Inmigración y educación para la ciudadanía

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Ver al dirigente de Vox José María Figueredo – camisa abierta y patillas a lo Milei – explicando cómo va a aplicarse lo de la «prioridad nacional» impresiona. ¿Qué significa «hacer todo lo posible» para que los inmigrantes quieran marcharse? ¿Cómo puede un diputado nacional decir que se va a «cumplir la ley al mínimo»? ¿En qué mundo vivimos? (A esto último no hace falta que contesten). 

Incluso si, como es de esperar (como esperan los que les han regalado las elecciones), las políticas de Vox resultan infructuosas, sus intenciones amenazan la convivencia pacífica con quienes hacen los trabajos que ya no queremos hacer, dinamizan nuestra economía o alivian la crisis demográfica. Pintarlos como invasores, delincuentes o parásitos es un infundio que acarrea penosas consecuencias incluso para el propio Vox, ya sea porque sus amenazas se queden forzosamente en nada (¿para qué votarlos entonces?), ya sea porque se atrevan a aplicar medidas drásticas (contra la ley, contra la Iglesia, contra los intereses empresariales, y a favor de la movilización de una izquierda que parecía resignada al cambio de ciclo). Miren el efecto en las encuestas de la enloquecida campaña contra los emigrantes en EE. UU…

Pero la peor de esas consecuencias es, sin duda, la de poner en riesgo el – siempre peliagudo – proceso de integración entre comunidades culturalmente distintas, magma profundo del estado de opinión que sirve de combustible a la demagogia xenófoba. Dicho proceso de integración comienza, desde luego, por regularizar y por reconocer los derechos que asisten a todos los que trabajan en nuestro país; pero es imprescindible que, a la vez, se facilite a los trabajadores extranjeros cauces sociales y educativos sólidos y eficaces para su plena integración como ciudadanos. En una democracia no puede haber sujetos políticos de primera y segunda clase; pero tampoco un estatuto de ciudadanía derivado del mero hecho de haber nacido o residir tal número de años en un determinado lugar. La noción de «arraigo» puede y debe tener un contenido sustantivo: no en cuanto a la adopción de creencias o costumbres «nacionales», claro está, sino en cuanto a la asimilación crítica de determinados principios y valores (especialmente aquellos en los que se inspira nuestro marco jurídico) a través de una formación obligatoria, normalizada y común.

Que la formación educativa insista en formar obligatoriamente a todos (nativos o extranjeros) en un pluralismo crítico que, sin incurrir en dogmas ni relativismos inconsecuentes, trate de valores comunes, es fundamental para evitar guetos y desencuentros insalvables. La ciudadanía no consiste esencialmente en ser «español» o «finlandés», sino en ser «civilizado», entendiendo como tal la capacidad y la voluntad para poner el diálogo y el consenso racional y democrático (y los valores a ello aparejados) como ejes de la acción común. Los Estados europeos deberían combatir el estado de opinión que sirve a la demagogia racista de la ultraderecha reforzando educativamente la fundamentación ética y la proyección política de una moral cívica transnacional y común a todos y todas. Nos van en ello la prosperidad, la estabilidad social y el fortalecimiento de nuestras desvaídas democracias.  

La filosofía como vacuna frente al integrismo: una vieja entrevista en Canal Extremadura TV

Encuentro esta vieja entrevista en Canal Extremadura Televisión hablando sobre la formación filosófica como vacuna contra el integrismo en los más jóvenes. Eran los años de plomo del terrorismo yihadista tras la desastrosa guerra de Irak y el surgimiento del Estado Islámico (Los mismos en que la ley del ministro Wert pretendía acabar con la filosofía en Educación Secundaria). 

La IA, el burka y otras urgencias educativas

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura, el Diario de Ibiza, el periódico Información y el diario La Nueva España

Nuestras sociedades se enfrentan hoy a una larga lista de retos o problemas que obligan a recalcular las prioridades políticas. El agigantamiento de las desigualdades económicas, la crisis climática, los conflictos geopolíticos, la tensión migratoria alimentada por la ultraderecha o la debacle laboral que supone la generalización de la IA, exigen respuestas urgentes y de gran calado, también en el ámbito educativo.

