El martirio de la LOMCE

Este artículo fue publicado originalmente por el autor en el diario.es Extremadura

Ha pasado totalmente inadvertido pero, hace muy pocos días, el PP usó su mayoría en el Senado para tumbar una moción del PSOE (apoyada por Podemos y Ciudadanos) para paralizar el calendario de implantación de la LOMCE, la ley educativa del PP (también conocida como ley Wert) rechazada por la práctica totalidad de los partidos, la mayoría de los cuales se ha comprometido, además, a derogarla. El objetivo de la moción socialista era dar tiempo para comenzar a acordar una nueva ley que fuera fruto de un consenso, y no de la imposición de un solo partido, y que sustituyera, lo más rápido posible, a una ley que, como todo el mundo reconoce (incluyendo amplios sectores del PP), nació muerta. Pero desde el partido en el gobierno no atienden a razones: pretenden acabar de implantar la LOMCE a toda costa, cueste lo que cueste, sin consensos ni aplazamientos que valgan.

Los dos argumentos que suele ofrecer el PP son que la LOMCE es magnífica, y que paralizarla generaría incertidumbre. Lo primero es, obviamente, opinable; pero el hecho es que a la mitad, al menos, de los españoles no nos parece para nada magnífica por muchas y muy variadas razones mil veces expuestas. Con respecto a la cuestión de la incertidumbre, parece igualmente obvio que genera aún más incertidumbre seguir aplicando una ley (con el enorme coste que eso supone) que, a todas luces, está abocada al fracaso.

¿Y por qué está la LOMCE abocada al fracaso? Insisto. Porque incluso en el hipotético caso (casi imposible) de que el PP volviese a gobernar con mayoría absoluta, ¡medio país (al menos) no quiere esa ley! Por lo que, lógicamente, más pronto que tarde acabará derogada. Entender esto es lo mismo que entender cómo debería proceder – ¡siempre! – un gobierno con leyes tan fundamentales como las educativas: buscando, incansablemente, el mayor consenso posible. Otra cosa no solo no es legítima (aunque sea legal) sino que es perfectamente inútil. Somos uno de los países que más leyes educativas ha promulgado y derogado en los casi cuarenta años que llevamos de democracia. Y seguiremos igual mientras las fuerzas políticas sigan empeñadas en imponer, cada una a su turno, y contra viento y marea, su modelo fetén de educación. Esto es, mientras no se acostumbren a algo que no es sino la pauta común en cualquier democracia: llegar a acuerdos con el mayor grado de consenso posible, al menos en las leyes más importantes.

Esta incapacidad para argumentar y ponerse de acuerdo no solo es un problema de políticos, sino que es, junto a la afición a los bandos (o eres de los míos o no lo eres), un rasgo del carácter nacional, un atavismo más a superar en este país tan necesitado, aún, de cultura democrática. Muchos de mis conciudadanos aún mantienen una concepción infantil y rudimentaria de la democracia como una especie de toma y daca caciquil, un ganar o perder, que “salgan” los “tuyos” o los “míos”, por encima de toda racionalidad y de la opción, mucho más sensata y práctica, de ceder todos para buscar el mayor de los acuerdos posible. Por ejemplo, una ley educativa (entre las infinitas posibles) que no genere un rechazo radical en la mitad de los que van a tener que sujetarse a ella! ¿Tan increíblemente difícil resulta entender esto?

Pues debe de serlo. Porque el gobierno del PP está dispuesto a acabar de imponer, sea como sea, esa ley que, además de suscitar el rechazo de la mitad de los españoles, supone, por la premura de su aplicación, un sinfín de problemas aún, hoy por hoy, sin resolver. Los alumnos que cursan ahora mismo el Bachillerato (mitad por la LOMCE y mitad por la antigua LOE) no saben todavía, por ejemplo, en qué consistirá la prueba final estatal de la que dependerá su titulo. Tampoco los alumnos que cursan ahora mismo Educación Secundaria Obligatoria (ESO) saben cómo será la prueba final de la que también pende su titulación. De acabar de aplicarse la LOMCE, los chicos que, además, repitan curso en segundo de Bachillerato o cuarto de ESO tendrán que afrontar materias y contenidos nuevos (por lo que, en rigor, no repetirán curso, sino que empezarán uno nuevo). De otro lado, los que, en ESO, venían siguiendo programas de diversificación y refuerzo, tendrán que integrarse, de golpe y porrazo, en grupos ordinarios en los que, muy probablemente, fracasarán. Por otra parte, los alumnos quinceañeros de tercero de ESO tendrán que decidir ya, en estos días, sin la orientación pertinente y sin vuelta atrás, si dirigen su vida hacia el mundo técnico-profesional, o hacia el Bachillerato y los estudios superiores. ¿Es necesario seguir? Y todo esto sin contar con la drástica disminución de las materias que fomentan el pensamiento crítico, la reflexión ética, la educación en valores, la expresión artística... Al fin y al cabo: ¿para qué sirve todo eso si obtener el título dependerá de que superes la batería de preguntas tipo test que es en lo que, según rumores – no hay más que rumores – consistirán las futuras reválidas?...

Si creyera en la buena fe de los defensores de esta infame ley, albergaría la esperanza de una especie de milagrosa redención. ¿Se imaginan? En plena Semana santa, el gobierno en funciones del PP, consciente de la situación política, y del rechazo masivo a la LOMCE, decide sacrificarla por el bien del consenso democrático y de todos los estudiantes del país. Y santas pascuas. ¿Será esto posible? Ojalá. Aunque me temo que estos soberbios padres de la patria ya han elegido. Han elegido no dar su brazo a torcer. Ya se hunda el mundo.