Ver al dirigente de Vox José María
Figueredo – camisa abierta y patillas a lo Milei – explicando cómo va a aplicarse
lo de la «prioridad nacional» impresiona. ¿Qué significa «hacer todo lo posible» para que
los inmigrantes quieran marcharse? ¿Cómo puede un diputado nacional decir que
se va a «cumplir la ley al
mínimo»? ¿En qué mundo vivimos? (A esto último
no hace falta que contesten).
Incluso si, como es de esperar (como
esperan los que les han regalado las elecciones), las políticas de Vox resultan
infructuosas, sus intenciones amenazan la convivencia pacífica con quienes
hacen los trabajos que ya no queremos hacer, dinamizan nuestra economía o
alivian la crisis demográfica. Pintarlos como invasores, delincuentes o
parásitos es un infundio que acarrea penosas consecuencias incluso para el
propio Vox, ya sea porque sus amenazas se queden forzosamente en nada (¿para
qué votarlos entonces?), ya sea porque se atrevan a aplicar medidas drásticas
(contra la ley, contra la Iglesia, contra los intereses empresariales, y a
favor de la movilización de una izquierda que parecía resignada al cambio de
ciclo). Miren el efecto en las encuestas de la enloquecida campaña contra los
emigrantes en EE. UU…
Pero la peor de esas consecuencias es,
sin duda, la de poner en riesgo el – siempre peliagudo – proceso de integración
entre comunidades culturalmente distintas, magma profundo del estado de opinión
que sirve de combustible a la demagogia xenófoba. Dicho proceso de integración
comienza, desde luego, por regularizar y por reconocer los derechos que asisten
a todos los que trabajan en nuestro país; pero es imprescindible que, a la vez,
se facilite a los trabajadores extranjeros cauces sociales y educativos sólidos
y eficaces para su plena integración como ciudadanos. En una democracia no
puede haber sujetos políticos de primera y segunda clase; pero tampoco un
estatuto de ciudadanía derivado del mero hecho de haber nacido o residir tal
número de años en un determinado lugar. La noción de «arraigo» puede y debe tener
un contenido sustantivo: no en cuanto a la adopción de creencias o costumbres
«nacionales», claro está, sino en cuanto a la asimilación crítica de determinados
principios y valores (especialmente aquellos en los que se inspira nuestro
marco jurídico) a través de una formación obligatoria, normalizada y común.
Que la formación educativa insista en
formar obligatoriamente a todos (nativos o extranjeros) en un pluralismo
crítico que, sin incurrir en dogmas ni relativismos inconsecuentes, trate de
valores comunes, es fundamental para evitar guetos y desencuentros insalvables.
La ciudadanía no consiste esencialmente en ser «español» o «finlandés», sino en
ser «civilizado», entendiendo como tal la capacidad y la voluntad para poner el
diálogo y el consenso racional y democrático (y los valores a ello aparejados)
como ejes de la acción común. Los Estados europeos deberían combatir el estado
de opinión que sirve a la demagogia racista de la ultraderecha reforzando
educativamente la fundamentación ética y la proyección política de una moral
cívica transnacional y común a todos y todas. Nos van en ello la prosperidad,
la estabilidad social y el fortalecimiento de nuestras desvaídas
democracias.
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