Una de ellas es despejar las dudas sobre el uso o no de «pantallas» en el ámbito de la educación básica. La intensificación de los aprendizajes vinculados a la competencia digital debería ser, en este sentido, una prioridad absoluta. Por muchos que sean los riesgos, no podemos condenar a las nuevas generaciones al ostracismo analógico (volver al lápiz y al libro de texto, como piden algunos, no es una opción). Aunque, en atención a esos riesgos, sí que podemos multiplicar la dimensión crítica y ética de la formación tecnológica (tal como, de hecho, determina la ley vigente). Es igualmente imperioso priorizar el desarrollo de aquellas capacidades en las que la IA no puede sustituirnos y que van a seguir siendo demandadas por el mercado laboral (la reflexión crítica, el análisis semántico y categorial de la información, el juicio ponderado de valor, la determinación de fines y estrategias…).

Otra prioridad educativa ha de ser la adecuada formación e integración de la población migrante que viene a trabajar y vivir a nuestro país. Es la única manera efectiva de prevenir conflictos y de dejar sin argumentos a los que viven del miedo a tenerlos. El dato recién publicado por el Ministerio de Educación sobre el aumento del porcentaje de abandono escolar del alumnado extranjero no es, en este sentido, nada halagüeño. Ahora bien, una educación inclusiva de la población inmigrante no puede limitarse a dotar a los centros de más medios y ha de comprometerse seriamente con un verdadero proceso de integración, esto es: con un diálogo desacomplejado que propicie la adopción crítica de valores y referentes comunes básicos (algo que nada tiene que ver con las tradiciones patrias, sino con los ideales que definen el espacio cultural europeo). No se trata, pues, de prohibir el burka, sino de convencer a la gente (¡en eso consiste fundamentalmente educar!) de que es mucho mejor no usarlo.

En cuanto a la desigualdad económica, la crisis climática o la amenaza bélica, la reflexión y la prioridad (y la prioridad de la reflexión) son las mismas: hay que formar urgente e intensivamente al alumnado en capacidades analíticas, críticas y cívicas. La escuela ya no es necesaria ni directamente un “ascensor” socioeconómico, ni un medio de cohesión o progreso colectivo (hay escuelas de élite que disgregan, y todos sabemos lo decisivo que es el entorno familiar para determinar el éxito de un estudiante); pero la escuela sí que puede ser una verdadera fuerza de integración y progreso si se prioriza en ella la formación de una ciudadanía políticamente activa, habituada a pensar por sí misma, entrenada en el uso crítico de la tecnología y consciente de la potencia civilizatoria de los valores que representa. No atreverse a priorizar una educación analítica, ética y política no adoctrinadora (pasada por el tamiz dialéctico de la filosofía) es una apuesta segura por la reconversión definitiva de la educación formal, especialmente la pública, en un proceso formativo marginal, laboralmente estéril, promotor de guetos y, por defecto, completamente alienante.  

 

La educación ecosocial desde una perspectiva ética y crítica

 La educación ambiental o, como se dice ahora con más ambición, "ecosocial", es fundamental para entablar una relación más conveniente, justa y sabia con la naturaleza y, a la vez, con el resto de los seres que vivimos de ella y con ella. Siempre que esta educación, como toda educación en valores (¿Cuál no lo es?) se imparta desde una perspectiva crítica, es decir: ética. Sobre todo esto, la Fundación Manuel Mindán nos publica un artículo en el nuevo número de su boletín anual. Para leer todos los artículos pulsar aquí. 

«Vamos a escuchar»

 

La Niña de la Huerta con Francis Pinto (Peña Flamenca Llerena) 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura y en la Crónica de Badajoz.

