Nuestras sociedades se enfrentan hoy a
una larga lista de retos o problemas que obligan a recalcular las prioridades
políticas. El agigantamiento de las desigualdades económicas, la crisis
climática, los conflictos geopolíticos, la tensión migratoria alimentada por la
ultraderecha o la debacle laboral que supone la generalización de la IA, exigen
respuestas urgentes y de gran calado, también en el ámbito educativo.
Una de ellas es despejar las dudas sobre
el uso o no de «pantallas» en el ámbito de la educación básica. La intensificación de los
aprendizajes vinculados a la competencia digital debería ser, en este sentido,
una prioridad absoluta. Por muchos que sean los riesgos, no podemos condenar a
las nuevas generaciones al ostracismo analógico (volver al lápiz y al libro de
texto, como piden algunos, no es una opción). Aunque, en atención a esos
riesgos, sí que podemos multiplicar la dimensión crítica y ética de la formación
tecnológica (tal como, de hecho, determina la ley vigente). Es igualmente
imperioso priorizar el desarrollo de aquellas capacidades en las que la IA no
puede sustituirnos y que van a seguir siendo demandadas por el mercado laboral
(la reflexión crítica, el análisis semántico y categorial de la información, el
juicio ponderado de valor, la determinación de fines y estrategias…).
Otra prioridad educativa ha de ser la
adecuada formación e integración de la población migrante que viene a trabajar
y vivir a nuestro país. Es la única manera efectiva de prevenir conflictos y de
dejar sin argumentos a los que viven del miedo a tenerlos. El dato recién
publicado por el Ministerio de Educación sobre el aumento del porcentaje de
abandono escolar del alumnado extranjero no es, en este sentido, nada
halagüeño. Ahora bien, una educación inclusiva de la población inmigrante no
puede limitarse a dotar a los centros de más medios y ha de comprometerse
seriamente con un verdadero proceso de integración, esto es: con un diálogo
desacomplejado que propicie la adopción crítica de valores y referentes comunes
básicos (algo que nada tiene que ver con las tradiciones patrias, sino con los ideales
que definen el espacio cultural europeo). No se trata, pues, de prohibir el
burka, sino de convencer a la gente (¡en eso consiste fundamentalmente educar!)
de que es mucho mejor no usarlo.
En cuanto a la desigualdad económica, la
crisis climática o la amenaza bélica, la reflexión y la prioridad (y la
prioridad de la reflexión) son las mismas: hay que formar urgente e
intensivamente al alumnado en capacidades analíticas, críticas y cívicas. La
escuela ya no es necesaria ni directamente un “ascensor” socioeconómico, ni un
medio de cohesión o progreso colectivo (hay escuelas de élite que disgregan, y
todos sabemos lo decisivo que es el entorno familiar para determinar el éxito
de un estudiante); pero la escuela sí que puede ser una verdadera fuerza de
integración y progreso si se prioriza en ella la formación de una ciudadanía
políticamente activa, habituada a pensar por sí misma, entrenada en el uso
crítico de la tecnología y consciente de la potencia civilizatoria de los
valores que representa. No atreverse a priorizar una educación analítica, ética
y política no adoctrinadora (pasada por el tamiz dialéctico de la filosofía) es
una apuesta segura por la reconversión definitiva de la educación formal,
especialmente la pública, en un proceso formativo marginal, laboralmente
estéril, promotor de guetos y, por defecto, completamente alienante.
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