por todos los ciudadanos (o, como reclamaba Platón, por todos los que han sido convenientemente educados en la filosofía). Por eso, filosofía y democracia se legitiman igual: cuestionando constantemente su propia legitimidad, abriéndose completamente a la crítica y sometiéndolo todo no a los votos (que son solo el mal menor cuando no hay tiempo para el acuerdo), sino al parlamento de la razón. 

¿Habrá entonces algo más educativo, democrático y propiamente humano que la exigencia continua de justificación racional que caracteriza a la filosofía? ¿Y no habrá entonces que cultivarla todo lo posible, tanto en la Asamblea como en las aulas?