Los aficionados al flamenco tienen una jerga parecida a la de los palmeros que acompañan y animan el cante (esos que dicen ole y tocan las palmas, que cantaba Montse Cortés en el penúltimo disco de Paco). Y en esa jerga hay una frase ritual para cuando el respetable no lo es tanto: es el «vamos a escuchar», lanzada lapidariamente y en voz alta por un cabal y con la que se invoca el recogimiento y el silencio necesarios para que se geste el cante.

Pues bien, al discurso racional le pasa como al cante flamenco: hay que hacerle sitio, guardarle silencio; no se impone pasivamente, como el reguetón a todo volumen de un macarra motorizado o los bulos de Trump, sino que requiere de una cierta actitud receptiva, de un nivel mínimo de actividad mental, y de algo tan caro en estos tiempos como es la atención. 

Diríamos que eso mismo que exige la buena música – y todo lo que es bueno en general– es lo que también exige el debate público: un «vamos a escuchar» colectivo y una actitud constructiva e inteligente – más que pasiva y pasional – en torno a las opiniones de otros. No ignoro que tal cosa sea más fácil de conseguir en el ámbito del arte que en el del debate, en el que se negocian cosas tan delicadas como las identidades personales y colectivas, pero hay que intentarlo. Nos va en ello aquello tan famoso de la regeneración democrática.

Frente a las tendencias «neoluditas» contra las redes, a las que se responsabiliza frívolamente de la polarización y degeneración política, hay que recordar que la ampliación y desjerarquización del espacio público (aun controlado de forma privada, no lo olvidemos) que procuran dichas redes representa, al menos en teoría, un sólido avance democrático. Nunca ha habido tanta gente en condiciones técnicas de intervenir en el debate público y en la conformación de la opinión común. Lo que hace falta ahora es promover las condiciones cívicas e intelectuales que complementen a esas posibilidades técnicas. Y una de esas condiciones es, sin duda, la que representa ese flamenquísimo «vamos a escuchar».

Una buena «ciudadanía digital» no depende tanto de la alfabetización mediática como de la generalización de una ética del diálogo. Una ética por la que cada vez que decimos «yo opino» valoremos más el significado del verbo «opinar» que las implicaciones afectivas e identitarias del pronombre «yo», de manera que resituemos nuestra perspectiva como lo que es (una perspectiva más) y dejemos espacio a la comprensión de la perspectiva ajena. Un buen ejercicio socrático que propondría al respecto es este: no opines nunca sin antes resumir las ideas de tu interlocutor en una formulación que este apruebe; esto demostraría que, como poco, hemos escuchado y entendido su punto de vista. Sin esta escucha no hay diálogo posible, ni interacción humana que no sea simple impostura. 

Eso sí: recuerden que hacer el esfuerzo de entender a los demás supone correr el riesgo de ver las cosas de modo tan distinto que uno se pierda, haya de buscarse y salga de ese proceso crecido y transformado. Exactamente igual que cuando escuchas una soleá que te vuelve del revés. Es algo que te saca de tus casillas, pero para dejarte en un lugar más alto. Así que ya saben: vamos a escucharnos, por favor.

La enseñanza de la Constitución y los valores democráticos en la Lomloe

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en el diario EL PAIS.

Hace unos días se reunieron los miembros de la Red de Asesores en Política Educativa del Consejo de Europa para dar forma al proyecto de implantación de un “Espacio Europeo para la Educación para la Ciudadanía”, una estrategia cuyo objetivo es reforzar una educación en valores comunes y en cultura democrática que ponga en el centro la capacitación del juicio crítico del alumnado. Estaba previsto que la reunión se celebrara en Tbisili, Georgia, pero la situación política de aquel país (vecino de Ucrania) lo desaconsejó ―a la par que hacía patente la pertinencia de fortalecer la educación democrática y en derechos humanos en toda la UE―.

Lo que el Consejo de Europa promueve como una necesidad para evitar lo que lamentablemente ocurre en muchas partes de Europa y del mundo, fortaleciendo el conocimiento de las instituciones democráticas, la asunción racional de valores comunes, y el desarrollo del espíritu crítico frente a la desinformación y los discursos de odio, consiste en consolidar contenidos similares a los de materias como la vieja Educación para la Ciudadanía, que hubo de retirarse de los currículos de nuestro país debido a la feroz e incomprensible resistencia del Partido Popular.

