Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.
Seamos claros. Todo el mundo sabe que en este país el nepotismo es un mal endémico, y que en todos los ámbitos, pero especialmente en la Administración, es habitual colocar o beneficiar a parientes, paisanos, compañeros de partido y amiguetes a los que se debe o de los que se espera obtener algún favor. Todos podríamos detallar veinte o treinta casos concretos. Todos sabemos también que el caso de David Sánchez es probablemente uno de ellos. Como también que si no llega ser quien es, aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Nadie ignora tampoco que tras la condena a Sánchez (por dejarse enchufar), se va a seguir colocando y beneficiando a cuñados, conmilitones y amigos en la misma y exacta proporción que antes, porque en esto solo se denuncia a quien políticamente interesa, se sale del tiesto o se pasa de listo.
Todo el mundo sospecha también (aunque no
lo diga) que la inclasificable instrucción a Begoña Gómez no tiene más objeto
que el de procesar a la mujer del presidente del gobierno, y que por los mismos
difusos indicios por los que está imputada desde hace más de dos años se podría
igualmente imputar y procesar al cónyuge de casi cualquier otro alto cargo
político. Se puede matizar o discutir tal o cual cosa, se puede uno alegrar o
no, pero dudo que haya alguien mínimamente informado que no tenga esta sospecha
en la cabeza.
Y del mismo modo, y sea cual sea la
tendencia política de cada uno, todos sabemos que los partidos que se han ido
alternando en el gobierno poseen un grado parejo de corrupción (ni mucho ni
poco, sino más o menos el mismo que el de la sociedad a la que representan).
¿Hace falta dar nombres? (Ábalos, Koldo, Bárcenas, Zaplana, Matas, Rato…).
También sabemos perfectamente que tales partidos son estructuras dirigidas
básicamente a mantener u obtener el poder, y que el porcentaje de energía que
invierten en pensar, dialogar y gestionar recursos para resolver los problemas
de la ciudadanía es mínimo (no hay más que ver sus estrategias de
confrontación, ceñidas al descrédito del oponente – la falacia «ad hominem» –, en
lugar de a la evaluación y discusión de iniciativas).
Ahora bien: saber todo esto implica
también una gran responsabilidad. En una democracia no hay reyes o tutores
conduciendo a sus pupilos o súbditos, y ni los jueces ni los políticos deben
ser modelos o héroes morales, sino simples servidores o gestores de la
moralidad consensuada por los ciudadanos. Por ello, salir de este marasmo es
responsabilidad nuestra, de los titulares de la soberanía. Si no queremos enchufismo
endémico, activismo jurídico, corrupción política o partitocracia estéril,
hemos de hacer algo más que votar y participar de la ceremonia enajenante de la
polarización. Hay que exigir y proponer medidas (inflexibilidad frente al
nepotismo, cambios en el acceso a la judicatura, reformas obligatorias en la
estructura de los partidos, instituciones legislativas directamente controladas
por la ciudadanía …). En otro caso no quedara otra que confirmar lo igualmente
sabido por todos: que, políticamente hablando, no tenemos más que lo que nos
merecemos.













