¡Más funcionarios y menos especuladores!

 

 

La gente cree (y se les hace creer) que en España hay demasiados funcionarios, que la gestión pública es ineficaz y que, consecuentemente hay que adelgazar la nómina de (y de los) funcionarios, y privatizar los servicios públicos. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

La primera de estas ideas (España está llena de funcionarios) es rotundamente falsa. Nuestro país no tiene más funcionarios que otros países europeos, sino más bien menos (España tiene menos de la mitad de trabajadores públicos que Finlandia, Suecia o Dinamarca), y mucho más baratos. Bien es cierto que esos otros países tienen la suficiente educación cívica como para sus ciudadanos quieran pagar muchos más impuestos y sus funcionarios se desvivan por el servicio público.

La gestión pública es ineficaz en la misma medida en que se invierte poco en ella y, en parte debido a esto, a que faltan mecanismos que aseguren la calidad del servicio (buena formación del personal, adecuados procesos selectivos, control y supervisión eficaz…). A eso hay que sumar la endémica desvalorización de lo público y la subsiguiente falta de vocación y de responsabilidad de muchos funcionarios (que deberían dar ejemplo) y de no menos ciudadanos. Todo esto, de nuevo, se soluciona con más educación (en el valor de lo público) y con más impuestos (para lo público). Pero en lugar de eso, aquí (y en otros países) se recortan los recursos de la educación pública, y cuando se suben los impuestos se hace como medida excepcional ante una situación de emergencia económica (y no para invertir en lo público).

 Dada la supuesta ineficacia de la gestión pública y el coste fiscal de mantenerla algunos preconizan la privatización de dicha gestión. Pero esto no suele mejorar los servicios públicos (como se ha visto una y otra vez en todos los lugares en que se ha hecho), sino que literalmente los desmantela o reduce a un mínimo. Y esto por la sencilla razón de que el objetivo de una empresa (el beneficio económico individual) es totalmente distinto al objetivo de un servicio público (el bien de todos). Privatizar los transportes o los hospitales públicos supone, obviamente, peor servicio y más caro (de algún lado han de salir los beneficios empresariales). Y sin competencia posible (que es lo que podría obligar a la empresa a mejorar su servicio y disminuir sus beneficios), pues no hay otra empresa de metro u hospital con que competir. La única alternativa es, claro está, ser rico, o que tu papa lo sea, y comprar un coche o acudir a un hospital de pago.

 

¿Cómo financiar entonces unos servicios públicos masivos y de calidad? ¿De dónde han de salir los recursos? De los impuestos, claro. Pero y los impuestos, ¿de dónde? Un país ha de ser rico para poder pagar los impuestos tan altos que exige el bien común. ¿Y cómo ser un país rico? A mi humilde juicio, la riqueza de un país (como por ejemplo el nuestro) ha de consistir en:

(a) Fomentar e instituir un modo de vida más austero a nivel personal (las cosas importantes de la vida no valen dinero).

(b) Crear una fuerte conciencia del valor colectivo de los bienes (las cosas importantes que valen dinero son importantes o buenas para todos, luego hemos de costearlas entre todos) y, consecuentemente, una buena disposición para el esfuerzo fiscal dirigido a financiar los bienes públicos.

(c) Apostar pública y privadamente por la economía real (no la especulativa): lo que a largo plazo resulta competitivo y generador de riqueza es producir lo que la gente realmente demanda, todo aquello que hace posible la vida y contribuye a llenarla de sentido: bienes básicos de calidad, salud, energías limpias, innovaciones tecnológicas que faciliten las tareas, servicios sociales, ocio, bienes culturales, ideas…

(d) Luchar contra la desigualdad económica y social: la competitividad basada en la disminución de salarios y la desrregulación laboral no es viable a largo plazo, ni aquí ni en Pekín; una situación en la que menos de un 1% de la población es propietaria de tres cuartas partes de la recursos económicos es insostenible.

(e) Desmitificar el poder del poder financiero: este no es omnímodo ni inevitable; para sujetarlo basta con la voluntad personal (no prestarse personalmente al juego especulativo) y general (presión pública para que se someta a la economía especulativa a un régimen fiscal draconiano, así como para regularizarla políticamente, y a nivel mundial, poniéndola al servicio del interés común –lo que, con toda probabilidad, acabaría con ella- y persiguiendo con todo rigor las estafas y las prácticas “terroristas” de las persona y las instituciones financieras).

(f) Obviamente, y como condición necesaria de todo lo anterior, fomentar una educación general (que llegue a todos sin excepción), eficaz (orientada por criterios pedagógicos –la pedagogía debería recibir tantos recursos, al menos, como los que reciben la investigación física o biológica--), y dirigida tanto al desarrollo de talentos como al diálogo en torno a los valores e ideales que nos identifican como personas y como ciudadanos de un proyecto político común.