Es precisamente este mismo partido, empeñado desde hace años en borrar la educación cívica del mapa, el que, según la prensa, pretende proponer ahora una proposición no de ley para instar al Gobierno a incluir la enseñanza de la Constitución y los valores democráticos en la Educación Primaria y Secundaria. No sería esta rectificación una mala noticia si no fuera porque tales enseñanzas están ya amplia y profundamente implementadas en la ley educativa actual. Y no de modo transversal, como alega el Partido Popular, sino como parte de los contenidos y competencias específicas de varias áreas y materias de carácter troncal.

Así, si uno acude a los reales decretos que establecen los contenidos y competencias que rigen los planes de estudio de todo el Estado, podrá comprobar (solo hay que leer el BOE) la obligación de que el alumnado, a través del trabajo en áreas y materias concretas, conozca y analice los valores constitucionales y los procedimientos e instituciones democráticas (por ejemplo, en la nueva materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, tanto en Primaria como en Secundaria); o que reconozca los derechos y deberes constitucionales (en la materia de Geografía e Historia); o que realice un análisis comparado de los distintos regímenes políticos y sus constituciones para reconocer el legado democrático de la Constitución de 1978 como fundamento de nuestra convivencia y garantía de nuestros derechos (en la asignatura de Historia de España). Recordemos, además, que el currículo tradicional de esta última asignatura se modificó, dando más peso al estudio de la época contemporánea, justo para ―entre otras cosas― poder tratar con detalle de las diversas constituciones de nuestro país, desde la Constitución de Cádiz hasta la actual.

¿Qué más pretende el Partido Popular? Desde luego, es digno de reconocimiento que en la propuesta difundida por el PP se incida en la necesidad de garantizar la capacidad crítica, el inconformismo y la autonomía de juicio de las nuevas generaciones. Este es, de hecho, uno de los objetivos clave de la nueva ley educativa, y no, de nuevo, de forma «transversal», sino como parte de los contenidos curriculares de materias muy concretas (la ya citada Educación en Valores Cívicos y Éticos, la Filosofía, que vuelve a ser troncal en todo el Bachillerato, la Lengua y Literatura, la Historia, etc.). Lo que no parece coherente es que en la propuesta del PP se exija promover una formación crítica y, a la vez, transmitir los artículos constitucionales de forma «práctica» y sin necesidad de acompañarlos de explicaciones de fondo ni de fundamentación alguna, como se desprende de la información disponible. ¿En qué quedamos entonces? Porque promover el inconformismo y el espíritu crítico enseñando los artículos de la Constitución como si fueran la tabla de multiplicar, sin explicaciones de fondo ni fundamentación alguna, son intenciones claramente opuestas. No se enseña al alumnado a ser crítico ni a comprometerse con la Constitución haciéndole memorizar y repetir sus artículos como si fuera un loro, sino ofreciéndole razones y argumentando con él acerca de su valor y pertinencia.

Parece en fin que la iniciativa del Partido Popular viene a reivindicar la orientación hacia la educación cívica, crítica y en valores democráticos que inspira justamente a la Lomloe y a las más recientes recomendaciones europeas en política educativa; orientación que es exactamente la misma que la que informaba a la vieja y perseguida Educación para la ciudadanía… La lástima es que el PP no haya estudiado antes la ley vigente, ni analizado la consistencia de su propuesta.

Educar para la controversia

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Todo el mundo critica el irrespirable ambiente político del país, pero nadie propone medidas concretas para mejorarlo. Y el violento «diálogo» de sordos que protagoniza la vida pública, y que es similar en las instituciones y en la sociedad, no parece que vaya a detenerse.  

Es cierto que exigir a los políticos que debatan en un tono más mesurado y constructivo parece ingenuo. Al fin, lo que ocupa a la mayoría de ellos es la lucha por el poder, y entre esto y el servicio a consignas, intereses y fidelidades partidistas, poco tiempo y capacidad les queda para debatir de forma objetiva y desinteresada sobre los asuntos públicos.

