Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Vivimos en las redes. Una importante porción de nuestra vida personal, social o laboral ocurre allí. Internet no es una simple herramienta, ni un modo cualquiera de informarse o relacionarse. Hagan el recuento de la cantidad de cosas que nos hemos acostumbrado a hacer «on line» (informarnos, charlar, hacer gestiones, comprar, aprender, divertirnos, debatir, hacer amigos, convocar protestas…) y se darán cuenta de que Internet es hoy el mundo (un mundo de mundos). Y en esto hay poca vuelta atrás.
¿Será entonces razonable prohibir a los menores andar lo antes posible por ese «mundo»? No lo parece. Negar a un niño o niña preadolescente (no digamos a uno de quince o dieciséis años) que se asome a esas nuevas calles y plazas que son las redes supone retrasar inútil y peligrosamente su aprendizaje vital. Un aprendizaje que ha de ser progresivo, sin duda (nada de tirarlo de golpe a la piscina cuando cumpla dieciséis), y en el que ha de estar acompañado, orientado y protegido por su entorno, pero que ha de permitirle también perderse, experimentar, equivocarse, actuar con autonomía… Educar es cuidar de que alguien crezca libre y bien plantado en el mundo, no obsesionarse por diseñar una especie de «bonsái».
Por otra parte, que Internet sea un «nuevo mundo» quiere decir también que (como todo mundo que viene al mundo) toca otorgarle reglas. Internet no puede seguir siendo el salvaje oeste: una suerte de emporio anarcocapitalista sin más control que el de las leyes del mercado. En la medida en que las redes sociales han suplantado el espacio público han de ser tan legislables y supeditadas al interés común como aquel. Así que, más que prohibir el acceso a redes a niños y adolescentes (con las limitaciones debidas, tal como las que les ponemos cuando salen a la calle), de lo que se trata es de tener el coraje político para civilizar esas redes, enfrentando el poder de quienes se obstinan en no responsabilizarse de lo que han creado y en limitarse a seguir acumulando capital, información y poder.
En este sentido, que algunos gobiernos europeos (entre ellos el nuestro) presionen para imponer una regulación común más estricta a los gigantes tecnológicos que comercializan redes o buscadores (a la par que se promueven redes propias – incluso de carácter semipúblico, ¿por qué no? – y un software libre sobre el que implementarlas) será siempre una muy buena noticia. Las redes no son malas en sí mismas (multiplican nuestra vida social, abren vínculos imposibles sin ellas, facilitan el diálogo, fomentan la creatividad…); de lo que se trata es de exigir transparencia en su funcionamiento y obligar a reformular sus algoritmos para que promuevan la responsabilidad (eliminando el anonimato), el diálogo plural o el manejo ordenado de información verificable. Sé que las soluciones aparentemente simples y tajantes enardecen a la gente; pero prohibir no solo no es aquí una panacea, sino que ni siquiera es eficaz. Es mejor regular y educar. Esto último es imprescindible. La educación en el uso experto, activo, crítico, seguro y ético de Internet y sus redes ha de ser parte consustancial de la formación básica de niños y adolescentes. De hecho, este es uno de los objetivos explícitos de la ley educativa; aunque esta se tope hoy con la vieja tendencia a creer que prohibir una conducta ya naturalizada equivale a hacerla desaparecer más allá de nuestro limitado campo de visión.
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