Al momento de escribir esto persisten las revueltas en Francia, Italia, Albania, Portugal, Bélgica o España. Los motivos principales son la inflación (especialmente en los precios de la energía), el coste de la vivienda, los bajos salarios, el deterioro de los servicios públicos (específicamente la educación y la sanidad) y la incertidumbre ante el futuro, a todo lo cual hay que sumar un clima de polarización política amplificado por las redes y un incremento galopante de las desigualdades sociales (España, en concreto, presenta la mayor tasa de desigualdad entre rentas altas y bajas desde que hay registros).
Y aunque la ultraderecha sigue extrayendo votos del filón emocional de la xenofobia, la gente que ocupa estos días las calles – la mayoría de ellos jóvenes – ya sabe que la responsabilidad no es de los inmigrantes (que sostienen a duras penas la productividad en amplios sectores económicos), sino de las élites políticas; de ahí el espíritu radicalizado y políticamente poliédrico o descreído (aunque tendente a una izquierda brumosa y ajena a siglas) de los manifestantes, a los que no hay que confundir en general con los grupos violentos organizados y dirigidos – no se sabe muy bien por qué o por quién – a sembrar el caos.
Como se afirma por todas partes, todo esto apunta a un lento y agónico fin de ciclo, especialmente caracterizado en Europa por la dificultad de conciliar un generoso estado de bienestar con una lenta pero constante decadencia económica. En Francia, país en el que las revueltas populares no cesan desde hace ocho años, la deuda pública alcanza ya el 120% del PIB, superando con creces la de España y acercándose peligrosamente a la de Italia. Todo esto sin contar con un contexto internacional que podría degradarse de golpe o con el coste previsiblemente creciente de los efectos (incendios, inundaciones, sequías…) del cambio climático.
Una posible evolución política de esta situación sería obvia hasta para el más ciego de los agoreros: la consolidación en el poder de una red de gobiernos autoritarios capaces de aplicar una «solución» represiva – la más barata a corto plazo – frente al descontento social. Gobiernos, además, con una no despreciable probabilidad de evolucionar hacia Estados solo retóricamente democráticos (a veces ni eso), como la Rusia de Putin, modelo hacia el que parecen converger a pasos agigantados la América de Trump (incluyendo su parte sur) o la Israel de Netanyahu. Gracias a esa «gran represión» – e incluso a no depender de elecciones realmente democráticas – estos Estados podrían aplicar medidas económicas a largo plazo – con sacrificios iniciales – que aumentasen la productividad y que permutasen la desigual redistribución de la riqueza por baratijas ideológicas – como el nacionalismo o la meritocracia educativa –, entretenimiento digital y garantías de paz y orden. El modelo podrían ser China o Marruecos (no sé cuál sería peor). Además, en ausencia de una alternativa política que ponga el peligro el statu quo (como llegó a ser el comunismo) y a diferencia, pues, de los regímenes fascistas del pasado siglo, el autoritarismo de estos Estados podría ser tan aparentemente laxo y amable (e incluso moralmente progresista) como secreta y eficazmente contundente con quien se salga del tiesto (¿quién dudaría de la estrecha complicidad de estos Estados con los dueños del algoritmo que registra nuestros pasos y opiniones?). Todo cuadra, en fin, de tal manera que seguro que hay algo que se nos escapa. Esperemos que así sea.
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