¿Pero qué pasa con el resto de la sociedad? Los ciudadanos que no hacemos carrera política no tenemos que pelearnos por el poder, ni servir a nadie, ni repetir medias verdades o argumentarios ad hoc; podemos, pues, dialogar de forma honesta, independiente y racional. Si es verdad que cada sociedad tiene los políticos que se merece, ¿por qué no hacemos algo como sociedad para merecer unos políticos mejores?

Ahora bien, para conseguir que proliferen socialmente pautas de comportamiento más edificantes es imprescindible adoptar medidas educativas de calado. Medidas que hasta la fecha nadie se ha tomado muy en serio. Enseñar a los más jóvenes a dialogar racionalmente, a argumentar con corrección, y a analizar con profundidad y sin prejuicios los problemas éticos y políticos que conforman el debate público, es esencial para generar una ciudadanía madura e inmune al espectáculo de la trifulca partidista.

Leo en la prensa que, desde el último informe PISA, a las familias les preocupa que sus hijos no reciban una enseñanza de calidad y estén en desventaja en un mundo global, tecnológico y ultracompetitivo. Pero ese mismo mundo podría irse al garete si, además de matemáticas, informática o idiomas, no enseñamos a los futuros ciudadanos todo aquello que garantiza una convivencia pacífica y democrática: la educación en valores comunes, la reflexión ética, el desarrollo de la capacidad argumentativa y dialéctica, el pensamiento crítico frente a la multiplicación de bulos y falacias…

La democracia es un caldo de cultivo perfecto para la controversia. Esta es su mayor virtud, pero también su mayor debilidad. Para que sea más virtud que debilidad es imprescindible educar para afrontar esa controversia; esto es: para formar una ciudadanía capaz de compartir, comprender, analizar y enjuiciar puntos de vista diferentes sin tener que darse de garrotazos. ¿Comprenderemos esto antes de que el proceso de descomposición social en que estamos inmersos sea irreversible?

Ética y Educación cívica en Uniminuto Radio

Aquí, la interesante conversación con Alejandra Herrero en Uniminuto Radio a propósito de la compleja relación entre ética y educación cívica y en valores. Siento la aureola mística que nimbó mi intervención; no era el sol de la verdad, sino un atardecer primaveral especialmente incisivo. :-)

Aquí, por cierto, el artículo que se comenta en la entrevista.

Cursos de Kalashnikov

 

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

A principios de este mes se celebraba el comienzo del curso escolar en Ucrania. Se entiende que en las escuelas aún no destrozadas por la guerra. Ya saben que el criterio para elegir colegio no es allí el ambiente o la calidad de los profesores, sino que el centro cuente o no con refugio antiaéreo. En esos colegios-refugio los estudiantes escuchan dos tipos de sirenas: las de las clases y las que advierten de un misil; tienen dos mochilas: la de los libros y la de emergencia para llevar al refugio; y viven dos vidas: la inmediata, que es infernal, y la otra, la civilizada, que es la que sus profesores intentan por todos los medios que no olviden. 

Conocí hace unos meses a algunos de esos profesores ucranianos. Y me sorprendió la vehemencia con la que defendían públicamente la importancia de la formación en valores democráticos y derechos humanos. ¿Educar a los niños en el respeto a los derechos humanos y en valores democráticos en mitad de una guerra sin cuartel? Si a mí me sonaba extraño, ¿cómo les sonaría a los estudiantes de Kiev o Járkov que han perdido a padres, amigos o compañeros?

Nada que ver, desde luego, con lo que hacen en las escuelas rusas. Allí, en lugar de valores cívicos y democráticos, los estudiantes de secundaria aprenden a utilizar rifles de asalto, pistolas, granadas y drones. El gobierno ha promovido también una revisión concienzuda de los manuales de Historia, para que en ellos se exalte más aún la grandeza de Rusia, la necesidad de sacrificarse por la patria y la perfidia de Occidente y de sus valores. Ambas cosas, el entrenamiento militar y el adoctrinamiento ultranacionalista, compondrán el próximo curso una asignatura bien dotada de horas, llamada «Fundamentos de Seguridad y Defensa de la Patria», que será impartida por veteranos de guerra…

No sé qué pensaran ustedes, pero dado como están las cosas, a cualquiera le surge la duda: ¿no será el tipo de educación escolar rusa más coherente y efectivo que el que pretenden esos ingenuos profesores ucranianos? ¿Para qué diablos sirve hablar de civismo y derechos humanos en mitad de una guerra? ¿Qué sentido tiene formar ciudadanos críticos cuando lo que más se necesita son soldados obedientes?

No son preguntas fáciles de responder. Es cierto que los principios éticos que inspiran los derechos humanos pueden servir de motivación para combatir – justamente para defenderlos –, pero para pelear con eficacia tal vez convenga olvidarse de ellos (cuanto menos civismo y respeto por esos derechos tenga un soldado en combate tanto más eficaz será). Por otro lado, los combatientes rusos también tienen principios y valores – la grandeza de Rusia, sus sagradas tradiciones, etc. – transmitidos igualmente por la escuela y no menos poderosos para empujar a la lucha.

¿Entonces? ¿Valdrá la pena seguir enseñando a los niños y niñas ucranianos (y de otras partes del mundo) los valores que sustentan la convivencia pacífica y las libertades democráticas? Yo estoy convencido de que sí, aunque no sea sencillo comprender las razones. Allá van algunas.

La primera es que educar a la población en la guerra y los mitos nacionales, robando tiempo y recursos para hacerlo en valores cívicos o conocimiento crítico, es una apuesta errónea a medio y largo plazo, a no ser que hablemos de una sociedad guerrera, cosa que hoy por hoy no parece que haya (ni Rusia ni ningún otro país viven hoy de hacer la guerra). Las guerras parecen, de hecho, un «negocio» cada vez más infrecuente y ruinoso. Ucrania acierta, pues, al seguir educando a sus ciudadanos en los parámetros de una sociedad abierta y civilizada, en lugar de en los valores y prácticas de un cuartel.

La segunda razón es que los valores tradicionales y ultranacionalistas que se empeñan en transmitir Putin y otros jerarcas populistas son opuestos (de hecho, son una reacción) a los valores modernos y cosmopolitas que rigen nuestro mundo global. Y esta globalización cultural, propiciada por el mercado, la tecnociencia y los medios de comunicación, es ya irreversible, por lo que toda sociedad empeñada en oponerse a ella está irremediablemente condenada al fracaso.

La tercera razón que se me ocurre es menos utilitarista, y como diría algún filósofo, más puramente ética: la civilización, la cultura de la palabra y de las razones es objetivamente mejor que la cultura de la violencia y las emociones patrias. Y lo es porque promueve un nivel de conciencia y, por tanto, de libertad y solidaridad universal, más adecuado para la realización plena de la naturaleza humana. La libertad, o la solidaridad con quienes no comparten ADN, grupo de referencia o intereses materiales, son, de hecho, características distintivas de la humanidad; la violencia y los sentimientos particulares de pertenencia son, en cambio, rasgos biológicos de lo más común. 

Filosofía y educación cívica: ¿matrimonio de conveniencia o amor verdadero?

La Revista Pensar Juntos ha tenido la consideración de publicarme este artículo sobre las complejas relaciones entre la ética filosófica y la educación cívica en el marco de la educación reglada. 

Para ver la ponencia correspondiente al artículo: 

Hacer ciudadanía

 

Este artículo fue publicado originalmente por el autor en El Periódico Extremadura

La palabra “ciudadanía” es de esa clase de términos fetiche (como “igualdad”, “libertad”, “democracia” y otros) que, de tanto y tan retórico uso, han terminado casi por no significar nada. Así, se habla del logro de la “ciudadanía global”, del ejercicio de la “ciudadanía democrática”, de la “Europa de los ciudadanos” o de la “competencia ciudadana”, sin saber, salvo reverendas y redichas vaguedades, que significa exactamente todo eso. Veámoslo nosotros.

Antes de nada, la ciudadanía no es un atributo innato, ni que merezca nadie por el hecho de nacer aquí o allí. Es curioso que se hagan exámenes para obtener carta de ciudadanía a los que vienen de fuera, pero no a los nativos (de modo análogo a la manera en que se hacen pruebas de idoneidad a los adoptantes de un niño, pero no a sus progenitores naturales), algo que siempre me ha llamado la atención, como si ser buen ciudadano (o padre o madre) fuera una virtud telúrica que proporcionara mágicamente el terruño (el embarazo o el uso eficaz de los genitales).

La ciudadanía es una condición adquirida que, aunque generosamente la supongamos común a todos (a todos los del terruño al menos), lo es solo en cuanto creemos que es, en cada uno, susceptible de desarrollarse. Y lo mismo ocurre con los derechos atribuibles a la condición de ciudadano: no lo son por nacimiento, aunque hayamos estipulado que algunos se otorguen al nacer, sino por una decisión política que se debe, precisamente, al ejercicio adquirido, y a la adquisición por ejercicio, de esa misma ciudadanía.

Si el ciudadano no nace, sino que se hace, la pregunta pertinente es cómo debe hacerse uno ciudadano. Los filósofos griegos proponían una fórmula insuperable: mediante la educación y la participación política real (no nominal o ritual, como en las democracias actuales). O, si quieren, mediante una educación que fuese tanto teórica como práctica. Ahora bien, ¿cómo educar teórico-prácticamente para la ciudadanía?

Está claro que no bastan para ello ni los cursos de formación del espíritu nacional (se trata de “hacer ciudadanía”, no de “hacer patria”), ni los talleres de educación en valores, que son lo mismo pero con procedimientos más invasivos y eficaces (en los viejos cursos de formación cívica solo tenías que repetir consignas y entonar alguna canción, en el “taller”, con sus juegos y dinámicas de grupo, no dejan nada sin formatear, empezando por cosas tan manipulables como la imaginación y las emociones).

Todo lo anterior, aunque necesario (toda sociedad ha de adoctrinar a sus miembros en ciertos valores y principios mínimos), no se corresponde exactamente con lo que debe ser una educación para la ciudadanía, y la prueba es que se da también en sociedades totalitarias en las que, en rigor, no hay propiamente ciudadanos. ¿Entonces?

Averigüemos, en primer lugar, en qué consiste ser un “ciudadano”. Un ciudadano no es, como su nombre indica, el habitante de una ciudad, sino el que participa, constituyéndolo con sus actos, de un cierto modelo de civilización. Un modelo que fue fundado hace dos mil quinientos años en la Grecia clásica, y que se basaba en el ejercicio de dos actividades complementarias (y que nacieron, además, a la vez): la filosofía y la democracia. Lo que estas dos actividades representaban al unísono era que el poder ya no dependía de la voluntad de los dioses o los reyes, sino de la razón común y del uso de la misma por parte de todos (un “todos” que, sin duda, hemos ido concibiendo mucho más atinadamente desde entonces). 

Si la ciudadanía es, pues, fundamentalmente, el ejercicio de la soberanía racional (los argumentos son los que mandan) a través del juicio y el diálogo de los ciudadanos (que son quienes vehiculan esos argumentos), debería estar muy claro ya en qué consiste desarrollar la “competencia para la ciudadanía”.

Consiste en cultivar aquellas mismas competencias que definen la práctica de la filosofía: la reflexión rigurosa sobre cuestiones esenciales para la convivencia (el bien, la justicia, la condición humana, la verdad…), la capacidad para argumentar, el diálogo cooperativo, el empeño en saber y convencer (y no en vencer), la certidumbre de que en todas las opiniones racionalmente defendibles hay algo de certidumbre, o la capacidad para tratar con problemas éticos y políticos desde un conocimiento cabal de las posiciones del otro.

“Hacer ciudadanía” es, pues, fundamentalmente, hacer o educar filósofos. Esto es, formar a las personas en aquellas virtudes éticas e intelectuales sin las que no es posible una convivencia fundada en la razón y la justicia o, más concretamente: en el uso de criterios racionales para tomar decisiones y en el acceso de todos a las condiciones que permiten desarrollar tales criterios.

Zombis sin ética

Sin Ética, toda “educación en valores” o es mera información o es adoctrinamiento retórico. Pero los valores no son simples normas de las que informar; más bien son las normas las que son (o no) valiosas, buenas o justas. Y para comprender y convencerse de que lo son (si es que lo son) no valen discursos retóricos, sino la deliberación ética y filosófica...

Sin esa deliberación, sin Ética, sin ciudadanos acostumbrados a dialogar con rigor y fundamento sobre lo justo de sus propósitos, solo cabe una democracia degenerada a merced de zombis, de gente que “actúa” sin saber, y de demagogos y fanáticos dispuestos a pastorearla.

De todo esto trata nuestra última colaboración en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo completo pulsar aquí.

Ética y "catecismo laico"

¿Cómo evitar que una “educación para la ciudadanía” necesariamente impartida por el Estado no degenere en algo que la derecha pueda tildar (y con cierta razón) como un tipo de “catecismo laico”? Fácil. Con una herramienta útil, en general, para compensar todo adoctrinamiento ideológico en la escuela (o fuera de ella), ya venga de la educación para la ciudadanía, de la religión, o de cualquier otra materia (y todas, en un grado u otro – incluyendo a las ciencias – , imparten o parten de doctrinas supuestas como justas, santas o verdaderas). Esta herramienta que digo es el pensamiento crítico, es decir, el hábito de someter al más riguroso análisis racional el fundamento de todo lo que se nos expone o demuestra (incluyendo el modo mismo de demostrarlo).

Cuando se trata de educación para la ciudadanía, el pensamiento crítico que compete es el que proporciona la ética. Es común confundir la ética con la simple moralidad (comportarse “bien”) o, aún peor, con una moralidad determinada (comportarse bien según los valores vigentes en una cultura determinada). Pero la ética no es eso. La ética es la disciplina filosófica que estudia (tal como un entomólogo estudia los insectos) los problemas morales, así como las diversas respuestas que ha dado el ser humano (en forma de distintos sistemas de valores) a tales problemas. La ética no nos dice lo que debemos hacer, sino que nos proporciona las herramientas conceptuales y argumentales – además del hábito analítico y crítico – para averiguarlo por nosotros mismos. Sin estas herramientas y hábitos somos pasto del adoctrinamiento (el que sea), especialmente de aquel que resulta más demagógico o seductor (que no es precisamente el que corresponde a la educación para la ciudadanía)... De todo esto trata nuestra última colaboración en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo completo pulsar aquí. 

Educación ética y valores cívicos.

Una de las críticas que se hace a las materias de formación cívica es que “adoctrinan” moralmente a los alumnos. Bien. Esto es cierto. Y hasta cierto punto inevitable. No hay sistema educativo que no adoctrine a los alumnos en determinados valores. Con la diferencia de que en países como el nuestro este adoctrinamiento es el mínimo imprescindible para sustentar la vida en común, y en otros lugares supone una formación cuasi marcial en sistemas morales maximalistas y excluyentes (como la moral islámica, o el nacional-catolicismo que sufrimos aquí durante tantos años).

Ahora bien, ¿podría ser aún menos adoctrinadora la materia de educación cívica? Por supuesto. Podría ser menos adoctrinadora, más rigurosa y el doble de eficaz si, tal como se pretende, dicha materia se vincula a la ética filosófica. La palabra “ética” tiene un significado común (como sinónimo de “moral”), y un significado técnico o filosófico. En este segundo sentido “ética” se refiere a la reflexión crítica sobre las distintas morales o sistemas de valores. ¿Y qué quiere decir esto?... Sobre este asunto trata nuestra última colaboración en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo completo pulsar aquí.